Por Rafael Romero
Dada la alerta de la semana pasada sobre hechos graves que se extienden del 2020 al 2024, respecto de la mala gestión de la Jefatura de Apoyo Educativo (JAE), que se manifiesta en el relajo de funciones del personal de esta jefatura adscrita al Comando Bienestar del Ejército (COBIENE) y de algunas exdirectoras de las II.EE del referido instituto armado, quienes se las “ingeniaron” para no regresar a las aulas y ostentar hoy cargos de oficina, sucede que se empieza a sumar más problemas, como la falta de idoneidad, la existencia de argollas de amistad y la impunidad. Es decir, en la JAE, llueve sobre mojado.
En teoría, la JAE planifica y evalúa los procesos educativos en los “colegios” del Ejército de los niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria, pero de un tiempo a esta parte se ha venido enviando personal militar cuestionado en otras áreas del Ejército para ocupar cargos en la referida JAE, y eso es materia de conocimiento de las latas esferas del Ejército, por lo que urge que el mismo ministro de Defensa y su gabinete de asesores pongan una mirada en el tema e implementen las soluciones del caso, incluso reorganizando esa jefatura.
Actualmente hay personal que llegó a las instituciones educativas provenientes de la propia IGE (Inspectoría General del Ejército), en enero del 2024, que suele ufanarse y señalar que “jamás prosperará ninguna denuncia” porque -dizque- “tienen amigos en todas partes”. Este hecho, entonces, de continuar deberá de llamar la atención no solo del ministro de Defensa, sino también de otras instancias como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la propia Fiscalía.
Por tanto, se debe cortar por lo sano, dejando de lado al personal que no es idóneo frente al importante papel y la delicada función de la JAE, con el objetivo de dotar a dicha jefatura con los profesionales y las herramientas que permitan supervisar y “controlar el funcionamiento de la gestión pedagógica y académica” con transparencia; además, de estar encargada de “apoyar la gestión de recursos humanos y materiales de las IIEE del Ejército, impulsando la calidad educativa, la cual debe articularse en base a los valores institucionales, en concordancia con los objetivos del Sistema Educativo Nacional y del Comando de Bienestar del Ejército”.
Dicho sea de paso, el COBIENE cuenta con 23 instituciones educativas a nivel nacional (Lima y provincias), por lo que en esas áreas e instituciones deben estar los mejores, con absoluto respeto a la meritocracia y a la calidad y excelencia educativas, y para ello el Ejército cuenta con los convenios con el MINEDU y la DRELM, acuerdos que deben respetarse para contribuir con lo más profesional y lo más avanzado de la pedagogía en los colegios del Ejército.
De manera que, si hay personal militar en la JAE que no está actuando con transparencia o que oculta la problemática de la falta de compromiso, identificación y respeto por el buen clima laboral, lastimado por algunas y contadas exdirectoras que, después de haber sido jaladas en las evaluaciones, generaron un ruido interno y presiones “para no volver más a las aulas”, pues entonces hoy esto debe ventilarse y zanjarse con las oportunas sanciones administrativas a que hubiere lugar.
En esencia, cuidemos el buen servicio educativo que se brinda a los hijos del personal subalterno y oficial del glorioso Ejército del Perú, institución tutelar de la República que tiene elevados principios que nadie debe traerlos por tierra y menos arriar las banderas de la verdad, la eficiencia, la probidad, la transparencia y la integridad.
De manera que en manos del MINDEF y del Ejército están las herramientas administrativas disciplinarias para poner orden en la JAE y no postergar más este problema, lo que implica también un trabajo muy profesional que deberá hacer la IGE (Inspectoría General del Ejército) por más amigos que se encuentre en el camino.
Estos son los cambios contra las argollas y la impunidad que reclama la nación y en el Poder Ejecutivo es reclamada y promovida por la Secretaría de Integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
