MINDEF y PCM reorganizarían la JAE del Ejército

Por: Rafael Romero.

El tiempo siempre le da la razón a la Revista Lima Gris. Además, con el periodismo de datos y la acumulación de información oficial con la que cuenta esta redacción, se tiene las condiciones para las hipótesis de investigación periodística más serias y veraces acerca del desmoronamiento de la Jefatura de Apoyo Educativo del Ejército (JAE) que se agudizó sobre todo del 2022 a la fecha.

Una premisa al respecto ha sido el escándalo y maltrato producido a la docente Doris Gonzales Alzamora de la IE Jesús Niño, con trece años de servicio en ese colegio sin ninguna queja, pero a quien desde la llegada de un nuevo director en enero del 2024 se le puso la puntería, como si se tratara de un experimento de un puñado de funcionarios de la JAE para confrontar con el “Convenio” suscrito hace veinte años con el MINEDU y la DRELM. Es decir, se trataría de un grupito de amigos al que no le interesa la calidad educativa.

Segunda premisa o hecho relevante: esa argolla de la JAE no llega a la media docena de funcionarios, conformada por dos o tres “personales militares” y dos o tres “personales civiles” de Defensa, y actuaría arbitraria o caprichosamente socavando con sus acciones u omisiones el referido “Convenio”, así como incumpliendo el Código de Conducta del MINDEF, el ROF, el MOF y el “Compromiso de Integridad” y la ética en la función pública, poniendo todo de cabeza, empezando por granjearse privilegios y acomodos en contra de la meritocracia, al premiar en puestos clave a quienes no aprobaron los exámenes, pero se les otorga labores de oficina o supervisión sin ser idóneos.

Es decir, el gato de despensero y, en ese sentido, se vulnera el “Convenio” (con el MINEDU), se incumplen las directivas de integridad de la PCM y las del propio MINDEF, en medio de una serie de actos que menoscaban la calidad educativa, la probidad, la meritocracia y la transparencia, siendo lo acontecido en la IE Jesús Niño, de San Juan de Miraflores, solo la punta del iceberg, ya que tenemos documentados otros casos.

Hoy mismo ese grupito de la JAE no tiene vergüenza para proceder dictatorialmente contra quien se cruce en su camino, alterando las normas y los procedimientos de la supervisión, sobre todo de forma arbitraria, subjetiva y bajo la ley del embudo, actuando de mala fe para hacer y deshacer en las instituciones educativas del Ejército conforme a sus intereses particulares.

Tercer aspecto o hecho relevante: la JAE -estando en malas manos- solo atenta contra la imagen del Ejército y el MINDEF, poniendo injustamente en cuestión la buena labor que desempeña el actual ministro de Defensa, Gral. de Div. EP (r) Walter Enrique Astudillo Chávez y la buena gestión de muchos otros oficiales del Ejercito que sí son idóneos para el cargo, sobre todo cuando el titular del MINDEF -a diferencia de su antecesor- conoce el tema pedagógico ya que tiene Maestría en Gestión de la Calidad de la Formación Educativa, por la Universidad Complutense de Madrid, y es doctor en Administración.

La cuarta y por ahora ultima premisa, pero no por ello menos importante, es la hipótesis documentada de que se buscaría abortar el Convenio con el MINEDU, bajo el objetivo perverso de “PRIVATIZAR” los colegios del Ejército, buscando crear un Estado dentro del Estado peruano, intentando crear su propia y exclusiva isla, sin control, sin fiscalización ni vigilancia de cara a la enorme cantidad de dinero que generan estos colegios.

Todo esto incomoda a dignos especialistas del MINEDU y de la DRELM, porque es un atentado a la calidad educativa y al clima institucional dentro del gabinete presidido por el doctor Gustavo Adrianzén y al poner en riesgo la buena educación que se debe brindar a los hijos del personal militar.

Por tanto, amerita que la propia Contraloría de la República y la Defensoría del Pueblo también empiecen a documentar este caso, siendo en primer lugar de necesidad urgente que el propio Ejército del Perú y la alta dirección del MINDEF pongan las cartas sobre la mesa y procedan a reorganizar la JAE para provecho de la transparencia y la buena impartición del servicio pedagógico en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.