Los intocables del Congreso: con proyecto de ley buscan el retorno de la inmunidad

El Congreso del Perú vuelve a mostrar su rostro más cínico, más descarado y más peligrosamente autista frente a la indignación ciudadana. La Comisión de Constitución, bajo el mando del fujimorista Fernando Rospigliosi, acaba de aprobar el predictamen que restituye la inmunidad parlamentaria, ese escudo legal que durante años sirvió de refugio para corruptos, criminales y oportunistas con curul.

Con 15 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, los representantes del desprestigio nacional –incluidos no solo fujimoristas de línea dura como Alejandro Aguinaga, Patricia Juárez o Martha Moyano, sino también los otrora rivales ideológicos de Perú Libre (Waldemar Cerrón), Renovación Popular (Alejandro Muñante y Noelia Herrera), Acción Popular y demás siglas descompuestas– decidieron que su prioridad no es legislar para el pueblo, sino blindarse entre ellos. Un pacto de impunidad transversal, camuflado de «defensa institucional».

Según el dictamen que propone modificar el artículo 93° de la Constitución, los senadores y diputados que entren en funciones en 2026 no podrán ser procesados ni detenidos sin autorización de su cámara o de la Comisión Permanente. Y si estas no responden en 30 días al pedido del Poder Judicial, se activa el llamado «silencio administrativo positivo», que no es más que una maniobra leguleya para lavarse las manos mientras los acusados ganan tiempo. Solo la Corte Suprema podrá entonces decidir si procede el proceso penal.

Pero aún en casos de flagrancia, el propio Congreso se convertirá en juez y parte y tendrá la última palabra. En 24 horas deberá autorizar –o negar– la detención. La puerta sigue abierta a la impunidad exprés, disfrazada de procedimiento democrático.

¿Y qué dice la Comisión de Constitución? Que este atropello constitucional busca «proteger el normal funcionamiento del Parlamento». Una frase que en boca de nuestros congresistas suena a burla. Lo único que en realidad funciona con normalidad en este Congreso es la indecencia y el cálculo político. Lo que buscan proteger no es la democracia, sino sus espaldas.

Como era de esperarse, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), salió en defensa de este despropósito disfrazado de dictamen. Con la típica retórica que subestima la inteligencia ciudadana, intentó justificar lo injustificable, asegurando que “la inmunidad no es impunidad”, y que se trata simplemente de una “protección frente a denuncias de tinte político”. Una frase vacía que no resiste el menor análisis, especialmente en un Parlamento donde más de la mitad de sus miembros arrastra graves procesos judiciales. En realidad, no buscan blindarse del abuso, sino del castigo legal. No temen a la persecución política, temen a la justicia.

¿Y qué hay de las múltiples denuncias que pesan sobre más de la mitad del Congreso? Nada menos que 82 de los 130 congresistas están involucrados en investigaciones abiertas por la Fiscalía. La lista de delitos no es menor: corrupción, tráfico de influencias, abuso de autoridad, pertenencia a organizaciones criminales, terrorismo, lavado de activos, violación sexual y concusión, esta última por el infame recorte ilegal de sueldos a trabajadores del Parlamento.

Mientras tanto, el país sigue sumido en crisis, con hospitales colapsados, escuelas en ruinas, y millones luchando por sobrevivir, gracias a una presidenta como Dina Boluarte que en términos reales no gobierna y se aferra al cargo, escudándose también en la malsana ‘inmunidad presidencial’ que le otorga el artículo 117° de la Carta Magna. La señora chalhuanquina es la administradora del caos y lo alimenta con su silencio, su cinismo y su servilismo al Congreso; y no cabe duda que pasará a la historia por convertir el despacho presidencial en un lenocinio del poder sin vergüenza y sin moral.

Pero los parlamentarios hacen lo suyo y no pierden el tiempo en debates sobre educación, salud o lucha contra la criminalidad. No. Porque prefieren legislar a su favor, apurados por asegurar que, si la justicia llama a su puerta, puedan simplemente esconderse detrás de una pared de procedimientos hermenéuticos.

Este infeliz retorno de la ‘inmunidad parlamentaria’ no es una medida institucional. Es una burda confesión: nuestros legisladores temen ser investigados. Temen rendir cuentas ante la justicia y también temen que la ciudadanía los juzgue, no solo en las urnas, sino también en los tribunales.

El Perú no necesita más inmunidad —ni presidencial, ni parlamentaria—. Lo que urge es integridad, decencia y autoridades que comprendan que el poder es un servicio al pueblo, no un escudo personal y mucho menos un privilegio. Pero exigir eso a un Congreso que ha hecho del cinismo una política de Estado, es demasiado pedir… es casi un acto de ingenuidad. Aquí, la decencia es vista como defecto y debilidad, y la impunidad, como un derecho adquirido y una forma de vida.

Lo que han aprobado por el momento en la ‘Comisión Rospigliosi’ no es una reforma, es una bofetada directa al rostro del pueblo. Y lo más indignante no es el golpe, sino la sonrisa con la que lo dan. Porque ni siquiera disimulan; a ellos les da exactamente igual. Burlarse del país y blindarse les parece más urgente que legislar, y la impunidad, más valiosa que la propia justicia. En suma, nada les importa.