Congreso aprobó hace dos semanas la ampliación de funciones de la Defensoría para la aplicación de este organismo y hasta el momento el Ejecutivo no ha promulgado la norma.
En 2010, la Defensoría del Pueblo ha registrado 53 quejas de presunta tortura, mientras que la Fiscalía recibió 343 denuncias de presuntos casos de tortura del 2003 a mediados del 2011.
El último 11 de junio, el Congreso de la República aprobó con 88 votos a favor y ninguno en contra ni abstención, el proyecto de ley que amplía las funciones de la Defensoría del Pueblo para que implemente el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (MPT). Sin embargo, hoy, dos semanas después y a un día del Día Mundial de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura, el presidente de la República, Ollanta Humala, aún no ha promulgado la norma.
La instauración de esta institución es urgente, pues la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público no cuentan con un trabajo minucioso ni articulado donde muestren cifras exactas que puedan dar una luz de interpretación sobre la situación de este delito en nuestro país. Por ejemplo, en 2010 la DP ha registrado 53 quejas de presunta tortura, de las cuales cuatro corresponden a personal de las Fuerzas Armadas. En el caso de la Fiscalía, las denuncias recibidas, en el período 2003 a mayo de2011 ascienden, a 343 presuntos casos de tortura, de los cuales en 105 casos los presuntos responsables son miembros del EP[1].
Pero junto a la importancia del establecimiento del MPT está la garantización del dinero público necesario para su funcionamiento. Si bien en el proyecto de ley aprobado se menciona que la aplicación del Mecanismo por parte de la Defensoría no generará mayor demanda de recursos, es compromiso del Estado peruano con los protocolos internacionales asegurar su correcta puesta en marcha.
Uno de los casos de tortura y malos tratos que se encuentran en el Poder Judicial es del joven Alberto Mendieta, quien el 13 julio del 2008 resultó casi desfigurado por las aflicciones físicas de las que fue víctima por parte de dos policías en un patrullero en Breña, luego de una gresca entre estos, él y un grupo de amigos. La Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH, representante legal de la víctima, denunció por tortura a los malos agentes, pero fueron absueltos por la Sala Penal Nacional el 2011; sin embargo, esta sentencia fue anulada por la Corte Suprema, habiéndose dispuesto la realización de un nuevo juicio oral, que actualmente está en pleno desarrollo.