¿Los socios de la Reforma Universitaria?

En el gobierno de Ollanta Humala, el tres de julio de 2014, se promulgó la Ley 30220, conocida como la Ley Universitaria y en la cual fue creada la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) con la finalidad de encargarse del licenciamiento de universidades, entendiéndose como el proceso “para verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad”. Así lo dice el artículo 13 de la ley mencionada.

Asimismo, en esa ley se establecen las 17 funciones encargadas a la Sunedu y las ocho funciones del Consejo Directivo que es su máxima instancia. En ninguna de las funciones la ley universitaria les otorga la facultad para cerrar universidades. La finalidad de esa ley no era el cierre de universidades y, por ello, no contempla esa sanción y tampoco incorporó un mecanismo de cierres. Eso tiene una explicación. La ley universitaria buscaba elevar el nivel educativo —la Condiciones Básicas de Calidad— pero no el cierre por una razón fundamental: cerrar universidades tiene un efecto negativo que consiste dejar en la calle a decenas de miles de jóvenes estudiantes y el fundamento de una ley universitaria es proteger, precisamente, al alumnado.

Existe un hecho indiscutible que confirma lo que acabamos de afirmar: entre el 2014, año de creación de la Sunedu, y abril de 2018, se licenciaron 22 universidades públicas y 32 privadas y no se cerró ninguna. 54 universidades fueron supervisadas, recibieron los criterios para que cumplan con las Condiciones Básicas de Calidad y, bajo el control de la Sunedu, se les otorgó licenciamiento.

Cambio de juego

¿Cuándo cambiaron las reglas de juego y cuándo apareció el concepto de cierre de universidades que en la actualidad ha puesto en la calle a 180 mil estudiantes sin ninguna alternativa? Todo empezó el 7 de mayo de 2018 cuando el presidente Martín Vizcarra convirtió en Superintendente de la Sunedu a un desconocido sociólogo que se desempeñaba como profesor de la Pontificia Universidad Católica, llamado Martín Benavides Abanto.

Pocos meses después de asumir el cargo de jefe de la Sunedu —con nula experiencia en reformas institucionales—, Benavides dio la sorpresa, en setiembre de 2018, poniendo en vigencia un sorpresivo reglamento para cerrar universidades y no solo cambió las reglas de juego con las cuales ya habían sido licenciadas 54 universidades, sino que modificó el sentido de la ley universitaria y olvidó por completo que el objetivo principal de las universidades son los alumnos.

Benavides, con la habilidad de un político marketero, buscó el apoyo de los medios de comunicación para resaltar su labor y encontró eco porque le fue muy útil el escudo de clausurar universidades que tenían pésimo nivel educativo, negligentes y corruptos directivos, locales inadecuados y pésima plana académica. Con ese escudo desenvainó una espada que la ley no le había concedido a la Sunedu y usando el reglamento hecho a la medida por él, cerró 46 universidades en apenas 20 meses. Significa que el ritmo seguido por Benavides fue de 2.3 universidades por mes, es decir, cada 13 días cerraba una universidad.

Lo que no se ve

Hay quienes aplauden a Benavides a ojo cerrado y no se percatan de varios puntos. Cerrar pésimas universidades es lo correcto siempre y cuando la ley lo permita. Alguien dirá “pero la Telesup no podía seguir operando”, es cierto, pero por cerrar la Telesup y otras de ese nivel no se podía clausurar a todas. Para solucionar esos problemas existe otro método como el aplicado en Colombia: prohibir que una mala universidad convoque a nuevos exámenes de admisión. Esto significa que o eleva su nivel o al no poder tener nuevos alumnos se asfixia económicamente y cierra pero en el camino no se deja en la calle a los alumnos que ya estaban estudiando. 

Otro aspecto es que la Sunedu está obligada a respetar la ley y no puede accionar de manera arbitraria. Existe un ejemplo nítido. Benavides expidió su Reglamento para el cese de actividades de universidades, el 10 de setiembre de 2018 y en apenas 36 días cerró la primera universidad que fue la Orval. ¿En qué tiempo pudieron estudiar los miles de folios que contenían el problema? ¿En qué momento la universidad clausurada podía presentar un plan alternativo para mejorar sus condiciones como señala la ley universitaria? No se trata de defender malas universidades como gusta decir Benavides, se trata de actuar dentro de la ley para evitar lo que va a ocurrir en los próximos meses las demandas judiciales y los recursos ante el Tribunal Constitucional. En vez de una solución ha generado un problema.

¿Por qué hicieron lo que hicieron?

Cuando los políticos no respetan la ley y crean sus propias normas existe, siempre, un interés detrás. Vizcarra y Benavides son políticos. Ninguno de los dos tiene antecedentes vinculados al mundo universitario ni una trayectoria como propulsores de la educación superior. ¿Por qué la Sunedu sin ellos no cerró ninguna universidad pero desde su llegada al gobierno clausuraron 46 en 20 meses?

Su objetivo fue crear un nuevo mercado universitario, especialmente en provincias. Desde hace unos años el poderoso Grupo Intercorp, perteneciente al Interbank y propiedad de uno de los hombres mas ricos del país Carlos Rodríguez Pastor, está incursionando en diversos negocios no financieros. Ya consiguieron el monopolio de las farmacias; ya ingresaron al mercado escolar con la cadena de colegios Innova School y ahora están en pos del mercado universitario. Para esta finalidad ha sido muy útil la “reforma” implementada por Martín Benavides, el jefe de la Sunedu puesto por Martín Vizcarra. 

Una vez consumados los cierres de universidades, se presentó la Universidad Tecnológica Privada (UTP) —perteneciente al Grupo Intercorp— solicitando 10 licencias para universidades en provincias; luego redujo su pedido a 7 y Benavides les otorgó las 7 licencias sin que tengan locales, pues, recién estaban en construcción. Se trajo abajo el requisito obligatorio de la infraestructura con equipamiento: bibliotecas, laboratorios etc.

Todo este proceso de favorecimiento a la UTP terminó a finales de 2019 y una vez cumplida la misión de cerrar universidades —algo que no contempla la ley universitaria— Benavides fue nombrado por su jefe el presidente Vizcarra, como ministro de Educación.

Ahora que aparecen los cuestionamientos y asoman las evidencias de un supuesto negociado bajo el nombre de Reforma Universitaria, existe una actitud que los empieza a delatar. Ante las denuncias contra la Sunedu no sale en defensa de la institución el actual jefe de esa entidad. Se llama Oswaldo Zegarra y nadie lo conoce. Los que salen en defensa de la “reforma” son: Vizcarra y Benavides. ¿Por qué?