Los dueños de la salud privada en el Perú le impusieron su ley al presidente Vizcarra

(Doctor Carlos Joo Luck (vocero de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú y Presidente Martín Vizcarra)

Ayer el mandatario en su conferencia habitual habló sobre los cien días de cuarentena y remeció a la escena empresarial porque dio un ultimátum a las clínicas privadas. Y si en 48 horas no llegaran a un acuerdo con el gobierno para solucionar la atención de los pacientes de Covid, entonces se aplicará el artículo 70 de la Constitución que expropiaría a las clínicas privadas por la causal de necesidad pública

Hoy podemos vislumbrar que esa impostada posición firme del presidente ha sido para el show. Y ahora sí entendemos, por qué ayer el presidente del Congreso Manuel Merino en conferencia de prensa mostró su preocupación ante lo anunciado por Vizcarra.  El titular del Legislativo manifestó que en el mes de mayo presentaron un proyecto de ley que permitía al Minsa intervenir las clínicas privadas; pero éste fue observado por el Ejecutivo. Y una de las observaciones más relevantes que hizo Vizcarra, fue precisamente a la que hacía referencia a la intervención de las clínicas para controlar los precios para los pacientes de Covid. Entonces, hasta ayer luego de haber escuchado al presidente Vizcarra uno se preguntaba ¿Quién entiende a Vizcarra? que primero absuelve a las clínicas, y ahora sí decide amonestarlas.

A pesar de todo eso, el congresista Manuel Merino manifestó su apoyo ante el anuncio del Ejecutivo. Y aunque no era tan sencillo aplicar aquella medida porque ésta se tuvo que impulsar a través de un proyecto de ley que primero debió presentar el Ejecutivo al Congreso, para que finalmente éste lo promulgue; eso quedó en nada, porque finalmente en horas de la medianoche se dio la reunión entre el equipo del gobierno y el equipo de las clínicas, y  finalmente se llegó a un acuerdo. El monto total que cobrarán todas las clínicas del Perú por el tratamiento de cada enfermo de Covid, será S/ 55,000 mil soles. Es decir, será una tarifa plana, así el paciente, esté un día, y así llegue a 20 días de atención. Asimismo, el documento formal lo firmarán las propias clínicas, con el SIS, este viernes. ¿No les parece extraño que solo en una horas de haber lanzado el ultimátum, se hayan reunido? Si quedaban 48 horas…

Ahora bien, lo que hasta el momento es incomprensible es que a pesar que el Ejecutivo el 20 de abril emitió el Decreto Legislativo 1466 para que todos los pacientes de Covid ante el colapso del sistema sanitario nacional pudieran atenderse sin ningún costo en las clínicas privadas (luego aquel costo lo asumiría el propio Estado); en la práctica eso nunca se dio, y solo en algunos casos aislados apenas dieron atenciones ambulatorias a algunos pacientes que luego los enviaban a sus casas para que se recuperen allí. Y más bien, las clínicas en un afán desmedido de usura cobraban hasta 10 mil soles por día de atención a los pacientes Covid y hoy existen facturas por pagar, de hasta 700 mil soles. Y no conformes con ello, incluso, se valieron del Instituto Nacional de Salud (INS), porque llegaron a cobrar hasta 600 soles a los pacientes por cada prueba molecular, a pesar que el Estado no les cobraba a las clínicas ni un sol por realizarlas. Y eso es absolutamente delictivo, pero desafortunadamente, hasta hoy vemos que reina la impunidad, porque aún no sabemos nada de los verdaderos responsables. Asimismo, ¿cómo solucionarán el tema de las deudas millonarias de más de 500 familiares que tienen con esas clínicas? se exige que el Superintendente Carlos Acosta Saal, de Susalud también discuta ese problema con el doctor Carlos Joo.

Hay que mencionar que en una coyuntura de pandemia, todos los agentes sociales, llámese políticos, empresariales y sociedad civil, tienen la obligación de despojarse en parte, de sus intereses para brindarlos a los más vulnerados; pero si a pesar de eso, estos agentes caen en necedades y desacatos, entonces El Administrador tendrá que hacer uso de la fuerza de su imperio; así como lo hicieron desde el principio los gobiernos de Irlanda y España que estatizaron la sanidad, e intervinieron los servicios privados de salud en beneficio de la población. Lo mismo acaba de suceder con el gobierno de Chile, que ya intervino a las clínicas privadas para su control. Definitivamente, el presidente Vizcarra dista de ser un genuino estadista, porque siempre ve a todos lados antes de tomar una decisión. Él se dijo y se desdijo, porque es sabido que recibe presiones por todos los flancos, y a pesar que pudo tomar en cuenta la prerrogativa más sencilla que tuvo a su alcance como Ejecutivo, me refiero a que pudo aplicar el artículo 82° de la Ley General de Salud, que aún está vigente, porque obviamente no implicaba una “expropiación” como muchos temían, está claro, que el ultimátum presidencial de ayer fue una escena teatral, así como los tres videos seudo-motivacionales que propaló en Palacio, como si estuviera dando una conferencia corporativa en la sala Paracas del Swissôtel.

No olvidemos que las clínicas siempre obedecen a criterios mercantilistas y crematísticos. Eso significa que no les importa la vida humana, por más que contradictoriamente estén dotadas de médicos que se supone que estudian para salvar vidas humanas. Y por eso no aceptaron el acuerdo con el Seguro Integral de Salud (SIS) que en el mes de abril y de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1466 planteó pagarles S/3,539 por día de atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), no obstante, las clínicas se empecinaron en pedir S/ 4,620 por día de un paciente Covid en UCI. Realmente es increíble la angurria de las clínicas que tan solo por un descuento de 1,081 soles diarios por paciente, no se dignaron en aceptar los términos económicos del gobierno; pero ahora se quedaron satisfechos, porque finalmente se impusieron al gobierno y prevaleció sus condiciones tarifarias, que finalmente serán pagadas con el dinero de los impuestos de todos los peruanos.  

Y como para continuar el show, ayer por la tarde salió el vocero de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, Carlos Joo Luck a responder como gallito de pelea ante el mensaje del presidente Vizcarra: “Si va a haber imposición, no tiene sentido ninguna negociación. Esta expropiación se produce previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada, que incluye la compensación por el eventual perjuicio, ¿Qué más solidaridad quieren?.. En toda historia mal contada el inocente termina como culpable, y ellos somos nosotros sin duda”.

Todo eso fue un acto de confesión, porque Joo obviamente ya sabía el desenlace de esa “negociación” porque desde el principio lo tuvo claro.

El gobierno ha demostrado una vez más que está al servicio de los grandes grupos empresariales, y esta vez ganaron Credicorp y el Grupo Breca que son los dueños del sistema privado de salud en Perú; es decir, de clínicas, laboratorios, centros de diagnósticos, y de Rímac y Pacífico Seguros, respectivamente. Eso significa que el control lo tienen ellos, porque hasta hoy no existe un ente regulador estatal semejante a Ositran, Osinergmin, o Sunass, que los pueda fiscalizar y que les pueda controlar y hacer reducir sus tarifas desmedidas. Solamente existe desde 2013 la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) que con pinzas apenas puede fiscalizarlas ante los reclamos de negligencias médicas, pero que no puede controlar sus tarifas. Porque como ya lo mencionamos, es muy difícil meterse con los poderosos dueños de la salud privada en el Perú.