Los ministros no deben ser abogados defensores de Dina Boluarte

El articulo 123° de la Constitución Política de Perú es clara y precisa y señala que un Presidente del Consejos de Ministros solo tiene tres funciones específicas. Ser, después de la Presidenta de la República, su portavoz autorizado.

Eso significa que puede ejercer la labor de vocero, que habla en nombre de la institución gubernamental, que es la Presidencia de la Republica que funciona en Palacio de Gobierno; más no ser abogado defensor de Dina Boluarte.

La segunda labor, es coordinar las funciones de los demás ministros y por último, refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley.

Esa es la única función que está obligado a ejercer el señor Gustavo Adrianzén y por más que la señora Dina Boluarte, quizá lo haya designado para cuidarle las espaldas y/o para salir a dar mensajes a la nación en respuestas a los cuestionamientos que sufre el gobierno, para eso el Estado no le paga al premier los S/30 mil soles mensuales de salario.

La obligación de Adrianzén (artículo 125° CPP) no es otra que deliberar sobre asuntos de interés público y las demás que le otorgan la Constitución; más no del interés personal de Dina Boluarte.

Lo que debe entender este señor exmandadero de Nadine Heredia y por más que la señora Boluarte se lo haya indicado, que él no es un empleado de ella, ni trabaja para ella, aunque quizá en un plano más surrealista él se sienta obligado a pensar introspectivamente—como la presidenta me dio el cargo, yo tendré que ser leal y su subordinado incondicional—.

Pues no, él es un empleado del Estado y ni la señora Boluarte es su empleadora, ni ella le paga el salario. Así lo establece la ley y él está obligado a cumplirla; de lo contrario, estaría incurriendo en omisión de funciones.

Gustavo Adrianzén, tampoco debe olvidar (artículo 128° de la CPP) que él en su calidad de ministro de Estado, es individualmente responsable por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrenda.

Y si acaso, en toda esta maraña de presuntos actos irregularidades, blindajes, protecciones a prófugos de la justicia (Vladimir Cerrón), tenencias de joyas costosas, con relojes Rolex incluidos y presuntos desbalances patrimoniales que recaen en la figura de Dina Boluarte, el señor Adrianzén conoce algún indicio o información y se mantiene en silencio, entonces, se convertiría en cómplice de la presidenta y en el futuro tendría que asumir su responsabilidad, tal como señala la ley.

El Premier Gustavo Adrianzén defiende lo indefendible.

Se debe mencionar que este fin de semana aquel señor premier dio vergüenza ajena y salió a dar un mensaje a la Nación para asegurar que no existe un desbalance patrimonial en los ingresos y egresos de Dina Boluarte y expresó:

“Quiero informar que la señora Presidenta de la República ha expresado en todo momento su total disposición a colaborar con las autoridades jurisdiccionales en cada una de las investigaciones en la que ella se encuentra comprometida”.

¿Acaso Dina Boluarte le está haciendo un favor a la administración de justicia?

Este esbirro de la mandataria menciona que ella tiene la disposición de colaborar con la justicia, como si eso fuera un acto de caridad y de generosidad. ¡No señor! La señora Boluarte está obligada a acudir a la Fiscalía para rendir cuentas, porque está inmersa en una investigación y la ley es igual para todos.

Otras geishas omiten funciones de ministras y fungen de abogadas de Dina Boluarte

Solo hace unos días, la ministra de Vivienda, más conocida como la ministra de los banquetes y del Ensure, Hania Pérez de Cuellar, también se ha presentado en diversos medios para defender a la mandataria, en lugar de explicar y rendir cuentas sobre su ineficiente labor que ejerce en su portafolio. Ella omite a hablar de la próxima privatización de Sedapal y de las medidas para los damnificados del norte. Y en su lugar se ha convertido en abogada defensora de Boluarte Zegarra.

Ministra de Vivienda se ha convertido en abogada de la mandataria.

Lo mismo sucede con la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, la ministra de Cultura Leslie Urteaga y recientemente, con el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, que, en una rueda de prensa efectuada en el Aeropuerto Jorge Chávez, tuvo que “cubrir” a Dina Boluarte y responder en lugar de ella, ante el asedio de la prensa para poder dilucidar las denuncias en torno a los Rolex de la aun jefa de Gobierno. 

Basta ya de distorsionar las obligaciones y funciones para lo que fueron designados. Los ministros de Estado no son empleados de los presidentes de turno y mucho menos sus abogados defensores, que para eso no fueron nombrados.

Ellos fueron designados para emprender planeamientos, gestiones y tramitar los presupuestos de sus sectores para lograr los objetivos trazados, concernientes a la naturaleza de sus portafolios. 

Desafortunadamente, estos ínfimos personajes, han perdido el honor y la dignidad y su afán de angurria de pegarse al poder, los ha convertido en lo que son: infames canallas que solo velan por su interés personal, en desmedro de los intereses del Estado.