Escribe Felipe Barrionuevo
El debate sobre la nueva ley de cine que ha presentado el Ejecutivo se centra en una falsa oposición. ¿Debe el Estado financiar o no una actividad cultural? Los neoliberales argumentan que no, que el dinero público no debe apoyar a particulares y que quienes se dedican a hacer películas compitan en igualdad de condiciones que el resto de los sectores. Por su parte los que trabajan en el campo de la cultura, y por supuesto los cineastas, arguyen que es perfectamente válido y legítimo que se invierta en su actividad porque es la imagen de una nación, permite democratizar la producción y garantizar la libertad de expresión, acceso a un mercado que no es igual para todos, y expandir la cultura a lo largo de todo el país. Todos conceptos muy loables y atendibles, pero que no van al meollo del asunto porque el Estado no está legalmente prohibido a invertir en un sector que considere necesario promover en bien de la cultura y la educación de todos sus habitantes. La Constitución reconoce en su artículo 2, inciso 8 que “el Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión”.
Las preguntas que corresponden son ¿por qué el financiamiento debe destinarse al cine y no a otros sectores de la cultura? Y lo que es más importante ¿realmente se apoya con esta medida a todos los cineastas y participes de esta actividad, o solo a unos cuantos, los mismos de siempre? Lo primero parece justificarse en el orden de llegada y presencia mediática, antes que otras razones atendibles. Aunque es cierto que en muchos lugares se apoya al cine, y el Perú no quiere quedarse atrás. De todas maneras la propuesta gubernamental se asegura que le caiga su pedazo a otros sectores, y por eso en las disposiciones complementarias destina 1000 UIT para fomentar las otras industrias culturales y las artes.
Lo otro si es más crítico, porque sin mayor balance de todo lo aplicado hasta ahora en la ley actual, y la forma de asignar premios vía concursos, se insiste en esa figura, ahora con más de veinte millones en el presupuesto. En los últimos días hemos conocido quejas reiteradas de los cineastas regionales sobre el intento de “alimeñar” sus proyectos para agradar a los jurados convocados por el Ministerio de Cultura, o la laxitud que se tiene con las bases para acomodar los premios en diversas categorías a ciertas necesidades y porque no, amiguismos. ¿Por qué se deja de lado la posibilidad de créditos blandos y reinversiones como se estila en otros países? ¿Hasta cuándo la ayuda seguirá siendo a fondo perdido? ¿Se quiere fomentar el cine o solo un tipo de cine?
El asunto es más grave cuando leemos en el artículo 7 del proyecto que se destinaran también estímulos directos, es decir sin concurso. ¿Cómo es eso? Estos estímulos dicen que estarán destinados exclusivamente a la promoción internacional. ¿No sería más conveniente que en vez de entregarse ese dinero a los productores para promocionar sus películas individualmente se organice una entidad en el Ministerio que se encargue de esta promoción de manera conjunta en el exterior en festivales y eventos como hacen sus pares de Brasil, Colombia, Chile, México? Luego se habla de la preservación del patrimonio audiovisual, no obstante que el Ministerio de Cultura, como se ha mencionado en varios artículos y declaraciones de sus funcionarios, se niega a crear una cinemateca con esta Ley. Por tanto ¿a quién se piensa financiar con esos fondos? ¿Alguien habló de ley con nombre propio? Y sobre la formación de público, que suena muy bien, pero no se sabe cómo se determinará quienes cumplen ese fin, y como se diferenciará de la difusión de películas y la enseñanza audiovisual.
Pero allí no queda la cosa, porque a renglón seguido se agrega que el estímulo directo se otorgará también para reconocer a destacadas personas naturales y jurídicas o a productos cinematográficos y audiovisuales. Así de amplio y ambiguo. Lo curioso es que se habla de criterios “objetivos” (sic.) para la asignación de esos recursos que serán desarrollados en el Reglamento. Es decir que una vez sea aprobada la Ley, y entregados los más de veinte millones, recién nos enteraremos como se aplicará el dedazo.
¿Es eso una ley seria y responsable? ¿Tan alegre y fácil se destinan los fondos públicos? ¿Dónde queda la pretendida democratización de la cultura que se dice promover? ¿Y la transparencia? Por lo que parece, solo será más de lo mismo, o lo que es lo mismo, más plata para los mismos.
