Ministerio de Cultura mutila la protección de las Líneas de Nasca

Una de las joyas del patrimonio mundial, las Líneas de Nasca, ha sido objeto de una mutilación disfrazada de “ajuste técnico”. La resolución firmada por la viceministra Moira Novoa Silva, y avalada políticamente por el ministro de Cultura Fabricio Valencia, ha reducido el perímetro de protección de esta zona sagrada sin justificación científica creíble. Pasamos de 297 km a 249 km de área resguardada, con una simple firma. ¿Coincidencia? Improbable.

Lo que a primera vista se presenta como una medida administrativa, en realidad abre peligrosos “accesos” para intereses privados. El trazo milenario de Nasca no fue alterado por el tiempo, sino por la mano interesada de quienes hoy habitan el poder. Y detrás de esta maniobra, asomarían los tentáculos de Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, quien no esconde —más bien blanquea— su afinidad con los mineros informales.

No es menor el detalle de que el alcalde de Nasca, Wilman Bravo Quispe (de APP), pidió gratuitamente a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN) un terreno de 600 mil m² en plena zona arqueológica de Poroma. ¿El objetivo? No fue declarado, pero la ubicación revela el interés: liberar tierras estratégicas en zonas ricas en minerales. El pedido fue archivado, pero semanas después se inició el proceso para modificar la delimitación patrimonial. ¿Casualidad? Cuesta creerlo.

La resolución viceministerial de Moria Novoa se basa en informes contradictorios y desoye las recomendaciones de la propia Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial. No se respetó la sugerencia de incluir toda la zona de amortiguamiento. Además, dentro del nuevo polígono aún existen bienes sin sanear, es decir, legalmente desprotegidos. Prácticamente, se ha abierto la puerta al saqueo moderno.

No cabe ninguna duda de que esto no es torpeza; es cálculo. Porque lo técnico ha sido subordinado a lo político, y lo político al interés económico. Desde el Ministerio de Cultura Fabricio Valencia y Moira Novoa tienen mucho qué responder y deberán rendir cuentas no solo ante la historia, sino ante un país que no puede seguir permitiendo que su patrimonio cultural material sea moneda de cambio partidario.