Nada transitorio. Al parecer el discurso del Presidente Francisco Sagasti quedó en el olvido cuando mencionó que no realizaría grandes cambios y que solo se avocaría a ser un gobierno de transición.
Mediante los Decretos Supremos N° 027-2020-EM y N°028-2020-EM, publicados en el diario oficial El Peruano, del día 8 de diciembre del presente año, el Ejecutivo ha autorizado que la empresa Nuevo Arcoiris SAC, mayoritariamente de inversión extranjera, se adjudique 21 derechos mineros en Piura, lo que representaría 17, 200 hectáreas, y que se encuentran dentro de los 50 km de la frontera nacional.
“NUEVO ARCOIRIS S.A.C., es una empresa peruana que tiene como inversionista a TESORO MINERALS CORP., persona jurídica constituida bajo las leyes de Canadá, con un porcentaje de acciones de 99.9996 %; y, a RAÚL ALFREDO FERREYRA MARTÍNEZ, persona natural de nacionalidad peruana, con un porcentaje de acciones de 0.0004 %; y, ha solicitado autorización para adquirir doce (12) derechos mineros ubicados en la zona de la frontera norte del país, en el departamento de Piura”, se logra leer en el mismo DS N°028-2020-EM, es decir, prácticamente es una empresa extranjera quien, para poder operar, se valió de la firma de un sujeto de nacionalidad peruana.
Es así que la empresa, bajo estas condiciones, ha logrado el aval del mismo Gobierno quien, habiendo revisado la solicitud de Nuevo Arcoiris SAC, ha concluido que se trata de un supuesto de “necesidad pública”, incluyéndolo así dentro de las excepciones estipuladas en el art. 71 de la Constitución Política del Perú.
Estos decretos dejan abiertas las posibilidades para que futuras solicitudes de empresas mineras o afines al rubro minero, obtengan la buena pro para que puedan realizar actividades dentro de los 50 km cercanos a la frontera nacional, arguyendo que se trata de “necesidad pública” lo realizado por éstas.
No cabe duda de que el concepto de “necesidad pública” aún no se encuentra bien delimitado y eso está siendo utilizado para bien o para mal por las empresas para la realización de sus actividades, con la complicidad, claro está del propio Gobierno.
