Al parecer, estaba pauteado. Martín Vizcarra retornó de Canadá para asumir el mandato presidencial, en medio de una crisis política generada por su anterior líder el expresidente PPK, que tuvo que salir por la puerta falsa de su gobierno renunciando el 21 de marzo de 2018, al saberse perdido antes de terminar siendo vacado por el Congreso nacional.
Martín Vizcarra que un día antes celebraba sus 55 años de edad, recibió como regalo de cumpleaños la dirección del gobierno peruano, y según el mandato constitucional el 23 de marzo de 2018 se convirtió en el 61° Presidente Constitucional de la República del Perú.
Han pasado 365 días de promesas, debates
políticos, de anuncios de reformas sustanciales para el reordenamiento del
país; sin embargo, las sobrevinientes denuncias por corrupción contra más
congresistas, ministros, magistrados y procuradores siguen siendo el pan de
cada día en medio de un gobierno que como táctica marketera supo insertar como
etiqueta profiláctica el nombre oficial del año 2019 en Perú, como: “Año de la lucha contra la corrupcióne impunidad”. Dicha nomenclatura
durante los 3 trimestres siguientes será usada como membrete en los documentos oficiales
del Estado; eso sin perjuicio de que nuevamente sean firmados por especímenes del
tipo Hinostrozas, Mamanis, Morenos, Ríos, y Oviedos…
En aquel momento, como una
especie de toma y daca, el flamante nuevo presidente cuya experiencia política
no es discutible, (ya había sido presidente regional de Moquegua, ministro de
Transportes y Comunicaciones, y embajador del Perú en Canadá) digamos que
premió al gestor de la nueva vacancia del norteamericano dimitido, el mismo que
le allanó el camino para que asumiera la máxima magistratura nacional, me
refiero al congresista de Alianza para el Progreso César Villanueva; y lo
nombró jefe del nuevo gabinete ministerial.
Aquel gabinete ya es historia, porque
en menos de 11 meses de gobierno fracasó por su falta de liderazgo y
comunicación, y por no atender los problemas relevantes del país. Hoy tenemos a un nuevo Premier, bien parecido-galante-empático
con los entrevistadores, que encaja muy bien en su ceñido traje, y que trae
bajo el brazo un guion tipo teatral que busca hacer creer un desencuentro y/o
contienda con el gurú de los empresarios el “Buenaventurado Confiepso” Roque
Benavides.
No sabemos hasta cuándo el
“capitán Panta” cumplirá la plana de relacionista público de Vizcarra, si es
que antes no abandona el barco, como lo hizo con PPK luego del famoso indulto
navideño. Aún el Congreso no le brinda el voto de investidura; y se acorta el
plazo, aunque de seguro se lo otorgarán porque ellos tampoco se despojarían de la
poca mamadera que les queda hasta el
2021, ya que nunca se dispararían a los pies buscando su disolución, luego de
censurar a 2 ministros.
Por más que el presidente Martin Vizcarra
se haya metido al bolsillo al pueblo con su mensaje del 28 de julio pasado, donde
como fortaleza arrolladora voceó el proyecto de las famosas reformas políticas
y judiciales, y con referéndum incluido, donde le dio en la yema del gusto a la
gente para que decidiera los destinos de aquellas reformas; a pesar de ello la
población parece haber despertado de su sueño a lo Rip van Winkle, y ya no
desea firmar cheques en blanco. De ahí su estrepitosa caída de popularidad en
las encuestas.
El pueblo ha sabido ser escéptico cuando la situación lo amerita, y por ello hoy se muestra incrédulo; luego de constatar que la famosa reconstrucción sigue siendo una eterna planificación con logros fallidos, sin entregar aún las voceadas 20 mil viviendas a los damnificados (apenas se llegó a la mitad de entregas); y con un vertiginoso aumento trimestral de la tasa de desempleo de 7% por cierto, (la indolencia del Ejecutivo no tuvo reparos, al observar la ley del REJA en diciembre de 2018, y que impidió que actualmente 2.5 millones de afiliados desempleados no accedan a cobrar su propio dinero para subsistir).
Eso sin contar las mentiras del presidente; como la negación reiterada que hizo ante la noticia de sus reuniones personales con Keiko Fujimori, y que luego terminó reconociendo, pidiendo perdón por el error. No obstante, su falta de responsabilidad para aclarar la verdadera participación de su empresa CyM Vizcarra S.A.C que brindó servicios por 323 mil soles a CONIRSA, consorcio que alberga a empresas como Odebrecht, ICCGSA, JJ Camet, y Graña Y Montero, coadyuvan para seguir alimentando aquella bruma existente; sin embargo, él primero negó sus contratos con Odebrecht, y poco después, lo reconoció.
A todo esto, y a pesar de haber
logrado un crecimiento económico del 4% a niveles macroeconómicos, y de venir
avanzando en los lineamientos de la nueva Junta Nacional de Justicia, el
presidente Vizcarra tiene mucho por hacer, y resarcir.
Es el momento de que tome el reto
con liderazgo y protagonismo de estadista, pero eso no significa que
protagonice aquel liderazgo y afán para participar en los protocolos
monárquicos, como lo hizo recientemente en España con el rey Felipe de Borbón. En
ese sentido, los peruanos tampoco hemos perdido la perspectiva, porque tenemos muy
presente que Martin Vizcarra es una especie de remanente del ex gobierno de PPK
que solo gobernó para cautelar los intereses de los grandes consorcios
empresariales; y por ello aquel mal precedente tiene que ver con la negativa
participación de Vizcarra como ministro de Transportes y Comunicaciones cuando
intentó favorecer al Consorcio Kuntur Wasi en el proyecto de la construcción
del Aeropuerto Internacional de Chinchero firmando en febrero de 2017 la famosa
adenda con insólitas modificaciones con el cuento de que era la mejor salida
para el Estado peruano porque se ahorraría una deuda de 590 millones de
dólares.
Por lo tanto, es exigible que el
presidente Vizcarra haga un mea culpa,
y en el corto plazo que le queda de mandato se despoje por un momento de su
condición de empresario, y que gobierne para afrontar realmente los verdaderos
problemas del país que son la educación, la desnutrición, la falta de programas
sociales, la inversión pública e infraestructura, y principalmente que emprenda
una verdadera reforma laboral que favorezca a los intereses de los
trabajadores, que son los que menos recursos tienen; y no a los intereses de
las poderosas empresas lideradas por Confiep y que en las últimas décadas
vienen imponiéndole la agenda a los gobiernos de turno.