Dos pasos para adelante y uno para atrás. Luego que en un primer momento la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento se decidiera otorgar la pensión vitalicia al dictador Alberto Fujimori, y que posteriormente el titular del Legislativo, Eduardo Salhuana, diera marcha atrás en tal beneficio, ahora la postura de la Mesa Directiva del Congreso, por el momento, será en no suspender dicho beneficio. Así las cosas, el ex mandatario recibirá su pensión a fin de mes.
Fue la vicepresidenta del Legislativo, Patricia Juárez (Fuerza Popular), quien informara a los medios de prensa sobre esta nueva actualización.
“Ha habido tres votos a favor, un voto en contra, que es en mi caso. Nosotros consideramos que efectivamente el tema es absolutamente claro, que habiendo sido merecedor de un indulto el presidente Fujimori, el tema ya está absolutamente zanjado porque de acuerdo con la Constitución finalmente es cosa juzgada realmente ya cuando se concede el indulto. En consecuencia, no existe ninguna pena por la cual rinda cuentas el presidente Fujimori”, sostuvo la congresista.
Sin embargo, indicó que se ha decidido solicitar, en un plazo no mayor a 60 días, la opinión de especialistas y constitucionalistas para evaluar si continúa la pensión vitalicia para el ex presidente.
“La Mesa Directiva, por mayoría, con mi voto en contra, ha tomoado la decisión de solicitar más información y mayores informes a destacados constitucionalistas y también al área legal del Congreso de la República en un plazo no mayor a 60 días, pero eso no implica la suspensión del pago de la pensión al presidente Fujimori, recalcó la legisladora fujimorista.
Congresista Guido Bellido presentó solicitud para dejar sin efecto pensión vitalicia
En un oficio enviado al Oficial Mayor del Congreso, el congresista Guido Bellido (Podemos) solicitó que la pensión vitalicia otorgada al ex presidente Alberto Fujimori quede sin efecto, argumentando que se está contraviniendo “expresamente” lo mencionado en la Ley 26519, en su artículo segundo.
“Debiéndose tener presente que el referido expresidente fue debidamente acusado constitucionalmente y posteriormente fue sentenciado por los delitos de violación de derechos humanos y delitos contra al administración pública, en consecuencia, el acto administrativo de otorgamiento de pensión vulnera expresamente la ley, exponiedo a Congreso de la República a acciones legales en perjuicio de la institución”, se lee en la carta enviada a Giovanni Forno, Oficial Mayor del Congreso.
El parlamentario cita un párrafo del Exp. 4293-2012-PA/TC del Tribunal Constitucional para ahondar en su petitorio, sosteniendo que el acto administrativo desarrollado por el Congreso recae en algo ilegal e inconstitucional.
“En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que conceder facultades a los tribunales administrativos para ejercer el control difuso lleva a quebrar el equilibrio entre democracia y constitucionalismo, al permitir que quien por imperio de la Constitución no posee legitimidad directa y expresa pueda hacer ineficaces las normas jurídicas vigentes, a lo que se añade que puede ocurrir que muchas de tales actuaciones no sean objeto de revisión por órgano jurisdiccional alguno, en caso no se cuestione el resultado de un procedimiento administrativo.”