Opinión

Martín Vizcarra pretende obtener inmunidad parlamentaria postulando al Congreso

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El exjefe de Estado manifestó a la opinión pública que sus intereses para llegar al Congreso de la República obedecen a fines altruistas.

En una hilarante entrevista que brindó ayer en un programa dominical, el expresidente Martín Vizcarra afirmó que estaría evaluando postular al Congreso de la República en los comicios de abril próximo, y que la decisión la tomará esta semana.

Aunque aún no se confirma, es posible que Vizcarra postule por el partido Somos Perú, si tomamos en cuenta que este domingo 29 de noviembre más de 150 mil Somistas elegirán a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencias, congreso y parlamento andino a través del voto directo de sus afiliados. Es decir, la fecha encaja para el probable candidato moqueguano.

Recordemos, que la Fiscal de la Nación ante la presión social abrió investigación preliminar a Martín Vizcarra por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias agravado, y obstrucción a la justicia en agravio del Estado por el caso Richard Swing. Sin embargo, dicha investigación se contradecía así misma; pues, la propia Zoraida Ávalos en un afán de blindar al exmandatario emitió un comunicado donde indicaba que la reserva dispuesta para dar inicio a la investigación sería a partir del 28 de julio de 2021. No obstante, luego del 11 de noviembre, luego de haberse consumado la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, todo dio un giro inesperado y la propia Fiscalía remitió un oficio (Carpeta Nº 126-2020) para disponer las investigaciones preliminares por las extrañas contrataciones de Richard Cisneros en el ministerio de Cultura; en ese sentido, la fiscalía ya contaba con testigos protegidos y aspirantes a la colaboración eficaz que revelaron que la orden para contratar al cantante vino desde Palacio de Gobierno.

Si bien, el fiscal supranacional Elmer Chirre inició investigación al expresidente por el caso Moquegua (Lomas de Ilo y hospital de Moquegua) por los delitos de colusión, peculado doloso, negociación incompatible, omisión de actos funcionales, corrupción de funcionarios y cohecho, el fiscal Supremo Pablo Sánchez decidió que el Equipo Especial Lava Jato continúe la investigación a Martín Vizcarra. En ese sentido, Germán Suárez Atoche ha sido ratificado como el fiscal encargado de esta investigación, y no Elmer Chirre de la Fiscalía Anticorrupción.

En aquella entrevista, que más parecía un publirreportaje Martín Vizcarra se dio el lujo de afirmar que si llegara al Congreso pretende reformar algunos capítulos de la Constitución, en alusión al capítulo sobre la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral; asimismo, dijo que eliminará la inmunidad parlamentaria. Prácticamente fue un mensaje entre líneas, y es casi seguro que en los próximos días veamos a un presidente destituido anunciar oficialmente su próxima candidatura congresal.

La estrategia es más que evidente. Martín Vizcarra como ya está vislumbrando que sus investigaciones luego de un tiempo pasarán a ser preparatorias, entonces, habría posibilidad de que luego la Fiscalía pida otras medidas restrictivas excepcionales como la prisión preventiva. En ese sentido, él despachando dentro del Congreso como parlamentario y por más que impulse un proyecto para retirar la inmunidad, de todas formas, ya estaría protegido con dicha inmunidad durante un quinquenio (2021-2026) y además no estaría sujeto a mandato imperativo alguno, según señala el artículo 93º de la Carta Magna.

Los simpatizantes de Martin Vizcarra tienen como respuesta que el moqueguano no está impedido de ser candidato presidencial, sea ésta a través de cualquier agrupación política.  Y en efecto; si leemos el Artículo 91 de la Constitución que señala los impedimentos para no ser elegido congresista, podemos observar que ninguno de los cuatro incisos de impedimentos alcanza a Martín Vizcarra. Asimismo, Vizcarra tampoco está impedido de postular al Congreso, de acuerdo a la modificación del Artículo 34º de la Constitución que señala que no pueden postular a cargos de elección popular las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos. Por si fuera poco, tampoco lo impediría el Artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones que señala: que no pueden postularse para congresistas los sentenciados en primera instancia.

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