Escribe Felipe Barrionuevo
Hace unos días publicamos una nota sobre el proyecto de nueva ley de cinematografía y el audiovisual que ha elaborado el Ejecutivo y presentado al Congreso, mostrando que en el fondo es una prolongación, o mejor ampliación (en lo económico) de la actual ley, para beneficio en algunos casos a dedo de los mismos y sus amigos. Nada nuevo que no se sepa, las políticas culturales en el Perú lejos de democratizarse, se concentran cada vez más, porque los encargados de llevarla a cabo tienen intereses en juego de forma directa o indirecta.
En este proyecto se insiste en privilegiar como principal y casi única alternativa para acceder a los fondos públicos a los concursos como los que organiza el Ministerio de Cultura y antes el Conacine. Estos concursos son presentados como la quinta esencia de la meritocracia, pero la verdad que muchas veces son tan discutibles como las convocatorias CAS en los ministerios, donde más de una vez se ha visto que son amarradas para que ganen los que les convienen. El filtro se inicia en la convocatoria donde se colocan una serie de exigencias burocráticas y de manejo de información que facilitan el trabajo de los “caseritos” pero dejan afuera a los nuevos o poco entrenados. Es parte de eso que los cineastas regionales llaman “alimeñarse”, que no es otra cosa que adecuarse al corsé formal y de contenidos impuesto desde la oficina ministerial.
Luego viene la etapa de los jurados, donde señores y señoras que nadie sabe cómo fueron seleccionados, y cuya experiencia y conocimientos en ciertos casos es una interrogante, deciden de manera por demás libre y arbitraria a los ganadores, recurriendo para justificarlo a argumentos que ni un estudiante de comunicaciones de los primeros ciclos se atrevería a exponer. Pueden revisarse las actas firmadas y los testimonios de muchos concursantes, que han narrado con asombro las preguntas y requerimientos que algunos jurados les formularon en los tristemente famosos “pitching” (a uno le preguntaron si tenía simpatías con Sendero Luminoso, y otro si conocía de la culinaria amazónica).
Pero si logras pasar todo eso y tienes la fortuna de ganar uno de los premios, no creas que tus problemas se resolvieron, más bien están empezando. Porque las obligaciones y presiones que te imponen las bases comienzan a angustiar a los ganadores, especialmente si son ‘opera prima’ –con su primer largometraje a cuesta- que ante el temor de no poder cumplir con el encargo y acabar enjuiciados, terminan aceptando los cantos de sirena de los productores de siempre, que se cuentan con los dedos de una mano, quienes les ofrecen sus generosos servicios a cambio de un también generoso porcentaje del premio para que la película pueda llevarse a cabo en el tiempo establecido y cumplir con el ministerio.
De forma curiosa, la ley y las bases de los concursos, que son tan estrictas para exigir una serie de requisitos a los participantes con los equipos artísticos y técnicos, no lo es igual una vez que ganaron, y allí si ya pueden cambiar prácticamente casi todo (actores, técnicos y hasta los productores), lo que se presta para que todo el concurso se convierta al final en un gran engaña muchachos con la imagen de abierto y plural.
Por eso decimos que son los mismos de siempre, un puñado de productores con su equipo técnico y artístico a cuesta que se rotan de proyecto en proyecto, no importa si es de uno cercano o lejano (incluso regionales), porque el sistema funciona de tal manera que solo unos pocos son quienes pueden hacerlo sin problemas. Con la nueva ley seguirán siendo los mismos, con más dinero y oportunidades. De ahí que la impresión que siente bastante gente que muchas películas peruanas últimas se parecen no es tan errada, en gran parte responde a patrones similares, donde lo único que las diferencia es el mayor o menor talento del director al frente.
¿De esta manera se piensa construir una industria fílmica? ¿Para eso se debe utilizar el dinero de todos los peruanos?
Frente a esta alternativa que se busca perpetuar sin mayor debate, proponemos que los fondos se distribuyan por otros mecanismos más transparentes como acceso a créditos blandos, adelantos de inversión y reinversión a los proyectos cinematográficos, respetando las propuestas de producción, técnicas y artísticas originales. La obligación del reembolso y el seguimiento del dinero será la mejor garantía de su ejecución.
Eso no significa eliminar los concursos, que se deberían mantener pero no aplicado a todas las categorías sino en exclusiva para propuestas de excelencia, con jurados muy rigurosos y calificados, y donde el Ministerio de Cultura brinde asesoría a los ganadores, en vez de arrojarlos a donde están los tiburones al acecho.
Por último, ¿por qué la ley insiste en legislar producciones solo para las salas de cine? ¿No que es una ley también del ‘audiovisual’? ¿Dónde queda la producción para televisión de señal abierta y cable, así como plataformas digitales? Tal vez no se toca porque los lobbys del cine local no quieren que se amplié el mercado que ellos han venido ocupando, y que desean perpetuar con esta “nueva” legislación.
