Opinión

MAFIAS LITERARIAS

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Por Márlet Ríos

Debido a que el campo cultural no es un compartimento estanco y venimos arrastrando graves lastres sociales desde hace más de doscientos años, es pertinente hablar de las mafias literarias que vienen operando en nuestro país desde hace unos años.

Las mafias literarias se condicen con las auténticas organizaciones criminales, pues se crean –igual que estas– con el objetivo de desarrollar un plan criminal. En muchos casos, el agraviado es el Estado, es decir, todos los contribuyentes. En otros casos, los afectados somos los usuarios finales. No existe el amor al arte, sino al vil metal y al clientelismo. Un ejemplo concreto es el chanchullo perpetrado entre las grandes editoriales y los colegios privados, para la distribución exclusiva de libros. Se trata del más rancio mercantilismo que va en contra de la libre concurrencia y la competencia. Y los políticos, obviamente, tienen mucha responsabilidad en ello. 

Por otra parte, los mafiosos literarios que cooptan instancias oficiales, tanto en Lima como fuera de Lima, vienen haciendo de las suyas con total impunidad desde hace tiempo. Una auténtica democratización de la cultura y, por ende, de la sociedad está vetada. Un ejemplo patético (y muy actual) es aquel escritor piurano que, ni bien accede a una subgerencia de cultura en determinada municipalidad distrital, se autopublica con total desparpajo. Es decir, se obtiene el cargo para el propio beneficio. Ciertamente, luego siguen los amigotes. Clientelismo versus patrimonialismo.

Finalmente, están los seudoeditores estafadores con varias denuncias. En El emprendedor de las mil caras, libro de Juan José Sandoval, se alude directamente a un conocido editor, a quien el autor tuvo que conminar –a la mala– para evitar ser timado en flagrancia. Con poderosos padrinos, este editor casi siempre sale airoso.

Las mafias literarias le hacen mucho daño a la sociedad, pues se oponen a la libre competencia y a una real democratización de los espacios, en consonancia con la búsqueda de autonomía. Por consiguiente, deben ser impugnadas sin reservas.

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