Mensaje a la nación, ¿y la corrupción en Torre Tagle?

Por Rafael Romero

El Artículo 118, numeral 11, de la Constitución señala que al presidente de la República le corresponde “dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados”. Es un mandato constitucional para la primera mandataria Dina Boluarte, quien este 28 de julio deberá dar cuenta de la política exterior que ejecuta su gobierno.

Boluarte buscará en el mensaje a la nación destacar su viaje a la República Popular China, incluyendo como aderezo especial y nada despreciable el megapuerto de Chancay próximo a inaugurarse. Sin embargo, no todo es bueno y bonito, mucho más en la gestión pública donde suelen ocurrir hechos malos y feos. En estos casos, el gobierno también debe ser sincero y sobre todo coherente entre lo que predica y lo que hace.

Por ejemplo, en el Palacio de Torre Tagle el ministro de Relaciones Exteriores suscribe tratados de asistencia judicial con Costa Rica, potenciando el apoyo mutuo en la búsqueda e identificación de personas, en la citación de testigos, la obtención de pruebas, la recepción de testimonios e interrogatorios, así como el decomiso de ganancias derivadas del delito, pero todo eso pierde peso y credibilidad cuando a contra pelo no se ordena la casa, máxime cuando el canciller Javier González Olaechea es Miembro Observador de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), que es un espacio de articulación y coordinación entre instituciones públicas y privadas.

Lamentablemente, todo esto cae por la borda cuando no se hace lo suficiente en casos de la lucha contra la impunidad, tal como existe frente al complot contra el embajador Fortunato Quesada, donde hay pruebas irrefutables como los chats que revelaron una conspiración y el blindaje de la Cancillería a favor de Néstor Popolizio. Ahí está el documento denominado “Registro de mensajes de WhatsApp de los diplomáticos comprometidos”, que cuenta con visado oficial de la Embajada del Perú en Israel y sus 31 folios están fedateados por el jefe de la sección consular Víctor Reynoso.

Esos folios demuestran el complot originado por una argolla de poder dentro de Torre Tagle y que hoy mismo podría seguir actuando en medio de la nocturnidad. Por si fuera poco, la alta dirección de Cancillería -a la luz de las coordinaciones perversas entre José Boza y Pedro Rubín- actuó como juez y parte, tal como se revela en la sentencia del Poder Judicial recaída en el Exp. N° 05382-2019 (Resolución N° 22), del 20 de setiembre del 2023, evacuada por el Décimo Séptimo Juzgado de Trabajo Transitorio (Sub Especialidad Contencioso administrativo).

Otra prueba irrefutable es el documento oficial de Cancillería que pidió investigar al protagonista del complot, el embajador Popolizio, denominado “Informe (ORH) N° 011-2020-UARD/MRE”, firmado por la embajadora Fátima Trigoso Sakuma, ministra jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, en respuesta a la Hoja de Trámite (GAC) N° 1321, del 02 de setiembre de 2020, y que cuenta con 29 folios, cuyas conclusiones sobre los artífices del complot no deberían quedar en la impunidad.

Fátima Trigoso remitió ese informe al “gabinete del viceministro” de Cancillería, dando como resultado, según el ítem IV, que los infractores son: el embajador Néstor Popolizio Bardales; el Embajador Hugo de Zela (hoy en retiro); el Embajador José Boza (fallecido en agosto del 2022); y el diplomático Pedro Rubín, nombrado por la canciller Gervasi como Cónsul General del Perú en Río Branco (Brasil).

En el folio 26 se evidencia la responsabilidad y participación del ex canciller Popolizio, pero hoy aparecería un manto de protección indebida hacia su persona, lo que lleva a preguntarnos si en Torre Tagle también prima el nefasto criterio de “otorongo no come otorongo”. La ORH concluyó y señaló que hay conductas infractoras que vulneran los deberes establecidos en el artículo 9° de la Ley del Servicio Diplomático de la República, literales a), e), f), e i); pero en el caso de altos funcionarios, esas faltas tienen la calificación de “muy graves”.

Y en el folio 28, la ORH sostiene que las responsabilidades podrían exceder el ámbito administrativo y configurar ilícitos penales. Frente a este caso, ¿la Cancillería está incurriendo en una omisión de denuncia en el caso de Popolizio y Pedro Rubín? Por su parte, la presidenta Dina Boluarte, ¿realmente quiere mejorar la imagen internacional del Perú? Pero para hacerlo, ¿no debería empezar mejorando el servicio diplomático y terminar con la impunidad? Además, ¿dónde queda la integridad?

Al respecto, en reciente artículo, Marcos Ibazeta, anotó en su interesante columna en EXPRESO que “por allí se crearon las oficinas de Integridad”, siendo de público conocimiento que Torre Tagle tiene una de ellas, “pero son entes que están pasando a mejor vida por su absoluta falta de resultados”, sostuvo Ibazeta. Pero al mismo tiempo acotó que “no tenemos un sistema consolidado de controles y la corrupción nos sigue asfixiando”, instando a renglón seguido a “repensar todo nuevamente para generar entes no burocráticos y efectivos para evitar tanto latrocinio público.”

En efecto, no le falta razón, porque las oficinas de Integridad hasta ahora no dan los resultados esperados. De manera que el reto es enorme y no puede soslayarse en ningún acto público y menos en el mensaje a la nación, pues debe primar la claridad en las directivas presidenciales, y por eso la presidenta Boluarte, que dirige la política exterior, está obligada a decirle a los peruanos la verdad y exigir que se ventilen los casos de impunidad y se busque la calidad del servicio en todo ámbito público. Y si el canciller refiere en medio de vistosas y coloridas entrevistas que “se ha rechazado el intento de la Corte IDH de convertirse en un poder del Estado peruano” o si levanta la voz frente al embajador de Canadá sobre la ley de las ONG, hoy el punto es que debería responder con autoridad frente a la impunidad de las argollas en Torre Tagle.

No olvidemos cuando el canciller, el 9 de noviembre del 2023, un día después de que asumiera el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, expuso los lineamientos de su gestión, y ahí dijo que promoverá el proceso de adhesión del Perú a la OCDE, pero ¿cómo se puede lograr eso si hasta ahora no ha enfrentado la indisciplina, la falta de probidad, de transparencia, disciplina e integridad de algunas vacas sagradas dentro de la Cancillería, mal caviar que proviene de anteriores administraciones como las de Óscar Maurtua, Meza Cuadra, Wagner, Landa y Gervasi?

Hoy nadie duda que el entonces ministro consejero Pedro Rubín, tal como se demuestra en el proceso administrativo que se le siguió, actuó obedeciendo instrucciones de altos funcionarios de la Cancillería. Pero, lo escandaloso del caso es que los responsables del complot fueron premiados con cargos diplomáticos de mayor nivel.  Hoy Popolizio está de embajador en Praga con más de S/ 70,000 al mes y Rubín, nombrado por Ana Gervasi, de cónsul general del Perú en Río Branco (Brasil).  

Por otro lado, además del caso del complot contra Quesada, desde distintos sectores de opinión se le atribuye al embajador Popolizio un papel clave, siguiendo los dictados de Martín Vizcarra, en el objetivo de evitar a toda costa el asilo político del expresidente Alan García en Uruguay. No obstante, para poner más emoción en esta historia, donde está ausente la falta de idoneidad de Popolizio, se sabe que el 30 de mayo pasado, el ex servidor del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jesús Alvarado Zegarra del Carpio, que cumplió funciones de chef del embajador Quesada en Israel, escribió una carta difundida en redes sociales el último domingo 2 de junio, y la misiva tiene el efecto de una bomba atómica contra la argolla burocrática que defiende a Popolizio.

La carta del chef Jesús Alvarado Zegarra dice textualmente:  “(…) me ratifico en lo que dije anteriormente el 8 de agosto y el 18 de septiembre del 2023 en el programa Habla el Pueblo donde señalo que Sí existió Complot contra Fortunato Quesada, hecho El 2018 por el ex ministro de Relaciones Exteriores Popolizio en colusión con De Zela, Boza y el ministro consejero Pedro Rubín quien nos ordenó y donde la empleada  del Hogar la Sra. Romina Tevez Araujo y mi persona hicimos grabaciones ilegales a Quesada en reuniones privadas y las entregamos a Rubín el 2018 para que las envíen a Lima al programa periodístico PANORAMA”.

En este caso hay elementos claves. Primero: la carta del exservidor Jesús Alvarado contiene una declaración jurada pública que debió ser atendida por la Cancillería y mediante la cual se corrobora el complot. Segundo: se evidencia las contradicciones de la exempleada Romina Tevez Araujo, cuya cercanía y estrecha coordinación con Pedro Rubín se muestran en una fotografía y en el expediente disciplinario. Tercero: el canciller González-Olaechea está cometiendo los mismos errores de sus antecesores, al no enfrentar a la argolla que protege a Popolizio. Y cuarto: se demuestra una seria contradicción en el Ejecutivo, entre el canciller y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, pues no coincidiría la política de integridad y transparencia que promueve la PCM frente el manto de protección al cuestionado embajador Popolizio.

Frente a esas claves, también existe la carta enviada por el diplomático agraviado Fortunato Quesada (el 21 de mayo del 2023) al embajador Javier León Olavarría, Presidente del Consejo de Honor de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, y a los señores embajadores Fátima Trigoso, Claudio de la Puente, Julio Garro y Luis Escalante, Miembros del Consejo de Honor de la referida asociación, en la que les solicita la aclaración pública frente a la impunidad de Popolizio y De Zela, así como respecto del complot perpetrado contra su persona en el 2018. Dicho sea de paso, según fuentes confiables, el embajador León ya contestó la misiva de Quesada, pero de manera adjetiva y legalista.

De manera que el Dr. Javier González Olaechea, canciller de la Republica, el embajador Peter Camino, viceministro RREE, el embajador Eric Anderson, Secretario General RREE, y el Embajador Enrique Román, Asesor principal RREE, tienen que evaluar el papel desempeñado por Popolizio de cara a la Política Exterior de la presidenta Boluarte, a fin de evitar contradicciones y dotar a la propia Cancillería de la coherencia que necesita.

Estos hechos colisionan con las políticas de integridad, ética, transparencia e idoneidad que promueve la Presidencia del Consejo de Ministros. Es más, Néstor Popolizio en lugar de ser sancionado fue premiado por el gobierno de Pedro Castillo, pues desde el 15 de diciembre del 2021 es el embajador del Perú en República Checa

Pero, tras revelarse esas cartas, ¿Popolizio es un funcionario idóneo e integro para ganar una abultada suma de dinero mensual? ¿Hay vacas sagradas en Cancillería? ¿Prima la impunidad? Estas son preguntas que deberá responder la presidenta Dina Boluarte, que dirige la política exterior del Perú.

No obstante, en la Cancillería de la era Boluarte, existe el “ACTA DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES”, firmado el pasado 20 de febrero, donde el canciller Javier González Olaechea afirma:

“En mi calidad de Ministro de Relaciones Exteriores, conjuntamente con el Viceministro y el secretario general, manifestamos nuestro completo respaldo al modelo de integridad y lucha contra la corrupción impulsado desde el gobierno nacional, como uno de los ejes centrales de la Política General del Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2023-PCM, concordante con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada por Decreto supremo N° 092-2017-PCM, el Plan nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, y las disposiciones emitidas por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros”.

Pero, ese texto puede aparecer burdo y representar solo papel mojado en tinta cuando existen pruebas irrefutables de la propia Cancillería que definen indubitablemente quiénes son los funcionarios responsables del complot contra el embajador Quesada; sin embargo, el Ejecutivo no actúa en coherencia con el ACTA de marras, suscrita por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, donde también líricamente se puede leer lo siguiente:

“La corrupción es un fenómeno multidimensional y transversal, que se presenta en distintos niveles de la Administración Pública y que afecta a la gobernabilidad del país, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas. Por ello, para continuar con el propósito de conducir al país hacia un desarrollo económico inclusivo, resiliente y ambientalmente sustentable, es primordial seguir impulsando el fortalecimiento institucional que permita alcanzar un sistema sólido de gobernanza que enfrente y combata el flagelo de la corrupción.”

En ese sentido, es necesario que se ponga sobre los hechos de inmoralidad pública el ACTA DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores, porque ahí señala que va a “fortalecer una cultura de integridad y ética pública en la Cancillería, que conlleve a los funcionarios y servidores de esta institución a actuar con probidad, respetando los valores instaurados en la entidad y los principios y deberes contemplados en el Código de Ética de la Función Pública y denunciando todo presunto acto de corrupción, conforme a la normatividad vigente”.

En consecuencia, si existiera voluntad política y un sincero propósito de palingenesia, en este momento la Cancillería dispondría medidas pertinentes para expectorar a los autores de los complots contra Quesada y Alan García, máxime cuando existen documentos judiciales en torno al rol desempeñado por el actual embajador del Perú en República Checa, Néstor Popolizio. Señores, la impunidad es un escándalo que sólo favorece a los responsables de las conspiraciones, quienes irónicamente son “premiados” con “mejores” puestos en el Estado. Depende de todos los ciudadanos y las autoridades que la impunidad no reine ni gobierne. La presidenta Dina Boluarte tiene la palabra.