Por Edwin A. Vegas Gallo (1)
El mar peruano sigue siendo el gran olvidado, en materia de políticas de conservación, protección y de administración, a pesar que su dominio marítimo es de 913,030 km2 (incluidos los 50 284 km2 recuperados en la Corte de La Haya), área que va desde el borde costero hasta las 200 millas marinas jurisdiccionales. Ello representa el 70% de la superficie continental del país.
Señalamos que es un mar de problemas por las siguientes razones:
- Ambientales, relacionados con las actividades pesqueras que involucran tanto aspectos de sobre explotación (anchoveta), como pérdida de especies (sardina extinguida, el machete casi extinguido aparte de las machas) y contaminación por descargas industriales, efluentes domésticos, material de pesca perdidos/abandonados/descartados y plásticos.
Entre los ejemplos clásicos de sobreexplotación de recursos (anchoveta), con crecimiento explosivo poblacional humano, está el caso Chimbote-Región Ancash. En 1940, Chimbote era una simple caleta de pescadores, que contaba con poco más de 400 habitantes. La explotación de enormes cardúmenes de anchoveta con la instalación de fábricas harineras y de conservas, convirtió a Chimbote en el principal puerto pesquero del país en los años 50 pasados. En los 60 pasados su población era de 60 mil habitantes y en los 80 pasados llegó a 200 mil. Hoy se acerca al millón de personas. Mientras que la captura de anchoveta pasó de 59 mil toneladas en 1955 a casi 3 millones en 1960 hasta rebasar los 12 millones en 1970 y 1971. No considerando para nada El Fenómeno El Niño.
Evidentemente estas prácticas eran insostenibles y siempre eran alentadas por la economía lineal empresarial.
Aún hoy la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) alienta estas prácticas, a pesar que oficialmente PRODUCE, ha determinado que no habrá la primera temporada de pesca de anchoveta 2023.
2. De Relaciones Internacionales: pendiente la adhesión a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982 y en 1994 entra en plena vigencia internacional) y a la nueva conquista del Derecho Ambiental marino, la Convención del Alta Mar (5 marzo 2023) relativa a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina de las zonas situadas fuera de las 200 millas de jurisdicción nacional. Estos temas obligatoriamente la Cancillería peruana los debe pasar por el Congreso de la República y no hay cuándo. Por cierto en Perú este tema es tabú y a todo aquél que ose tratarlo, casi es considerado como traidor a la Patria, por supuesta intromisión a la soberanía del Estado peruano.
3. Pesca ilegal nacional no declarada, que según el Ejecutivo peruano, asciende cada año en 1,200 millones de soles. En cuanto a la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada, realizada por la flota china dentro de las 200 millas peruanas y en la frontera de ella, asciende a cientos de millones de dólares cada año, según la ONG FINANCIAL COALITION TRANSPARENCY (U. S. A).
4. Problemas de transporte marítimo y contaminación por los buques (agua de lastre y bioincrustaciones), que deben verse política y científicamente, en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI) que en alianza con la FAO, ayuda a países como el nuestro a permitir que se implementen y hagan cumplir de manera efectiva los marcos regulatorios internacionales, así como promover el intercambio de buenas prácticas para la prevención, reducción y control de basura plástica marina procedentes de actividades en el mar. Ello en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), 14 (Vida Submarina) y 17 (Alianzas para lograr los Objetivos); mediante el desarrollo de capacidades, formulación de políticas, planificación de acciones, casos prácticos y desarrollo legislativo nacional.
5. Problemas de ordenamiento administrativo y judiciales del instituto de investigación científica IMARPE, quién desde la filtración de documentos (IMARPEGATE) de 2019, para manipular datos de la biomasa de la anchoveta y favorecer la sobre pesca de 4 Empresas, ahora sigue la investigación del Ministerio Público y los responsables amarrados en sus puestos. Situación que llevó a la ex ministra PRODUCE, Rocío Barrios Alvarado, para con Decreto de Urgencia 015, solicitar la reorganización de la entidad, sin que a la fecha se dé la publicación del ROF, para que la Presidencia IMARPE, salga a concurso público, vía SERVIR. Más bien el congresista José Cueto Aservi (Renovación Popular, ex almirante), propicia un proyecto de ley, para que el presidente del IMARPE, sea siempre un oficial retirado de la Marina y que además se incorpore al Consejo Directivo a un miembro oficial de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Ello en evidente conflicto de intereses políticos del congresista-almirante Cueto Aservi. Ni que decir de la reciente remoción del gerente general del IMARPE, decisión tomada en Consejo Directivo sin dos directores que renunciaron (representantes de la SNP y de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) ¿Por qué será que renunciaron?) y que a la fecha no han sido reemplazados.
Entre Los temas judiciales del IMARPEGATE, pasan por los funcionarios: Ramiro Castillo, a quien actualmente el Ministerio Público le ha iniciado una investigación preliminar por presunta comisión del delito de lavado de activos, conjuntamente con Renato Guevara, actual Director Ejecutivo Científico (DEC) del IMARPE, el primero hoy lunes 22 de junio ha sido designado Director General de Investigaciones hidroacústicas del IMARPE y el segundo continua como DEC.
6. Astilleros ilegales, que siguen construyendo barcos pesqueros, con una flota sobre dimensionada, generando la tragedia del bien pesquero, al más puro estilo de la tragedia de los bienes comunes o pastizales de Garret Hardin ( 1968, el sobre uso de los bienes es la tragedia de todos). Para salir de esa crisis no sostenible de problemas para la salud del mar peruano, se hace de necesidad precautoria y preventiva, de una política integradora marina, no pensando en el mar de modo fragmentario o sólo mostrar preocupación, cuando los usuarios pescadores claman por parar la matanza de la anchoveta o el clamor de los damnificados del derrame Repsol de Ventanilla o los usuarios pescadores artesanales de Cabo Blanco cuando sufren los derrames de hidrocarburo o con la presencia de mareas rojas o puntos negros de contaminación urbana, ambiental, plásticos o por muerte de mamíferos marinos.
Esa perentoria política marina, debe pasar por el conocimiento científico y tecnológico, pero con verdadera investigación, con organización y con medios humanos y materiales.
Un buen comienzo sería la creación de un Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Marina, con financiamiento suficiente para hacer frente a los retos que se avecinan.
Fuente de consulta:
Edwin Vegas Gallo (2005). Un nuevo enfoque para la gestión de la biodiversidad marina y costera. www.repositorio.upci.edu.pe
Paola Acuña Chacón (2023). Soluciones Sostenibles conjuntas para preservar los Océanos. Coordinadora Proyecto Glo Litter OMI-FAO-NORAD, COSTA RICA.
(1) Presidente del Instituto Internacional de Derecho Ambiental y Ecología Política
