Se queda sin piso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales verá hoy las dos acusaciones constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos delitos penales por la vacunación con dosis de Sinopharm destinadas a un estudio clínico, conocido como caso Vacunagate.
La acusación constitucional 422, a cargo de la congresista María Teresa Cabrera, atribuye a Vizcarra el delito de colusión agravada, ya que en su condición de Jefe de Estado formaba parte de la negociación para la adquisición de las vacunas.
También le atribuye los presuntos delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias, malversación y cohecho pasivo, dado que, aprovechando su alta investidura, solicitó ser beneficiado con la aplicación de la vacuna.
En tanto, la acusación constitucional 424, presentada por los parlamentarios Orlando Apara Roque y Rubén Ramos, es por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La denuncia sostiene que el exmandatario se habría valido de su cargo para obtener dosis de la vacuna Sinopharm destinadas al estudio clínico.
Estas acusaciones fueron aprobadas, a través de su informe final, con 14 votos a favor para su sustentación en el pleno.
El congresista Carlos Mesía, de la bancada de Fuerza Popular, sustentó dicho informe ante el grupo parlamentario. Este concluye que el exmandatario Martín Vizcarra, Germán Málaga Rodríguez, exjefe del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm, y Pilar Mazzetti, exministra de Salud, son coautores de los delitos de organización criminal, colusión agravada, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
“Ellos ya estaban vacunados en tanto que 30 millones de peruanos fueron abandonados a su suerte y las vacunas no llegaban, no alcanzaban porque se perdió tiempo en el afán de favorecer al laboratorio que los favoreció”, cuestionó el congresista fujimorista durante la presentación del informe final.
Además, el documento advierte que representantes del laboratorio chino Sinopharm se comunicaron con Hugo García Lescano, quien fue el coordinador del ensayo clínico de la UPCH, donde se habría dejado constancia de que la donación de 3200 dosis de vacunas de emergencia activas era directamente para el Estado peruano y no para el ensayo clínico.
Finalmente, este caso deberá ratificarse ante la Comisión Permanente y también en el Pleno. De ser así, el exmandatario podría ser investigado por el Ministerio Público por estos delitos.
