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Los intereses ocultos de los defensores de la SUNEDU
En el momento en que se empezó a cuestionar la Reforma Universitaria, de pronto tres personajes aparecieron en los medios de comunicación para defender el cierre de universidades. Lo que no dijeron es que defienden intereses cuestionables de una reforma que no fue tan limpia como sostienen.
Durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra se realizó una gran campaña a favor de la llamada “Reforma Universitaria”, la misma que fue encabezada por Martín Benavides Abanto. La supuesta reforma acabó con un balance negativo porque dejó en la calle a más de 180 mil estudiantes sin preocuparse por darles una alternativa; se modificaron las reglas de juego en plena ejecución de la reforma para atender intereses económicos; y, lo peor, se incurrió en actos que, por ahora, hay que llamar de presunta corrupción y presunto tráfico de influencias, y que una vez que sean investigados van a generar más de una sorpresa.
Con un nuevo presidente en Palacio de Gobierno y un nuevo Parlamento, la Reforma Universitaria empezó a ser cuestionada en la Comisión de Educación del Congreso y de pronto reaparecieron tres personajes en defensa de la SUNEDU: el ex ministro y ex jefe de la SUNEDU Martín Benavides; Fabiola León Velarde, la recordada esposa del ex congresista Gino Costa que integró el directorio de la SUNEDU; y la actual congresista Flor Pablo.
La defensa del verdugo
Uno de los primeros que se asomó a defender a la Reforma Universitaria, fue el hombre que cerraba cada 13 días una universidad: Martín Benavides Abanto. En una entrevista con la periodista colombiana, Clara Elvira Ospina, Benavides señaló que “la Reforma universitaria es una de las pocas reformas que logró resultados en el Perú”. Lo que no dice Benavides es que los resultados fueron favorables para el grupo económico Intercorp y negativos para 180 mil jóvenes estudiantes que se quedaron en la calle sin ninguna alternativa.
El ex jefe de la Sunedu se refirió también a las condiciones básicas de calidad exigidas por la SUNEDU para otorgar el licenciamiento pero Martín Benavides olvida que la vara con que se midió las condiciones básicas de calidad no fueron las mismas para todas las universidades. Ocurre que la ley exige para el Licenciamiento Institucional que una universidad tenga en su sede principal y en sus filiales infraestructuras similares y el mismo nivel de equipamiento y, además, la SUNEDU debe constatar que tal infraestructura esté completa, que estén instaladas las bibliotecas, equipados los laboratorios y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo de una sede universitaria.
¿Qué hizo la SUNEDU en el caso de las filiales de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP)? Otorgó las 7 licencias sin que existan los locales. Es decir, las filiales de la UTP se encontraban en construcción, no existían, por lo tanto, no tenían lo que la ley exige: infraestructura completa, bibliotecas ni laboratorios. Tampoco contaban con otro requisito exigido por la SUNEDU: licencia de funcionamiento municipal que se otorga recién cuando se empieza a operar.
Por no cumplir con estos requisitos, muchas universidades perdieron su licenciamiento; sin embargo, no le fueron exigidos a la UTP, la universidad del Grupo Intercorp, dueño del monopolio de farmacias y de Interbank.
Se entiende que Benavides haya salido a defender las decisiones en su gestión porque sobre ellas pesa la sombra de una explicación que nunca ha dado: ¿por qué favoreció de manera tan grosera a la UTP?
Un testimonio sesgado
La ex integrante del directorio de la SUNEDU, Fabiola León-Velarde apareció mediante una columna en el diario El Comercio afirmando que “La propuesta del presidente de la Comisión de Educación del Congreso nos haría volver a una situación similar a la de antes de la Ley Universitaria (2014): una concepción corporativa y endogámica, donde el regulador está en manos del supervisado”. Y añadió que “la Ley Universitaria ha permitido ir construyendo una educación superior de mayor calidad para nuestros jóvenes”.
Sus apreciaciones son completamente sesgadas porque Fabiola León Velarde defiende intereses más que la reforma. Fabiola León Velarde Servetto, la esposa Gino Costa, ex congresista PPK, fue nombrada presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec). Resulta que para integrar el directorio de la SUNEDU, uno de los requisitos era ser presidenta de Concytec. Con esa estratégica designación, el 13 de noviembre de 2018 León Velarde fue nombrada miembro del consejo directivo de la SUNEDU. ¿Quién la nombró? El entonces premier Fernando Zavala Lombardi. ¿Cuándo dejó el cargo a dónde fue Zavala? Fue nombrado gerente general de Intercorp. ¿A quien pertenece la UTP y las filiales licenciadas ilegalmente porque no existían? A Intercorp.
Pero eso no es todo. Antes de Fernando Zavala, el CEO de Intercorp fue Ramón Barúa, casado con Rosa María Costa, hermana del exparlamentario Gino Costa, tenaz defensor de la Reforma Universitaria que su esposa Fabiola León Velarde llevó a cabo cerrando universidades una tras otra y licenciando universidades que recién estaban en construcción.
Por si fuera poco, el actual superintendente encargado de la SUNEDU es Oswaldo Zegarra, un médico que fue decano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en la cual trabajaba Fabiola León Velarde y ambos tienen una estrecha amistad.
Ahora se entiende su defensa de la gran Reforma Universitaria.
La congresista Flor Pablo
La ex ministra de Educación y actual congresista de la República por el Partido Morado, en una entrevista con la periodista Mávila Huertas afirmó que “Esta ley universitaria no surge de un trabajo de gabinete, surge de una serie de procesos, de reclamos de los jóvenes, de buscar calidad. Tanto la universidad pública como la universidad privada, lamentablemente con diferentes razones y motivaciones no han puesto por delante el interés superior del derecho al estudiante a una educación de calidad, lo que han cuidado son sus intereses, sean gremiales, sean intereses económicos, de colocación de puestos u otros”.
Lo que debería conocer la congresista Flor Pablo, es que la SUNEDU no diseñó alternativas para que 180 mil estudiantes pudiesen seguir sus estudios y, además, ocurrió lo que ella critica: el juego de intereses ajenos a la educación. En efecto, la congresista debe saber que la persona encargada de formular los informes que definían el cierre de universidades responde al nombre de Cristian Alberth Pacheco Castillo. No es un profesional en materia educativa, tampoco tiene formación en el funcionamiento de instituciones pedagógicas. Es un bachiller en Ingeniería de Sistemas pero ejerció la importantísima función de Coordinador General Técnico de Licenciamiento, sin tener un título profesional. Supervisó el proceso y firmó los informes para cerrar universidades pero también para otorgar licenciamiento a universidades que no cumplían con los requisitos.
Denunciar estas irregularidades no es atacar a la Reforma Universitaria, tampoco es abogar por universidades que no merecen ser licenciadas. Se trata simplemente de exigir que la ley se respete y se aplique de manera igual en todos los casos.
Los tres defensores de la SUNEDU —Martín Benavides, Fabiola León Velarde y Flor Pablo— deberían dirigir su “mirada profunda” a las oscuridades de los licenciamientos de la UTP y preguntarse también ¿por qué no se diseñaron alternativas para las decenas de miles de estudiantes que la Sunedu puso en las calles negándoles un futuro profesional?