Cultura

Ministerio de Cultura en Cajamarca autoriza destrucción de ‘muro Inca’ para construcción de puente

¿De patrimonio a escombros? La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca validó un muro inca vinculado al Qhapaq Ñan, pero años después autorizó una obra que terminó destruyéndolo por completo.

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En 2017, los cajamarquinos celebraban un descubrimiento inesperado: tras una crecida del río San Lucas, afluente que corre paralelo al antiguo camino incaico entre Cajamarca y Los Baños del Inca, quedó al descubierto un muro de piedra perfectamente ensamblado. Las autoridades culturales de ese entonces no tardaron en confirmar lo evidente. La arquitecta Carla Díaz García, entonces directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cajamarca, junto al arqueólogo Luis Francisco Esquerre Fernández, acudieron al lugar y validaron su autenticidad: era un muro inca, posiblemente parte del Qhapaq Ñan, el sistema vial andino declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Muro Inca, bañado por el río San Lucas en Cajamarca ya no existe.

La respuesta es tan indignante como alarmante: la misma entidad encargada de proteger el patrimonio cultural —la DDC de Cajamarca— autorizó su desaparición bajo el amparo de informes técnicos con inconsistencias, aprobados con inusitada celeridad.

Un muro validado y luego ignorado

En marzo de 2017, el muro fue formalmente reportado por la DDC. En 2023, el arqueólogo Luis Francisco Esquerre Fernández retomó el caso mediante el Informe N.º 000431-2023-SDDPCICIDDCCAJ LEF/MC, confirmando su origen incaico. En febrero de 2024, la Secretaría Técnica del Qhapaq Ñan también reconoció su valor patrimonial en conjunto con los arqueólogos Esquerre Fernández y Henry Joel Chávarri García, como consta en el Informe N.º 000010-2024-QHAP-QÑAN-DM-ABE/MC.

Pese a todo esto, la directora actual de la DDC, Roxana Judith Padilla Malca, emitió en tiempo récord dos resoluciones (N.º 000122-2024-DDC CAJ/MC y N.º 000368-2024-DDC CAJ/MC), autorizando el “monitoreo arqueológico” en la zona, paso previo para la construcción de un puente vecinal que terminó por destruir el muro.

Roxana Judith Padilla Malca, tiene más de 7 años en el cargo de directora de la DDC Cajamarca.

El informe que autoriza lo inaceptable

El documento clave que avala esta intervención es el Informe N.º 000085-2024-DDC CAJ-HCG/MC, elaborado por el arqueólogo Henry Chávarri García.

Informe N.º 000085-2024-DDC CAJ-HCG/MC, elaborado por el arqueólogo Henry Chávarri García.

Este informe plantea, en un mismo cuadro, que no hay ‘infraestructura preexistente’, y en otro que sí la hay. Una contradicción grave, ya que cuando no existe infraestructura preexistente —como en este caso, donde había un vestigio arqueológico en pie—, la normativa exige tramitar previamente un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), lo cual no se hizo.

Fuente: Ministerio de Cultura.

Peor aún: el registro fotográfico que sustenta el expediente es de septiembre de 2023, mientras que el ingreso formal del expediente se hizo el 26 de febrero de 2024. Sin embargo, la autorización se dio el 27 de febrero, solo un día después, lo que hace dudar de que haya habido una inspección real o evaluación técnica rigurosa.

Fuente: Ministerio de Cultura.

¿Un error de forma? ¿Un descuido? Lo dudoso no es solo la calidad del informe, sino la prisa con la que fue aprobado. La directora Padilla Malca no solo omitió observar estas irregularidades, sino que dio luz verde a un proceso que terminó destruyendo la única evidencia material incaica a lo largo del tramo Cajamarca–Baños del Inca del Qhapaq Ñan.

¿Complicidad o negligencia?

El diario Panorama Cajamarquino ha venido reportando presuntas irregularidades en la gestión de Padilla Malca, quien ocupa la dirección de la DDC desde hace más de siete años. Sin embargo, este caso marca un punto de quiebre: no se trata solo de mala administración, sino de una decisión institucional que permitió un atentado contra el patrimonio cultural.

Hasta ahora, ningún arqueólogo de la DDC ha presentado denuncia alguna. ¿Por qué callan? ¿Acaso temen represalias? ¿O son parte de una estructura complaciente con la destrucción del legado prehispánico?

El Colegio de Arqueólogos del Perú, así como el Ministerio de Cultura, deben pronunciarse. Y más aún: deben investigar y sancionar a los responsables de permitir este atentado patrimonial. No se puede permitir que decisiones administrativas, basadas en informes mal elaborados y resueltos en tiempo récord, justifiquen la pérdida irreversible de evidencias arqueológicas.

En Cajamarca, el Ministerio de Cultura no solo brilla por su ausencia: parece haberse convertido en un facilitador del olvido.

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