Más de 40 de congresistas vienen siendo investigados por la Fiscalía

Un informe del diario El Comercio, sustentado en un reporte de la Unidad Funcional de Defensa Jurídica del Estado Contra Altos Funcionarios de la Procuraduría General del Estado (PGE) detalla que 47 congresistas de la República de diversas bancadas se encuentran investigados tanto en la Fiscalía de la Nación (FN) como en las fiscalías supremas.

El presidente del Congreso Alejandro Soto, afronta dos investigaciones ante la FN por el presunto delito de concusión. En ambos casos, que se encuentran pendiente de acumulación en una sola carpeta fiscal, el congresista deberá responder por pagos de publicidad a su favor en Facebook y por el presunto recorte de sueldos de asesores para solventar dichos pagos.  

En el Caso “Los Niños” (carpeta principal 204-2022) han sido comprendidos 27 congresistas como investigados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, negociación incompatible y otros, por otorgar sus votos a cambio de favores por parte del gobierno de Pedro Castillo. Entre ellos están los representantes de Acción Popular (AP) Ilich López Ureña, Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza, José Arriola Tueros, Jorge Flores Ancachi, y otros. También de Perú Libre (PL) están Germán Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes y Américo Gonza. Del Bloque Magisterial (BM) están Óscar Zea, Paul Gutiérrez Ticona, Segundo Quiroz Barboza, Edgar Tello Montes y otros; de la bancada de Integridad y Desarrollo está Carlos Zeballos Madariaga; y también figuran no agrupados como Karol Paredes Fonseca. Mientras que la congresista Katy Ugarte Mamani de Unidad y Diálogo Parlamentario también es investigada.

Raúl Doroteo Carbajo también se encuentra comprendido en la investigación por el primer caso de “Los Niños” (carpeta fiscal 135-2022) respecto al apoyo de un grupo de congresistas de Acción Popular (AP) a la presunta red criminal liderada por Castillo Terrones y que se encuentra con denuncia constitucional ante el Parlamento. En este mismo caso se encuentran comprendidos y con denuncia constitucional los congresistas Vergara Mendoza, Flores Ancachi y Espinoza Vargas.

Javier Padilla Romero, de la bancada de Renovación Popular (RP) tiene en su haber investigaciones por presunto peculado doloso y otro caso por falsedad genérica y peculado doloso vinculado al cobro de vales de combustible pese a no realizar actividades congresales. Ambos casos se encuentran pendientes de acumulación en una sola carpeta fiscal junto con los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo (AP) y Silvana Robles Araujo (PL).

El caso de los “mochasueldos” también tiene a otros nueve congresistas investigados por el presunto delito de concusión. Entre ellos, Magaly Ruiz (APP), Heidy Juarez Calle (Podemos Perú), Rosio Torres Salinas (no agrupado), María del Pilar Cordero Jon – Tay (no agrupada), María Acuña Peralta (APP), Katy Ugarte Mamani (Unidad y Diálogo Parlamentario), Jorge Flores Ancachi (AP) y Edgar Tello Montes (BM). 

Tello Montes también tiene un tercer proceso que se encuentra judicializado por el presunto delito de tráfico de influencias al haber intercedido ante el alcalde de San Juan de Lurigancho en una licitación pública. 

Guillermo Bermejo Rojas (Cambio Democrático) es investigado por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de tráfico de influencias debido al Caso “Los Operadores de la Reconstrucción” que implica presuntos pagos al parlamentario para gestionar el financiamiento de obras a través de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios. También es investigado, junto a Guido Bellido Ugarte (PB), por el presunto delito obstrucción a la investigación por el delito de terrorismo debido al presunto pago de un testigo.

Lucinda Vásquez Vela (BM) es investigada por tráfico de influencias por la presunta venta del examen docente en 2022. Mientras que Rosangella Barbarán Reyes (FP), Flavio Cruz Mamani (PL), Segundo Quiroz Barboza (No agrupado) y Nieves Limachi Quispe (PD) son investigados por peculado doloso por el presunto pago de viáticos durante fiestas de fin de año. 

También es investigado el congresista Miguel Ciccia Vásquez (RP) por presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por reuniones en la Sunat a favor de una empresa familiar; el reincorporado congresista Enrique Wong es investigado por presunto cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias; y José María Balcázar (PB) por presunta desobediencia a la autoridad al no haber entregado información sobre los candidatos al Tribunal Constitucional en 2022.

También son investigados los congresistas María Córdova Lobatón (Avanza País) por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo; mientras que la congresista María Antonieta Agüero (PL) viene siendo investigada por el presunto delito de apología al terrorismo por sus frases o defensa de terroristas como “Vilma”, conocida vocera de Sendero Luminoso en el VRAEM; entre otros parlamentarios.

Esta semana, además, la PG solicitó a la fiscalía iniciar investigación contra David Jiménez Heredia (FP) por presunto peculado tras conocerse que una asistente de despacho congresal labora en la empresa privada del congresista, en horas de trabajo parlamentario.