Los oscuros socios de Dina Boluarte

Por lo visto, el estribillo de la canción de Tongo: “Sufre peruano, sufre”, ha trascendido el ámbito musical para convertirse en un retrato descarnado de la realidad política nacional. En el Perú de hoy, sobrevivir no solo significa ganarse el pan con esfuerzo, sino también resistir el parasitismo institucional de quienes, bajo el disfraz de autoridad, ingresan al aparato estatal con la avidez de quienes solo conocen el verbo “saquear”.

Si bien la corrupción y el clientelismo han sido males endémicos del sistema político peruano, lo que vivimos actualmente es una de sus formas más degradadas. El pacto de supervivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo ha dado lugar a un cogobierno cínico, donde los intereses personales y de grupo han desplazado por completo cualquier noción de proyecto país. En el centro de este escenario se encuentra un personaje que parece haber llegado al poder por accidente, pero que se aferra a él con una voracidad y angurria predecible: Dina Boluarte Zegarra.

De vicepresidenta marginal en el gobierno del no menos inclasificable Pedro Castillo, Boluarte Zegarra pasó a ser presidenta de la República por sucesión constitucional, tras la intentona golpista del entonces mandatario. Sin embargo, lejos de convocar a elecciones inmediatas como clamaban las calles, tejió un acuerdo oscuro con el Congreso que hoy la sostiene. Este pacto de conveniencia, sellado el 7 de diciembre de 2022, no buscaba otra cosa que la continuidad: ella en Palacio, ellos en el Parlamento, hasta el 28 de julio de 2026. El objetivo era simple y crudo: quedarse para seguir cobrando, colocando allegados, repartiéndose ministerios, y disfrutando de los privilegios del poder. Como muestra, el botón del aumento presupuestal de 400 millones de soles adicionales al Congreso para el año fiscal 2025, aprobado por el Ejecutivo.

Los socios de este pacto infame son fácilmente identificables. En primer lugar, Alianza para el Progreso (APP), la tienda de César Acuña Peralta, ha sido el pilar más firme del régimen de Boluarte Zegarra. Desde el blindaje político, a ministros cuestionados, hasta el copamiento de prefecturas y cargos en el Estado, APP ha sabido rentabilizar su “lealtad”. Su respaldo fue clave en la aprobación de la Ley 32108, una norma que ha levantado sospechas por favorecer intereses vinculados al crimen organizado. Su rol ha sido más que utilitario: ha sido funcional.

Fuerza Popular, por su parte, continúa con su doble juego. Mientras en los pasillos del Congreso en ‘Pasos Perdidos’ sus voceros en apariencia ofrecen discursos de indignación ante las cámaras, en las votaciones críticas han sido un soporte fundamental para la chalhuanquina Boluarte. La férrea defensa fujimorista en los casos “Rolex” y “cirugías” deja en evidencia su incondicional complicidad. Más que oposición, lo suyo ha sido un teatro político que habitualmente busca despistar.

A esta dañina sociedad se suman Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular y Avanza País, todas bancadas que han otorgado a la presidenta el respaldo necesario en momentos decisivos. En el caso del escándalo por los relojes Rolex, por ejemplo, legisladores como José Cueto argumentaron que investigar a la presidenta era una estrategia para desestabilizar el orden democrático. ¿Qué clase de democracia necesita ser protegida encubriendo la corrupción?

El resultado de este blindaje mutuo ha sido devastador. La impunidad se ha institucionalizado. Las responsabilidades políticas se diluyen entre el ruido parlamentario y la apatía del Ejecutivo. La rendición de cuentas es hoy una pieza de museo. La alianza entre el Legislativo y Boluarte Zegarra ha normalizado el abuso del poder y ha dejado al ciudadano común en la más absoluta orfandad.

Por si fuera poco, se ha activado una peligrosa campaña contra la prensa crítica. En lugar de responder con transparencia, el gobierno ha optado por victimizarse y acusar a los periodistas de “acosadores”, generando un clima hostil contra la libertad de expresión. La criminalización de la labor periodística es una señal inequívoca de deriva autoritaria.

Los números no mienten. El 85% de la población desaprueba la gestión de Boluarte Zegarra, y el 91% rechaza al Congreso. Es un rechazo histórico que debería sacudir cualquier conciencia política, pero que, sin embargo, no ha frenado la ambición de quienes hoy gobiernan. Y es que el sistema está diseñado para olvidar: para que las próximas elecciones borren el pasado y permitan que los mismos personajes de siempre regresen con nuevas promesas, nuevos logos y las mismas mañas.

Por eso, la verdadera pregunta es: ¿permitiremos que estos oscuros socios regresen en 2026? APP, Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú y Avanza País no son meros actores del presente: son aspirantes al futuro. Cada uno de sus votos a favor del régimen Boluarte es una advertencia, una prueba de que no representan al pueblo sino a sí mismos.

El Perú merece una política sin parásitos ni cómplices. Y la historia no debe repetirse.