Martín Vizcarra y el fraude en el JNE

A Martín Vizcarra se le puso a la fuerza en la carrera electoral, a pesar que mintió en su Declaración Jurada al omitir que poseía el 30% de acciones en la empresa moqueguana Estuquiña S.A. y que está valorizada en más de 3 millones de dólares.

El candidato expresidente ya había sido excluido del proceso electoral por el Jurado Nacional de Elecciones, con 3 votos en contra y uno a favor el 08 de enero pasado; pero luego, los dos magistrados que primero votaron en contra, llámese, el Presidente del JNE Jorge Luis Salas Arenas y Jovián Valentín Sanjinez Salazar cambiaron sus votos a favor, para favorecer a Martín Vizcarra y así pueda seguir postulando en los próximos comicios de abril.

En el informe publicado por Ricardo Uceda, se menciona que el pleno del JNE también atendió la apelación de la tacha interpuesta al candidato del Partido Morado Nicolás Talavera, por haber omitido ser accionista de una empresa de marketing; sin embargo, como no había un casillero en el formato de las hojas de vida para que el candidato declarara sus acciones, arguyeron que no habían omitido información relevante, simplemente, porque el JNE lo había suprimido.

En esa misma sesión se vio el caso del candidato de Alianza para el Progreso, Orlando Mollo que fue tachado por haber omitido mencionar que era socio mayoritario en una empresa; sin embargo, el Jurado Departamental alegó que el formulario de declaraciones solo pedía señalar automóviles.

Estos casos fueron resueltos por el pleno del JNE, presidido por Jorge Luis Salas Arenas que es vocal de la Corte Suprema, Luis Carlos Arce Córdova, que es Fiscal Supremo del Ministerio Público, Jovián Valentín Sanjinez Salazar y Jorge Armando Rodríguez Vélez, ambos designados por las facultades de Derecho, públicas y privadas, respectivamente.

Pero aquí viene lo insólito; los magistrados del JNE primero deliberaron, votaron y después se tomaron un tiempo para redactar la sentencia; incumpliendo de esa manera un acuerdo de 2017 donde se establece que la decisión del fallo se publica inmediatamente después de adoptarse, para coadyuvar a que se cumpla con el debido proceso y evitar presiones políticas y tráfico de influencias.

Sin embargo, en el JNE dos magistrados “no estuvieron seguros de su votación” y por eso la cambiaron como si estuvieran en un juego de amigos de barrio. Todo eso se desarrolló entre el 20 de enero y el 3 de febrero. Y en el caso de Martín Vizcarra en una audiencia del 26 de enero pasó lo que todos conocimos al principio, Vizcarra quedó fuera, pero luego en el pleno del 29 de enero, los dos magistrados cambiaron su voto. Y como “para pasar piola” y emparejar un criterio de “coherencia”, resolvieron y uniformizaron los resultados de los casos de los candidatos Nicolás Talavera, Orlando Mollo y Julio César Sumerinde, cuyos párrafos de sus resoluciones eran idénticos y que actualmente han vuelto a ser admitidos a la carrera electoral.

El JNE excluye listas de candidatos por fallas en su sistema digital    

Los miembros del JNE excluyeron de forma draconiana a otros partidos postulantes, pero con Martín Vizcarra han sido más que “generosos”.  Por su parte, el excandidato de Perú Nación, Francisco Diez Canseco denunció que fue excluido porque solo tuvo 10 segundos de retraso en la inscripción, cuyo trámite virtual lo empezaron con una semana de anticipación. El Jurado vulneró la Ley del Procedimiento Administrativo General, que en su artículo 138º indica que los actos de naturaleza continua, iniciados en hora hábil, son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención; sin embargo, como decía Martínez Morisini, aquí no pasa nada.

Chanchullo a la vista, pero aquí no pasa

Esta vez, el Ministerio Público en manos de la no habida Zoraida Ávalos ya no puede hacerse el muertito y tiene que pronunciarse y anunciar que abrirá una investigación, si tomamos en cuenta que el Presidente del JNE, Salas Arenas debió inhibirse del proceso, porque su hermano Héctor Benjamín Salas Arenas fue favorecido con una Resolución firmada por el propio Vizcarra, cuando era Gobernador Regional de Moquegua el 19 de mayo de 2014, para que su proceso prescribiera (aquella vez, Martín Vizcarra exculpó al hermano del presidente del JNE). El presidente del Jurado, en su calidad de juez sabe perfectamente que no puede pronunciarse cuando uno de sus parientes ha sido beneficiado directamente por la persona sobre la que va a resolver; pero eso no le importó… él voto y no se excluyó del fallo.

El presunto fraude electoral se consumó a la media noche del miércoles 4 de febrero, cuando el JNE emitió un documento resolviendo declarar FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el personero legal de Somos Perú, a pesar que el mes pasado ya había sido excluido por falta grave cometida en su declaración jurada.

Este escándalo es inadmisible en un órgano tan importarte como el JNE, porque no se puede alterar una decisión, para acomodarla luego y dar la impresión de una coherencia. El Jurado está dando muestras de pretender distorsionar un proceso electoral y si eso se comprueba, es un acto sumamente grave.

Pareciera que se está gestando un proceso de fraude para eliminar a todos los candidatos que están en carrera.  ¿Por qué no aparece el fiscal Germán Juárez Atoche y no pide prisión preventiva contra Martín Vizcarra? si tomamos en cuenta, que todos estos actos concernientes al levantamiento de sus tachas son actos de obstaculización.

Algo está pasando en la Fiscalía y en el Equipo Especial que está manteniendo los expedientes congelados, porque Juárez Atoche posee la información del Club de la Construcción desde el año 2015, brindada por un colaborador eficaz y otras informaciones de otros colaboradores que dieron lugar a la vacancia; él la tiene en su despacho hace más de dos años; sin embargo, aún no formula acusación.  

El JNE ya debe ser intervenido por el Poder Judicial y su presidenta Elvia Barrios también tiene que pronunciarse de una vez. Ella tiene la obligación de defenestrar al Presidente del Jurado y la Junta Nacional de Justicia de nombrar al nuevo representante del PJ en el JNE. A su vez, éste deberá revisar en el nuevo pleno, todas las actuaciones del señor Salas Arenas. En esa línea, Mónica Yaya, acaba de anunciar que le envió una carta a la doctora Elvia Barrios pidiéndole que retire al magistrado Salas Arenas del JNE y que en su lugar nombre a quien fuera elegida como su sustituta en la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, hasta ahora no obtiene respuesta.

El objetivo de Martín Vizcarra, es ser el próximo presidente del Congreso y al parecer, lo tiene todo planeado. Basta leer las palabras textuales de su socio Daniel Salaverry: “El presidente Vizcarra va a tener mucho trabajo siendo presidente del Congreso; no me queda ninguna duda que somos Perú va a ser una bancada importante en el Congreso y que el presidente Vizcarra es el próximo presidente del Congreso”.

La excongresista Yeny Vilcatoma, que anteriormente presentó tachas contra la candidatura de Vizcarra, ha anunciado que va a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía de turno contra los integrantes del JNE, porque a ellos no los protege el antejuicio político, tal como señala el artículo 99º de la Constitución. Según Vilcatoma, estas denuncias se han conocido gracias a la publicación de Mónica Yaya, porque los asesores, secretarios y todos los que fueron testigos de estas movidas dentro del JNE, denunciaron y le dieron esa información directamente a ella. Asimismo, la exlegisladora en la denuncia penal va a presentar los nombres de los asesores y de los asistentes, como medios probatorios para que den fe de todos los actos irregulares del día de las votaciones y de cómo luego se cambiaron esas votaciones. Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones han cometido delito de prevaricato y delito de encubrimiento y cambiaron tres resoluciones con el único afán de favorecer a Martín Vizcarra.

Esto es un hecho sin precedentes que se tumba de forma vergonzosa un sistema de institucionalidad que cada vez es más pisoteado por las decisiones de políticos corruptos que solo cautelan los intereses de sus cofradías en desmedro del Estado peruano. Sin embargo, esto debe parar y las máximas instancias del Estado ya deben pronunciarse en el acto.

Lamentablemente, hemos sido testigos que las instituciones que deben velar por el interés público, están tomadas por los poderes facticos y por el gobierno. Y eso podremos comprobarlo cuando en las próximas horas el Poder Judicial, La Fiscalía de la Nación, La Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, La Contraloría y la Procuraduría del Estado, hagan caso omiso a este escándalo que ya enturbió el proceso electoral. Y además seremos testigos de una prensa oficialista que esconderá esta noticia.