Una comitiva del Gobierno, encabezada por la premier Mirtha Vásquez, ha logrado que reine momentáneamente la paz entre la minera MMG Las Bambas, el Estado y las comunidades campesinas de Chumbivilcas, luego de que éstas firmaran una serie de acuerdos para terminar con los bloqueos de carreteras y protestas.
“Gracias al diálogo estamos avanzando. Hoy, entre el Estado, las comunidades y la empresa hemos logrado acuerdos que permitirán a la ciudadanía de Chumbivilcas recibir beneficios y a la mina Las Bambas volver a operar. Paso valioso en la atención integral del conflicto”, indicó Vásquez en su cuenta de Twitter.
“Lo importante es que se levantaron las medidas de fuerza, vamos a continuar el diálogo en condiciones de tranquilidad, de paz, para que también la empresa pueda laborar y podamos seguir discutiendo sobre los aspectos importantes que les hacen falta a estas comunidades”, agregó Vázquez Chuquilín.
Asimismo, el Ejecutivo ha ratificado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el presupuesto para el saneamiento físico legal del corredor minero del sur, para luego continuar con el asfaltado y mantenimiento de la vía.
Además, el MTC ofreció a las comunidades de Chumbivilcas la posibilidad de involucrarse en el mantenimiento de las vías vecinales.
Respecto a la posibilidad que las comunidades formen parte de la cadena de valor, se indicó que será discutido en las próximas reuniones, ya que se retomarán las mesas de diálogo el 18 y 19 de enero del 2022, aunque falta definir el lugar.
Durante la reunión entre las comunidades de Chumbivilcas y las autoridades se determinó que ya no hay posibilidad de un nuevo bloqueo del corredor minero del sur, pues hay el compromiso de retomar el diálogo con fechas establecidas. El diálogo se tuvo que cortar debido a la caída de una intensa lluvia en la comunidad campesina de Huininquiri.
A través de un comunicado, las Mineras Las Bambas saludó la disposición al diálogo de los representantes de las comunidades de Chumbivilcas y reconoce el esfuerzo de las autoridades nacionales bajo el liderazgo de la PCM, para buscar mejores condiciones de inversión en el Corredor Vial Sur, así como garantizar los derechos de todas las partes involucradas.