Los ilegales: el otro Perú que no queremos ver

Por: Jorge Paredes Terry

El Perú se esconde tras una máscara de cifras oficiales que ocultan una realidad lacerante: ocho de cada diez peruanos, el 80%, vive y trabaja en la informalidad o la ilegalidad. Esta alarmante estadística nos sitúa en los primeros lugares del ranking mundial de países con mayor informalidad, un título vergonzoso que refleja la profunda brecha social y económica que carcome las entrañas de nuestra nación. Más allá de las estadísticas, esta realidad representa la lucha diaria de más de 26 millones de compatriotas que, lejos de ser delincuentes, son los que, con su esfuerzo silencioso y a menudo invisible, sostienen la economía del país. Es hora de dejar de criminalizarlos y de empezar a comprender la complejidad de este problema que nos afecta a todos.

La informalidad no es una simple elección; es, en la mayoría de los casos, una imposición. Millones de peruanos se ven obligados a trabajar en el sector informal por la falta de oportunidades, por la ausencia de un mercado laboral que los incluya, por la dificultad de acceder a créditos, a seguros, a la protección de la ley. Son los jóvenes sin empleo que se ven obligados a vender en la calle, los agricultores que trabajan la tierra sin títulos de propiedad, los mineros que arriesgan sus vidas en socavones ilegales, los pescadores artesanales que compiten con la pesca industrial, los comerciantes ambulantes que enfrentan el acoso policial. Son los rostros invisibles de una economía sumergida que, paradójicamente, alimenta a la economía formal.

La criminalización de la informalidad es una respuesta simplista y miope a un problema complejo. En lugar de perseguir a quienes buscan sobrevivir, el Estado debe enfocarse en crear las condiciones para que puedan formalizarse. Se necesita una reforma integral del sistema tributario que simplifique los trámites y reduzca la carga burocrática para las pequeñas y medianas empresas. Se requiere una inversión masiva en educación y capacitación para que la población tenga las herramientas necesarias para acceder a empleos formales y mejor remunerados. Es fundamental fortalecer el Estado de Derecho para garantizar la seguridad y la justicia para todos, incluyendo a aquellos que operan en la informalidad.

La informalidad no es solo un problema económico; es una cuestión de derechos humanos. Los trabajadores informales carecen de acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la justicia. Viven en una situación de vulnerabilidad permanente, expuestos a la explotación laboral, a los accidentes de trabajo, a la falta de protección legal. Su invisibilidad perpetúa el ciclo de pobreza y exclusión, generando una sociedad desigual y fracturada.

Superar la informalidad requiere un cambio de paradigma. Debemos dejar de ver a los trabajadores informales como un problema y empezar a considerarlos como parte de la solución. Son ellos quienes, con su esfuerzo diario, mantienen a flote la economía del país. Es hora de reconocer su contribución, de proteger sus derechos, de brindarles las oportunidades que se les han negado durante décadas. Solo así podremos construir un Perú más justo, más equitativo, donde la informalidad y la ilegalidad no sean la única opción para millones de peruanos, sino la excepción que confirma la regla de una sociedad que valora la dignidad de todos sus ciudadanos. El Perú no puede permitirse ignorar a «los ilegales»; su futuro depende de su inclusión. Abrimos el debate.