Marita Barreto solicita medidas cautelares ante la CIDH para suspender su destitución en la EFICCOP

Atenta a las represalias. Una guerra sin cuartel se ha desatado dentro del Ministerio Público y se puede apreciar una notoria división entre los fiscales. Una de las agraviadas de lo que fue una noche de puyazos y golpes bajos fue la fiscal Marita Barreto, quien ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se suspenda la resolución de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien le quitó el mando del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).

Y no solo eso, Barreto Rivera también requiere que el Estado peruano “adopte las medidas necesarias” para proteger su vida y la de su familia toda vez que “en estos últimos tiempos ha venido siendo “pasible de seguimientos, reglajes, hostigamientos, presiones y hostilizaciones”.

“(La fiscal de la Nación) Me cesa en el cargo de fiscal superior provisional y Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficoop) en un momento en el cual obtuve una medida judicial de detención provisional contra el principal asesor de confianza de la fiscal de la Nación, Doctora Liz Patricia Benavides Vargas, como parte de una presunta organización criminal liderada —nada más y nada menos— que por ella misma, advirtiéndose presuntas componendas con algunos miembros del Poder Legislativo a fin de favorecerla”, se lee en el escrito.

Como se recuerda, la fiscal de la Nación retiró a Barreto en la madrugada del lunes 27 de noviembre, tras tomar conocimiento de que se llevaría a cabo un operativo en el que su asesor Jaime Villanueva sería detenido por presunta organización criminal y tráfico de influencias.

La organización criminal, de acuerdo con la hipótesis del EFICOOP, estaría liderada por el titular del Ministerio Público para lograr la impunidad en las investigaciones disciplinarias que se le sigue en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Para lograr ello, habría, a través de su asesor, coordinado ilícitamente la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la inhabilitación de Zoraida Ávalos y la remoción de la JNJ.

El dato:

Tras la remoción de Barreto en el EFICCOP, la fiscal de la Nación puso en su lugar al fiscal José Cuya, pero este declinó por “motivos personales”. Conocido ello, la fiscal Benavides nombró a Daniel Jara, un fiscal adscrito a su despacho, es decir, un fiscal de su confianza.