Por Hans Herrera Núñez
El escándalo estalló anoche, oportunamente un día después de las elecciones regionales de Chile. La información la entregó el abogado del presidente Gabriel Boric sobre una denuncia sobre acoso sexual interpuesta contra él, presentada a comienzos de septiembre de este año sobre hechos supuestamente ocurridos hace una década.
«Estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron» fueron las palabras hoy temprano de una Camila Vallejo feminista ante una rueda de prensa feroz. Solo ponerme en sus zapatos me dolería en esta situación de «encubrir» comportamientos machistas, como ya empiezan a señalar activistas feministas
Cómo si la crisis del “caso Monsalve” no fuera suficiente, y cuando recién la ministra de Interior, Carolina Tohá empieza a reconocer que debieron haber reaccionando de manera más oportuna, estalló anoche otro escándalo que podría agudizar la crisis en Palacio de La Moneda. Llama más la atención no el hecho en sí, sino que se haya descubierto de esta forma, de boca del abogado del presidente, como si intentasen prevenir algo más que un escándalo.
Los hechos parten cuando la denunciante cuyo nombre se mantiene en reserva, refiere haber sido víctima de acoso y de uso indebido de imágenes íntimas de parte del actual presidente de Chile, esto entre los años 2013 y 2014.
El contexto
En 2013, el entonces exdirigente estudiantil Gabriel Boric, y también candidato a diputado por Magallanes, llegó a Punta Arenas para realizar sus prácticas de Derecho a la corporación de asistencia judicial. Es entonces que el ciudadano Boric coincide con la denunciante en su práctica profesional. Según ha trascendido a la prensa, se mantuvo una correspondencia mutua por correo electrónico, por el que supuestamente el entonces futuro presidente habría incurrido en la difusión de registros de imágenes privadas enviadas por ella a él, a través de correos electrónicos entre 2013 y 2014.
Por su parte, el Fiscal General de Magallanes que lleva la investigación ha referido a prensa que el presidente ya «está imputado». Asimismo, la prensa chilena se pregunta por qué no se le informó antes a la ciudadanía de esta situación conforme al relato de transparencia que propugna el gobierno. Por otra parte, el abogado del presidente declaró a la prensa: «[el presidente] es la víctima de hostigamiento sistemático de parte de la denunciante».
Entre tanto, la ministra y vocera del gobierno, Camila Vallejo, declaró hoy a la prensa señalando respecto de la acusación al presidente, de que ésta «es falsa». También dijo: «acá se trata de una denuncia sin sustento, respecto a hechos que son completamente falsos y en que en ningún momento el mandatario difundió imágenes de la denunciante».
Tanto la defensa, como la ministra Vallejo dijeron que la denuncia es infundada y que recién informaron anoche para avanzar a esclarecer los hechos, ya que la última comunicación con Fiscalía había sido hace más de un mes.
En conversación con Radio Bio Bio, la directora del departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, Alejandra Castillo, se refirió al caso de esta manera: «podría haber un caso de difusión de imágenes no consentidas, pero depende en qué contexto, porque en efecto, hay un tipo penal que impide ese tipo de comportamientos». Sin embargo, la prensa no sabe todavía si en efecto, las imágenes en cuestión han sido difundidas, ni cuándo. La jurista mencionó también: «creo que estamos viviendo una era tendenciosa en la erección del derecho penal de las víctimas, cuando en lo general la persona débil frente al proceso penal era la persona imputada (…) En Chile el acoso sexual cubre solamente los supuestos de acoso callejero y hay hipótesis en el contexto laboral». Y rescató también la esencia del derecho penal, «como sociedad hemos construido el derecho penal de intervención mínima, de la última ratio, que solamente reacciona frente a casos específicamente graves. A lo que no llamo, y hago un desincentivo es que todo se vuelva punitivo, porque no ha sido útil y lo hemos visto en otros delitos (…) Este caso de acoso mediático no es un tipo penal y aunque lo fuera ya está prescrito».
Como sea, en términos políticos el gobierno de Gabriel Boric se debilita rápidamente, sumado esto a una perdida de legitimidad en una cultura que él mismo promocionó, la cual se expresa en la obligación de tener que creerle a la denunciante. Porque fue él mismo quien en el ‘caso Monsalve’ gritó bien fuerte que él le creía a la acusadora.
