Martín Vizcarra en el banquillo de los acusados a partir del 29 de julio de 2021

Escribe Luis Felipe Alpaca

Actualmente en Perú se vive una crisis política que ha derivado en la posibilidad de una probable disolución del Congreso de la República, en caso éste no brinde durante la actual Legislatura la debida confianza para  impulsar las 5 reformas que han sido solicitadas por el presidente Martín Vizcarra a través del Premier Salvador del Solar.

Sin  embargo, esta  crisis viene plagada de innumerables factores que están asociados a las cuestionadas conductas que han venido ejerciendo precisamente la mayoría de los agentes  políticos en los últimos años; sean estos, o no, funcionarios públicos. Vale decir: candidatos al Congreso, a la presidencia de la república, a gobiernos regionales, a alcaldes, y también: presidentes, congresistas, alcaldes, gobernadores regionales, empresarios, estudios de  abogados, entre otros.

El caso Lava Jato, y el antecesor ingreso al país de las empresas constructoras brasileñas corruptoras, y el denominado e intocable Club de la Construcción nos dieron muestra que las prácticas montesinistas continúan en pleno siglo XXI.

Asimismo, la solución de los verdaderos problemas que sufre el país se han visto desatendidos precisamente gracias a dos Poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) que lo único que han hecho es pelearse y enfrentarse sin tregua, en desmedro de millones  de peruanos que ya están fatigados de tanto desgobierno. En ese sentido, no es menos cierto que el actual parlamento ha sido tomado por una mayoría funesta que solo defiende los intereses de su “organización” y de su lideresa, ello, acompañado de sus “socios” los apristas; pero tampoco es menos cierto que el presidente Vizcarra dista de ser un Estadista en todo el sentido de la palabra, porque solo le preocupa su caída en las encuestas, en tanto, su incapacidad para gobernar viene siendo coadyuvada por aquel díscolo Poder Legislativo.

Por otro lado, se habla de reformas  para combatir la corrupción, y el presidente Martin Vizcarra denominó al año 2019 como el ‘Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad’; ironías de la vida es ver que Vizcarra que es la continuidad del hoy procesado PPK, actualmente viene afrontando decenas de investigaciones penales por delitos contra la Administración Pública desde la época que fue gobernador regional en Moquegua (2011-2014), incluso el ex Fiscal de la Nación Pablo Sánchez archivó una denuncia interpuesta por la Procuraduría Anticorrupción contra Vizcarra cuando fuera ministro de Transportes y Comunicaciones y suscribiera la adenda de un contrato en favor de la concesionaria Kuntur Wasi para el inicio de la construcción del aeropuerto Internacional de Chinchero en la ciudad de Cusco, cuando emitió la Resolución Ministerial Nro. 041-2017-MTC/01 del 2 de febrero del 2017.

Esta vez, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua ha denunciado al presidente Vizcarra por el presunto delito de Negociación Incompatible en agravio del Estado (Articulo 399 del C.P) por haber autorizado pagos por trabajos no realizados en el control y la supervisión externa en la construcción de la infraestructura de riego de la represa Chirimayuni en Moquegua, durante el tiempo que ejerció su gestión entre el 2011 al 2014.

Cabe indicar que el presidente actualmente goza de inmunidad presidencial, sin embargo, el fiscal responsable Walker Fredy Ríos Calizaya ha requerido al Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Moquegua en el expediente N° 48 -2016-90 que se levante el impedimento de acusación contra Martin Vizcarra por inmunidad presidencial, y que se desacumule el proceso. Eso significa que el representante del Ministerio Público pretende que al presidente Vizcarra se le aparte de aquel proceso acumulado entre los otros imputados: César Augusto Ramos Zamora, Víctor Federico Mireles Mamani, Jhonny Iván Obispo Cabrera, y Félix Teodoro Terreros Guerrero, denunciados por Peculado por Apropiación (Articulo 387 del C.P)  contenido en la acusación de fecha 28 de octubre de 2016, para que luego de concluido el mandato presidencial se pueda formular la denuncia respectiva y en un proceso individual, vale decir sin la figura de la Acumulación por conexión procesal, según lo señala el inciso 2 del artículo 31° del Código Procesal Penal.

Lo cierto es que el presidente Martin Vizcarra según la Disposición N°14 de la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua, luego de que concluya su mandato presidencial tendría que responder penalmente ante la justicia por haber permitido los pagos de valorizaciones ficticias en favor del Consorcio Chirimayuni, lo que significaría que en su calidad de gobernador de Moquegua habría favorecido a dicho Consorcio; no obstante, aquella próxima acusación por el presunto delito de Negociación Incompatible tendría que iniciar su proceso el 29 de julio de 2021, por un hecho que ya lleva ocho años de investigación.