Sus pasos no son acordes con los intereses del patrimonio cultural. Bajo su gestión en la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, no se sancionó debidamente a muchos destructores nuestro patrimonio. Aquí una crónica de multas no cobradas y patrimonios perdidos.
La protección del patrimonio cultural es una de las tareas pendientes y muy deficientemente asumidas por el Ministerio de Cultura. No es de llamar la atención que esta entidad tenga tan pocos resultados cuando constantemente se ha ido deteriorando el sistema de defensa del patrimonio cultural, desde hace ya algunos decenios. Menos aún, cuando uno de los pilares del sistema está profundamente debilitado desde hace largos años, en manos de un equipo del que ya no cabe hablar solo de ineficiencia, sino que resulta válido preguntarse sobre algunas otras causas para esa conducta inexplicable.
Peor aún, cuando la titular a lo largo de los últimos 5 años de ineficaz gestión en la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural ha pasado a ser, desde hace algunas semanas, nada más y nada menos que Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, uno de los más escandalosos errores de la deleznable gestión de la exministra Sonia Guillén. Razones para que el nuevo Ministro remueva a fondo el sector a cargo de la Licencia Leslie Urteaga, buscando un equipo con capacidad y compromiso con el país.
Una de las principales funciones de la Dirección General de Defensa es tomar las medidas para recuperar los sitios arqueológicos que son materia de invasiones, intervenciones indebidas y atentados en general. Cuando esto sucede, corresponde a esa Dirección imponer sanciones administrativas vía multas que van desde 0.25 de UIT hasta 1000 UITs. Esas multas no pueden de manera alguna convertirse en un falso justiprecio, como si se tratara del pago de un derecho para destruir. Son medidas que deberían ir de la mano con las medidas reparadoras del estado de las cosas hasta antes de los hechos materia de sanción.
Pero la señora Urteaga, hoy Viceministra del Ministerio de Cultura, ha omitido sistemáticamente la protección del patrimonio e inclusive el cobro de las multas, tal como la propia Contraloría General de la República ha concluido en sus acciones de investigación. En 5 regiones(Cusco, Ica, Cajamarca, Piura y La Libertad), la Contraloría ha detectado sendas irregularidades que constituyen graves irresponsabilidades funcionales de quien tenía entonces la Dirección a su cargo y que, inexplicablemente, es hoy día Viceministra. ¿Se premian las irregularidades y la conducta contraria al patrimonio? ¿Premiamos en el Estado peruano la ineptitud y la conducta irresponsable?
En efecto, en la Ficha Resumen – Informe de Control Simultáneo 4086-2019-CG/SOCC-SOO se puede leer:
Es decir, que no sólo se dejó dormir el expediente el tiempo suficiente para liberar a los multados de toda carga, sino que ni siquiera se dispuso, luego de semejante negligencia, el reinicio de los procedimientos que permitan que las multas impuestas sean pagadas.
Otro de los informes sobre Ica es el N° 013-2019-0CI/5765-SOO, que en su momento fue enviado al exministro de Cultura, Luis Jaime Castillo. En ese informe se señala:
«El presente informe se emite a la atención de la denuncia presentada ante el órgano de Control Institucional, sobre supuestos actos de corrupción cometidos por arqueólogas del Área de Patrimonio Arqueológico Inmueble de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica».
Este no es, empero, ni el único ni el más grave de los casos.
En el Cusco, hechos tan graves como el que muestran las siguientes fotografías, han quedado igualmente impunes:
Es así que el majestuoso sitio arqueológico de Pisaq, tiene ahora una horrenda construcción de 7 pisos, por la que los infractores no han sido sancionados por el actuar negligente de la DDC Cusco, pero, sobre todo, por esa misma actitud por parte de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, dirigida nada más y nada menos que por doña Leslie Urteaga, la misma que inexplicablemente ha sido promovida al rango de Viceministra.
Esto último forma parte del Informe de Auditoría 3171-2019-CG-SOCC-AC, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, justamente cuando la actual Viceministra ejercía como Directora de la Dirección de Defensa. Lo que textualmente ha puesto en evidencia el informe de la Contraloría es una serie de:
Al darnos cuenta que Pisaq dañado e impune por obra y gracia de la oficina “liderada” por la entonces Directora General que hoy funge de Viceministra. Uno se pone a pensar en el dicho popular “el gato de despensero”.
Pero la lista de lugares dañados sin sanción alguna por obra y gracia de la referida dirección, es para generar pánico: Sacsayhuamán (expediente 201410255 y 201519289), Chinchero (expediente 201401587), Ollantaytambo (expediente 201603254) y Pikillakta (expediente 2015025463), son otros lugares en los que la caducidad y el no inicio de nuevos expedientes, han permitido la total impunidad.
Esta es la afectación detectada en Ollantaytambo, que quedará no sólo no multada, sino como violación administrativamente validada:
Eso además de la destrucción en el sitio arqueológico en sí mismo. La inspección de la Contraloría permitió determinar la remoción de 1000 metros de andenería prehispánica en el sector Maskabamba del propio Parque Arqueológico de Ollantaytambo.
Durante la visita de inspección, se constató que se habían llevado a cabo actividades de remoción de andenería prehispánica en 1000 metros lineales, destruyendo andenes prehispánicos sin autorización del Ministerio de Cultura con la finalidad de ampliar la vía de evitamiento, lo cual ha alterado el paisaje arqueológico del sector de Maskabamba del Parque arqueológico de Ollantaytambo.
En este caso la Contraloría encuentra responsables directos, que NO HAN SIDO SANCIONADOS NI DESTITUIDOS, como en el caso del actual Director de la DDC Cusco, Freddy Escobar Zamalloa, que al final fue promovido como Director de la DDC de Cusco. Al mal gestor se le da direcciones, a su jefa se le nombra Viceministra ¿Es esa la política cultural del gobierno del presidente Martín Vizcarra?
Sobre Freddy Escobar la Contraloría afirma que como “Sub Director de la Sub Dirección de la Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, en el periodo comprendido desde el 26 de junio de 2018 hasta el 24 de abril de 2019, designado mediante la Resolución Ministerial N’ 254-2018-MC de 26 de junio de 2018 y cesado del cargo mediante Resolución Ministerial N’ 167-2019-MC de 24 de abril de 2019, no cumplió con la dirección de los procedimientos administrativos sancionadores en la etapa de instrucción, en su calidad de Sub Director de la Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; asimismo, no dispuso las acciones necesarias para que se tramiten oportunamente los PAS en los Expedientes Nos 201303819 y 201602304, en la etapa de instrucción informe a los plazos legales; lo expuesto ocasiono que no se determine la infracción, habiendo transcurrido más de 4 años desde su comisión.”
Aquí la relación de todos los implicados en estos hechos atroces, según el informe de la Contraloría:
Entre las conclusiones del expediente relativo al Cusco, encontramos varias perlas de la incapacidad de gestión y cumplimiento de funciones por parte de doña Leslie Urteaga, Viceministra actual de la misma área funcional donde cometió negligencias e irregularidades suficientes no para no ser Viceministra, sino para ser expulsada del aparato público de manera fulminante. Veamos.
La Contraloría encuentra que:
Entonces nos preguntamos ¿Qué tipo de liderazgo en pro del patrimonio cultural ha promovido la Directora de Defensa del Patrimonio Urteaga? Si a esto le sumamos que su despacho es uno de los promotores de la violación al principio de presunción constitucional, sumiendo en la indefensión todo el patrimonio cultural de los peruanos, la respuesta es clara. No actúa, no ha actuado, ni existe razón alguna para suponer que actuará a favor del patrimonio, sino todo lo contrario.
Tal es el grado de negligencia de la Dirección de (in)defensa del patrimonio que la Contraloría le tiene que decir que cuide que los expedientes se folien y no tengan números duplicados, y que, por lo menos, contengan todos los documentos que deben contener:
¿Cabe pensar que la responsable de todo este caos sea hoy Viceministra de la cultura peruana?
MÁS CASOS, ESTA VEZ CON LA VICEMINISTRA URTEAGA PROTAGONISTA DEL SWING
Si algún lector está pensando que se trata de “errores” administrativos, se equivoca. Esto no parece ser otra cosa que el modus operandi de algún tipo de intereses subalternos y contrarios al deber del Ministerio de Cultura de salvaguardar nuestros tesoros nacionales.
Es así que similares situaciones a las antes descritas han sido halladas por la Contraloría en las Direcciones Desconcentradas de Piura, Cajamarca y La Libertad
Sobre Piura versa el Informe de Control Específico 5712-2019-CG/SOCC-SCE. El ejercicio de control abarca del 2 de enero hasta el 30 de septiembre de 2019. El fenómeno es el mismo. Dejan de tramitar oportunamente, esperan que prescriba, no hacen nada por reiniciar un expediente nuevo y nadie es sancionado.
Lea con atención el texto de la Contraloría y verá que no sólo se deja de tramitar debidamente para que las multas no prescriban, sino que, en un acto de cinismo total, SE DECLARA LA CADUCIDAD ANTES DE TIEMPO. Así se otorga impunidad a actores de la destrucción del patrimonio en la región.
Y nuestra flamante Viceministra de Patrimonio Cultura e Industrias Culturales se gana esta vez las avemarías a puño y pulso. La Contraloría detecta (y subraya) el rol de la entonces Directora de (in)defensa del patrimonio:
Y con estas acciones, la poco presentable Viceministra, incurre en responsabilidades que la Contraloría detalla con nombre y DNI bien detalladitos. Señor Ministro de Cultura, véalo Ud., esta es su oportunidad de demostrar que su gestión rompe palitos con la consuetudinaria disfuncionalidad de su sector:
Léase alto y claro, la actual Viceministra:
No cumplió con dirigir la fase sancionadora del proceso.
Declaró una prescripción en contra de los intereses del Estado cuando NO SE HABÍAN CUMPLIDO LOS PLAZOS.
Contravino la normativa de protección del patrimonio cultural
Inobservó el reglamento de sanciones de su propio sector, y cuyo cumplimiento era su principal función
La Contraloría ha pedido expresamente que se le investigue por presunta responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido
Sería merecedora de la sanción administrativa correspondiente.
Claro, si atamos cabos y hacemos sumas y restas, nos daremos cuenta que un caso es casualidad, dos es error, pero varias decenas son prueba de un modus operandi instituido a lo largo del triste paso de la Sra. Urteaga Peña pro la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, que merece ser destituida, investigada y sancionada con el rigor de la Ley. Un país que no tiene en su sector cultura un modelo a seguir, es un país moralmente derrotado.
Señor Ministro Alejandro Neyra: no es sólo el swing que bailaron varios de sus predecesores. Otros altos funcionarios tenían montada su propio reggaetón dentro del Ministerio. Y ahora, es Ud. el director de la orquesta. Esperemos que la decencia se imponga y el buen ritmo impere en el alicaído sector cultura.
En La Libertad se realizó el ejercicio de control posterior detallado en el informe 025-2019-2-5765 de la CGR. En este se concluye que:
En este caso se recomienda accionar contra los funcionarios Sandra Yvette Barrantes Corcuera y Cesar Augusto Gálvez Mora. Como la impunidad parece ser la divisa de las gestiones en el Ministerio de Cultura, y la promoción del mal funcionario una forma de actuación recurrente, el Sr. Gálvez Mora es, nada más y nada menos que Sub-Director de la Sub Dirección De Patrimonio Cultural. Industrias Culturales e Interculturalidad. Y, claro, si en el Cusco vimos sitios tan emblemáticos perjudicados por estos trámites irregulares, en La Libertad, entre otros, encontramos al propio Chan Chan y a la Huaca de los Reyes. El periodo evaluado en este caso va del 7 de mayo al 25 de julio de 2019, todos meses correspondientes a la gestión de la hoy Viceministra, Leslie Urteaga.
Cerramos este informe con el caso de Cajamarca, materia del Informe de Orientación de Oficio 014-2020/OCI/5765-OO. Allí la Contraloría nuevamente encuentra irregularidades en el trámite de multas:
En este caso la Contraloría recomienda, entonces a la exministra (Sonia Guillén, investigada por el caso Richard Swing) y hoy, debe entenderse que al Ministro Alejandro Neyra, tomar medidas para evitar que esto sea como en los demás casos detallados en este artículo, una crónica de la destrucción y la impunidad.
¿Asumirá la nueva gestión del Ministerio la necesaria transparencia o el síndrome swing dejará sin oxígeno, en breve tiempo, a otra gestión más en el sector cultural? Señor Ministro: la palabra la tiene usted como máximo funcionario, esperemos que esta vez sus decisiones nos liberen del mal swing que todavía resuena en las primeras planas de la prensa y en las cabezas y corazones de todos los peruanos.
Nos comunicamos vía telefónica (618 9393 Anexo 2269) con la Oficina de la Viceministra Leslie Urteaga, pero nadie nos respondió el teléfono. De la misma forma nos comunicamos con Erika Ames, Directora de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Ministerio de Cultura y hasta la publicación de este informe no tuvimos respuesta.