Tino Santander Joo
La clase política peruana ve a las instituciones estatales como recursos o activos que pueden ser explotados en su beneficio personal o partidario. En lugar de considerar al estado como un mecanismo para el bien común, se lo percibe como una fuente de poder, riqueza o influencia que se distribuye entre aliados y partidarios. Este fenómeno está estrechamente relacionado con prácticas como el clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción.
Las empresas públicas como Sedapal, Petroperú, los organismos supervisores (SBS, Osiptel, Osinermig, Sunnas, Indecopi) y las instituciones estatales, los recursos naturales, y patrimoniales del Perú son un botín que se disputan entre grupos mafiosos. Por ejemplo, los peruanos pagamos el balón de gas doméstico más caro de Sudamérica, por los contratos leoninos del gas de Camisea; viajar em tren a Machu Picchu, es una odisea, por la prepotencia de las empresas concesionarias que consideran a los peruanos ciudadanos de segunda clase.
El monopolio de Consettur en el servicio de transporte turístico hacia la ciudadela de Machu Picchu es inaceptable, actúan como el oligopolio bancario absorbiendo a su competencia y con la mayor impunidad. Nadie puede con ellos; tiene en planilla a la clase política, al poder judicial, y al corrupto congreso.
En esta trama de corrupción la Dirección desconcentrada de cultura de Cusco, es la joya de la abuela, una de las presas más preciadas de la corrupción, que se disputan las mafias políticas. La DDC tiene una estructura burocrática e ineficiente. No dirige nada, ni conserva el patrimonio cultural cusqueño, menos implementa políticas publicas que promocionen el arte y las manifestaciones culturales regionales. Es simplemente la caja chica del tesoro nacional.
Los politicastros de la región vociferan que los recursos del ingreso a Machu Picchu y del boleto turístico deben quedarse en las arcas del gobierno regional (este año será de doscientos millones de soles). El gobierno regional es incapaz de terminar el Hospital Antonio Lorena, tiene varias obras paralizadas; manejar la DDC con criterio político sería una locura. No sabemos dónde están los seis mil millones de dólares que ingresaron por concepto de canon gasífero a la región desde el 2003; en qué obras se han invertido; por ejemplo, La Convención, no tiene la carretera asfaltada desde Echarate a Ayacucho, tampoco hospitales, menos planta de tratamiento de aguas servidas.
Nada funciona en el Ministerio de Cultura, porque, —reitero—, el patrimonio cultural y las instituciones que deben velar por su protección son un botín para los podridos. No hay otro camino que la reforma del Estado, pero, es ingenuo pensar que esta reforma la van a realizar los podridos del gobierno regional, del parlamento o del ejecutivo. Eso seria hacer más de lo mismo
Frente a esta dramática realidad, La salida electoral es una farsa, porque, ningún peruano confía o cree en los más de cincuenta partidos que se presentarán a las elecciones nacionales; tendremos aproximadamente diez mil candidatos al congreso. Estas elecciones no tienen legitimidad y es el único camino que tienen los podridos para quedarse en el poder.
No hay otro camino que el de la insurgencia democrática de las clases medias (colegios profesionales, universidades, iglesias, la policía, las Fuerzas Armadas, la prensa regional, los agricultores, y todas las organizaciones sociales patrióticas) No vamos a reformar el Estado y acabar con los podridos con sus partidos y sus aliados. Desde esta tribuna retamos a debatir democráticamente a los que consideren que existe otra posibilidad de construir un país libre, democrático, en la que impera el estado de derecho como garantía de integrarnos de mejor manera a la globalización capitalista y a la revolución digital.
