El Ministerio de Cultura continúa a la deriva a cargo de la ministra Gisela OrtizPerea, quien desde su designación no ha logrado solucionar ni atender las diversas denuncias de corrupción que existe en el MINCUL. A esto se suma, los cuestionamientos por su supuesta vinculación con Sendero Luminoso.
Como se sabe, Gisela Ortiz no tiene experiencia alguna en el sector cultural, y cuando desde Lima Gris la hemos querido entrevistar, simplemente se ha negado de forma tajante. Hoy con los nuevos cambios busca ganar pantalla en medio de un crisis institucional que arrastra robos y corrupción en medio de una Biblioteca Nacional acéfala, personal sin pagos en IRTP, denuncias por peculado y malversación de fondos en el área de Administración de la sede central, entre otros cuestionamientos y críticas en las diferentes Direcciones Desconcentradas de Cultura.
A esta crisis institucional, se suma la designación de Mariela Sonaly Tuesta Altamirano como viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Según el portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), Tuesta Altamirano solo es licenciada en comunicación por la Universidad de Lima.
Uno de los viceministerios que se encontraba acéfalo por meses, era el de Interculturalidad. Ese despacho ahora estará a cargo de la viceministra Rocilda Nunta Guimaraes, originaria del pueblo Shipibo-Konibo de la región Ucayali. Se menciona que Nunta es educadora de formación con estudios de Diplomado en Derecho y Gestión Territorial, pero ninguno de sus estudios académicos aparece en el portal de SUNEDU.
Debemos señalar que el Ministerio de Cultura sigue en manos de una mafia cultural que durante años ha utilizado esta institución como una caja chica. Además, los caviares continúan enquistados generando consultorías y órdenes de servicio al mismo estilo Richard Swing.
Es importante recordar que personal del Ministerio de Cultura hace tres semanas presentó una denuncia de corrupción con documentación en la Contraloría General de la República. La denuncia ha generado que la Contraloría a cargo de Nelson Shack, acredite una comisión de auditores para efectuar una recopilación de información. Pero lo sorprendente de esta historia, es que la ministra Gisela Ortiz Perea tomó la decisión de despedir al personal del Ministerio de Cultura que denunció los actos de corrupción.