LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN

El expresidente del directorio de Graña y Montero, y además accionista del grupo El Comercio José Graña Miró Quesada hace nueve meses se rió de la comisión Lava Jato, y cuando acudió al Congreso mintió falazmente, al declarar que él y su representada no sabían nada de las coimas que la firma Odebrecht le entregó al prófugo Alejandro Toledo; y en el colmo de su cinismo aseguró que él sería el más interesado para que toda la verdad salga a la luz.

El hecho es que hoy este personaje de la casta económica del Perú ya se encuentra en la carceleta de Palacio de Justicia esperando las próximas horas ser trasladado a Piedras Gordas; al igual que sus socios Hernando Graña Acuña, Fernando Camet Piccone, y José Fernando Castillo, todos ellos mandamases de las mega constructoras que han construido durante décadas casi todas las estructuras del Perú. En el caso de Gonzalo Ferraro Rey, el juez Concepción Carhuancho le dictó arresto domiciliario por 18 meses en la clínica donde se encuentra internado; pues subrepticiamente el día sábado 02 de diciembre se hospitalizó dizque por un mal neoplásico.

Si bien es cierto que la información proporcionada hace varios meses por el representante de Odebrecht en Perú Jorge Barata, con respecto a las socias constructoras de la firma brasileña no fue tomada en cuenta por el fiscal Hamilton Castro; repentinamente al finalizar el mes de noviembre éste y su equipo se pusieron céleres, y públicamente anunciaron el inicio de la investigación preparatoria; y ahí nomás el 01 de diciembre solicitaron al juez de la Sala Penal Nacional Richard Concepción Carhuancho, prisión preventiva para los 05 empresarios.

Hernando Graña. Foto: Perú21.

Si bien la naturaleza de aquella medida limitativa y/o restrictiva de la prisión preventiva es extrema, o de excepción, los argumentos del Ministerio Público se basan en lo factico, independientemente de sustentar el típico presupuesto procesal del arraigo; porque sencillamente Hamilton Castro consideró que hay otras formas de entorpecer u obstruir un proceso penal, de ahí que su despacho haya pretendido dicha medida extrema.

No obstante los abogados defensores de los “intocables” hicieron su chamba, y es más que seguro que se hayan amanecido durante el sábado anterior para estructurar sus teorías del caso, porque en la audiencia del día domingo esgrimieron desde retorica procesal, y algo de doctrina; pero el que se trajo abajo a sus colegas los doctores: Eduardo Alcocer, José Caro, John Ruesta, y Sophia Icaza, fue el experimentado abogado José Rodríguez Robinson que para nada fue tecnicista, ni procesal; e incluso bromeó con el juez al compararse con el otrora personaje cómico Roncayulo.

Sin embargo, ni con eso libraron a sus patrocinados de la prisión preventiva. (Y uno se pregunta ¿cuánto habrán cobrado? ya que no han patrocinado a presidentes de directorio de una Mype)

En nuestro país casi nunca se han visto batallas legales contra los más “poderosos”. Ni siquiera en las épocas del funesto Contrato Dreyfus en pleno auge del Guano, y los infelices empréstitos que dejaron al país en bancarrota; y tampoco en el siglo XX.

Fernando Camet. Foto: Perú21.

Asimismo, es más que seguro que algún oficioso penalista, y pensador jurídico hoy tenga la necesidad de opinar que es insólito que una medida excepcional se practique como una regla que pueda causar efectos adversos en los debidos procesos. Sin embargo, la medida adoptada hoy por el juez Concepción Carhuancho  que  consideró que se han cumplido dos requisitos, como los son: fundados elementos de convicción, y pena superior a los 4 años; sin duda genera un nuevo precedente, que tendrá sus efectos; porque el ciudadano de a pie, hoy es testigo de que los poderosos que han sido segmentados como hombres de éxito, con muchas influencias, y que cuya justicia siempre les fue benevolente, ya no va más.

Hoy se puede confiar un poco más en la justicia, porque aún hay tiempo para resolver los casos ligados a la corruptora Odebrecht; empero, es exigible que el fiscal Castro también sea célere en la investigación y cuanto antes formule denuncia penal contra los investigados.

Asimismo, se necesitan más colabores eficaces que declaren y que revelen más nombres de famosos empresarios y políticos para saldar las cuentas con el país, a través de las reparaciones civiles; y no solo se debe investigar proyectos como la Interoceánica que en principio se licitó por más de 200 millones, y terminó costando más de 2 mil millones (ahora sabemos de qué se trata el concepto: “riesgos adicionales”); también se debe investigar el proyecto Olmos, y se requiere conocer a los peces gordos que participaron en la construcción del Metro de Lima (porque los presos Cuba, Luyo y Navarro no son los peces gordos). Por lo pronto: AG, Keiko, y Villarán ya están en la lista de espera, y solo es cuestión de tiempo.

Es menester parafrasear lo que el fiscal Hamilton Castro dijo en el inició de su sustentación en la audiencia del último domingo: “El día de hoy, el Perú será testigo si el sistema de impartición de justicia trata con la misma vara a todos los ciudadanos en el Perú”.

Aquí el video de los empresarios acusados llegando a la carceleta.