Distritos como San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP), o casi todo el norte del país se encuentran a merced de las bandas criminales que extorsionan, asesinan a plena luz del día, lanzan granadas de guerra, o cobran cupos a cualquier sujeto que tenga un negocio, ciudadanos como Manuel Merino de Lama tienen el privilegio de tener 10 policías resguardándolo día y noche; algo que un ciudadano de pie tiene que tirarse al suelo para que aparezca un efectivo policial.
El ex jefe de Estado, quien solo gobernó durante cinco días, tiene bajo su orden 10 suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) según información difundida por el diario El Comercio.
El ex titular del Poder Legislativo remitió una carta al actual oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, a inicios del mes pasado solicitando que se le deposite el pago “por concepto de movilidad” a los 10 policías que tiene asignados. Y adjunta un documento, donde está cada una de las cuentas bancarias de estos.
El Decreto Supremo N°004-2022-IN- promulgado en mayo del año pasado por el entonces presidente Pedro Castillo y ministro del Interior, Alfonso Chávarry- actualizó el Reglamento de Seguridad y Protección a Funcionarios Públicos, Dignatarios y Personalidades. En su artículo 7.3 establece que los expresidentes gozan de protección semi integral.
Este servicio es brindado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Seguridad del Estado.
El artículo 7.2 indica que la protección semi integral comprende el resguardo personal “permanente, así como la seguridad en el inmueble donde la persona protegida fija su residencia”. “El servicio excluye la protección de su cónyuge, padres e hijos y la seguridad del inmueble donde labora”, agrega.
Y en su segunda disposición transitoria el DU N°004-2022-IN señala que a los ex jefes de Estado les corresponde esta protección durante cinco años, después de haber dejado el cargo.
“Posterior a ello, se les brinda el servicio de seguridad y protección personal. Excepcionalmente, pueden continuar con el servicio de seguridad y protección Semi Integral, previa evaluación de riesgos”, remarca el documento.
El inciso G del artículo 12 del referido mecanismo subraya que entra las opciones para la conclusión del servicio de seguridad y protección están la “solicitud expresa” y cuando “la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional considerando la evaluación de riesgo que corresponda, determine que no es necesario continuar” con este.
Cabe mencionar que Merino de Lama viene siendo investigado preliminarmente por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como por lesiones graves y leves contra 78 personas que participaron en las protestas contra su efímero mandato.