Escribe Carlos Vargas
El
gobierno del empresario Vizcarra ha promulgado furtivamente el mismo 28 de
julio, un nuevo decreto en favor de los grandes empresarios nacionales y
extranjeros para los que gobierna.
El
“Plan Nacional de Competitividad y Productividad” impuesto con el decreto
supremo 237-2019-EF[i]
corresponde al cumplimiento de la “segunda fase” de un proceso iniciado con la
promulgación del decreto 345-2018-EF que estableció los lineamientos generales de
esta nueva ofensiva capitalista contra los trabajadores.
Ya
la dictadura fujimorista había impuesto un régimen laboral capitalista que la
propia OIT imperialista había calificado del peor del mundo. Sin embargo, para
la burguesía esto no sería suficiente y desde entonces ha buscado profundizar
la explotación capitalista de los trabajadores.
Lo
que el gobierno de Vizcarra plantea es modificar el reglamento del decreto 728
con el fin de reducir los beneficios laborales (“determinación prorrateada
mensual”) y definir a favor del capitalista la “situación económica
habilitante” para el despido masivo de trabajadores. Asimismo se pretende
legalizar las condiciones de esclavitud de los asalariados de las “pequeñas”
empresas reduciendo aún más sus derechos a la salud y las pensiones.
Igualmente
se plantean disposiciones especiales para formalizar las pésimas condiciones de
los trabajadores a jornada parcial y de “teletrabajo” que en su mayoría son
jóvenes. Peor aún, Vizcarra pretende retomar la mal llamada ley “pulpín” que
fue derogada tras la movilización revolucionaria de la juventud proletaria de
Lima y todo el país que se autoorganizó en “zonas” para superar el pacifismo impotente
y cómplice de la burocracia sindical. Esta nueva ley pulpín y las
modificaciones a la 728 se impondrían entre octubre y diciembre de este año.
Aquí
debe quedar claro que esta profundización de la explotación es una tendencia
absolutamente natural e inevitable del sistema capitalista en su decadencia. En
el mercado mundial y nacional las empresas compiten y necesitan reducir al
máximo los costos laborales para superar a las demás. Todos los intentos por
frenar esta tendencia y reformar el capitalismo para embellecerlo han
fracasado. Los gobiernos burgueses bolivarianos son prueba de ello: en
Venezuela los trabajadores sufren la pobreza extrema[ii],
en Nicaragua se les impuso con sangre un pensionazo, en Bolivia un gasolinazo,
en Cuba se ordenó el despido de un millón de trabajadores estatales, etc.
En
el Perú mucho antes de la dictadura de Fujimori se impusieron leyes de abierta
esclavitud laboral como la textil 22342 de 1978, norma bendecida por la
constitución burguesa de 1979, que los partidos nacionalistas y reformistas
piden restablecer (incluyendo al PST). Los trabajadores entonces no están
enfrentando un “modelo neoliberal” están enfrentando un sistema mundial que
debe ser destruido para que sus hijos puedan comer.
[i] <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/348293/DS_237-2019-EF_ACCESIBLE.pdf>
[ii] http://nrci.org/blog/2017/10/16/venezuela-la-crisis-del-capitalismo-del-siglo-xxi/
