El Serenade of the sea, crucero gigante de la también gigantesca Royal Caribean, llegó hace un par de días a Pisco como parte de un millonario tour mundial para visitar joyas arqueológicas e históricas de cada país del planeta. Los turistas desembarcaron y abordaron un avión con rumbo al Cusco para visitar Machu Picchu. Cientos de turistas con una capacidad de gasto de cinco mil dólares diarios por cada lugar que visitan (boletos de ingreso a sitios arqueológicos, museos, hospedajes, alimentación, compra de recuerdos, tours internos, salidas nocturnas, relax, etc.), turistas top. Los turistas soñados. Pero con lo que se encontraron apenas bajaron del avión fue con un escenario que define perfectamente la esencia de este gobierno, su Ministerio de Cultura y la forma en que maneja los recursos de todos los peruanos: informalidad, maltrato, abuso, cinismo y una desconexión fatal con la población. Peor aún: una total falta de muñeca para manejar situaciones de crisis como la que se está viviendo en este momento al sur del país.
El tema es tan sencillo como terrible. La ministra Leslie Urteaga afirmó en “Panorama” que Contraloría ha detectado que funcionarios y personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco han desviado ingresos económicos por casi ochenta mil boletos anuales. Una millonada. Ante este escenario y en su “lucha contra la corrupción”, el gobierno no tuvo mejor idea que quitarle el negocio de la venta de entradas a Machu Picchu a la DDC y darle el control a la empresa privada Joinuss. ¿Cuál es el problema? Que la adjudicación de semejante negocio se hizo sin licitación pública, sin informar que Joinuss —como toda empresa privada— retiene un porcentaje por cada boleto que se emite para ingresar al sitio arqueológico (y no es poca plata, toda vez que se venden en promedio cuatro mil boletos diarios. Multiplique y eche pluma) y sin prever el impacto que esta decisión unilateral tendría en la población local que vive del turismo y sus derivados. Craso error.
En tiempos furiosamente digitales y donde las mafias se mueven a ritmo de Tik Tok, empezó a correr el “rumor” de que el gobierno iba a “privatizar” Machu Picchu. Esto bastó para detonar la furia de una población que, además, no ve en Dina Boluarte a la presidenta de todos los peruanos, si no a una traidora de Pedro Castillo. Esta “narrativa” ha sabido ser muy bien aprovechada por grupos de izquierda que sólo buscan desestabilizar al gobierno, pero, seamos honestos: a este gobierno lo desestabiliza hasta la infidelidad de Christian Domínguez. Mientras tanto, los turistas quedaron atrapados en medio de dos fuegos. Los turistas top regresaron ipso facto a su crucero, subieron el ancla y enrumbaron a Chile. Los demás, los cientos de turistas de todos los países que quedaron varados en diversas zonas del Cusco, vieron cómo el único tren que va a Machu Picchu los desembarcaba para subir en su lugar a cientos de policías que iban a reprimir a la población local.
Todo esto se pudo evitar si es que, desde un inicio, las cosas hubieran sido transparentes. Pero en un país donde la corrupción es un símbolo más de su escudo nacional, y donde la violencia de los que regentan el poder se impone por sobre la razón, en lugar de manejar las cosas con tino y mínimo criterio, la ministra de cultura, Leslie Urteaga, no tuvo mejor idea que rechazar las mesas de diálogo, encapricharse hasta el delirio con que Joinuss continúe con la venta de entradas, y seguir metiendo carbón a la fogata del desprecio que sirve de caldo de cultivo para desatar la violencia que, seamos honestos también, le es redituable a terceros políticos en toda esta historia. Leslie Urteaga no tiene que renunciar. A Leslie Urteaga la tiene que sacar del cargo la propia Dina Boluarte, pero algo hay ahí que la mantiene en el poder. Algo que, con el tiempo, se llegará a saber.
