Más de 6000 personas de Lunahuaná no tienen agua potable, viene consumiendo el agua del río Cañete. El año pasado con el fenómeno del niño se destruyó las instalaciones del reservorio que abastecía a la población, ubicaba en Catapalla.
A un año de los desastres naturales que azotó a Lunahuaná, considerado como el distrito más turístico de la Región Lima, hasta la fecha no se ha hecho nada, y la preocupación de la población es evidente porque se vienen las lluvias y el aumento del río va a enturbiar el agua, y el agua turbia saldrá de los caños, enfermando a los pobladores y perjudicando la actividad turística.
Lunahuaná será una de las sedes de los Juegos Panamericanos Lima 2019. En el río Cañete se disputarán las competencias de Canotaje Slalom. Sin embargo, no cuenta con agua potable asegurada para la población y los visitantes.
Lo que llama la atención. EL alcalde, Félix Vicente Villalobos, le dio prioridad a la construcción de la pista de Catapalla por 1,574,832. 00 soles, y dejando a un lado el tema del agua potable para la población y las actividades turísticas. ¿Cuál ha sido el interés del alcalde para impulsar esta obra?
Ante la inacción de las autoridades locales y del gobierno central, diversas personalidades como: Lorena Salmón, Rafo Raez, Israel Laura, Maud Gurunlian, Oriana Cicconi, entre otras, se han sumado a la campaña “Agua Potable para Lunahuaná”, con el objetivo de sensibilizar al gobierno y buscar una solución a corto plazo.
Además, informamos a los medios de comunicación ante el incumplimiento de dar solución al problema del agua potable por un año el integro de la junta administradora del agua potable de Catapalla, (la que administra el agua para diversos anexos de Lunahuaná) presentó en diciembre de 2017, su renuncia irrevocable dando conocimiento a diversas organizaciones.
La junta administradora del agua potable de Catapalla, presidida por el Sr. Jaime Vera Cárdenas, manifiesta que el motivo de su renuncia es la falta de interés municipal para dar solución al problema del agua, además de los presuntos actos de corrupción en obras y licitaciones.