Al momento de escribir este artículo, el coronavirus seguía haciendo estragos en el Perú: 1,200 fallecidos y 42,534 contagiados. Mientras tanto, el mundo sigue sintiendo el feroz latigazo de la pandemia con más de 245 mil muertes y 3,4 millones de casos.
En nuestro país, la pandemia demuestra que todos somos –teóricamente– iguales ante la ley, pero ante la enfermedad somos distintos. Dos situaciones lo confirman: el éxodo de miles de peruanos que decidieron ir caminando de regreso a sus tierras en la sierra y la selva, empujados por el hambre y la falta de trabajo.
La otra situación es más trágica, aunque a muchos peruanos “de primera clase” parece no importarles: hay cerca de 93 mil internos en 69 establecimientos penitenciarios del Perú, de los cuales casi la mitad están en prisión preventiva, en calidad de procesados, es decir están presos sin una sentencia firme emanada de un juzgado penal competente.
Hacinados, sin medicinas ni médicos en la cantidad suficiente, la prueba de que los penales son una “bomba” de tiempo se pudo ver la semana pasada: nueve internos fallecieron durante un motín en el establecimiento penal Miguel Castro Castro, en el populoso distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Los internos reclamaban atención por parte del gobierno, en medio de la angustia por no contagiarse del coronavirus. Estos días hubo motines en los penales de Ancón II (más conocido como “Piedras Gordas”) y Picsi, en Lambayeque.
Pero no solamente los internos están en riesgo: también son vulnerables los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la entidad estatal encargada del control de los penales. De hecho, la semana pasada se reportó que tres servidores habían fallecido, entre ellos el alcaide del penal El Milagro de Trujillo, Ricardo Piedra Cáceda. Se ha reportado que más de cincuenta están contagiados.
Lo cierto es que los penales representan un riesgo muy grave, pues los presos viven en total hacinamiento, ya que según las estadísticas hay un 134% de sobrepoblación debido a la razón antes mencionada: más de la mitad solo están inculpados.
Esta situación se repite en todos los penales de Latinoamérica. Tal como lo señala un informe de la agencia Associated Press, la mezcla de Covid-19 y cárceles es un “cóctel explosivo”.
“En América Latina más de un millón y medio de presos están sin visitas, hacinados, muchos sin agua y con poco jabón para asearse y algunos en cuarentena en celdas de castigo ante un peligroso enemigo invisible. Hasta ahora las autoridades han reportado casi 1,400 contagiados entre convictos y guardias y en torno a una veintena de muertos en distintos países. Perú, aunque no es una de las naciones con mayor población carcelaria, se ha llevado la peor parte: más de 613 casos confirmados y al menos 13 fallecidos (…) América Latina no ha llegado todavía al pico de la pandemia pero la tensión en los penales, muchos plagados desde antes de violencia, corrupción y con autogobierno de los presos, no para de crecer. Y los motines se multiplican (…).”, señala el reporte.
Lo más lamentable es que a muchos no les interesa este tema. He podido ver en redes sociales opiniones crueles, tales como: “déjenlos que se pudran en las cárceles” hasta “deben morirse para limpiar el país de tanta delincuencia”. Hay una sorprendente falta de humanidad y se desconoce que, a pesar de que muchos de ellos han cometido graves delitos, son personas humanas que tienen derechos fundamentales a la vida y a la salud.
Según Associated Press, el pasado 11 de marzo, poco después de que el coronavirus fuera declarado una pandemia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó que “muchas cárceles latinoamericanas estaban atestadas de manera peligrosa, con condiciones higiénicas deplorables y servicios de salud deficientes o inexistentes y pidió la excarcelación de los reos menos peligrosos y de los detenidos sin motivos jurídicos suficientes, llamamientos que han reiterado otros expertos”.
La misma fuente señala que Lucía Dammert, académica y experta en Seguridad Pública de América Latina, advirtió que “el costo de salud que puede generar que haya 100, 200, 500 personas del sistema carcelario que necesiten intubaciones o sistemas de ventilación, es imposible de mantener”.
(*) Escritor, poeta, editor y sociólogo. Presidente del Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y director de Editorial Río Negro.
