Opinión
Los delincuentes matan, los gobernantes roban
La estrategia de Dina Boluarte y el Congreso, pareciera ser que la delincuencia asole el país ya que una población con miedo y aterrada por la delincuencia no reclama, no cuestiona, solo se dedica a protegerse, mientras los gobernantes asaltan las arcas del Estado y crean leyes para su beneficio.
Por Jorge Paredes Terry
Existe una creciente sensación de que la permisibilidad de la criminalidad se está utilizando como una herramienta de distracción por parte del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Mientras la población se encuentra aterrorizada y desorientada por la ola de delincuencia, se están llevando a cabo acciones que favorecen a los poderosos, pasando desapercibidas en medio del caos.
La evidencia sugiere una correlación preocupante entre el aumento de la criminalidad y la falta de reacción ciudadana. El dato de que en algunas zonas del país el 90% de los pequeños negocios pagan algún tipo de extorsión es alarmante, reflejando un clima de miedo e impunidad que paraliza la capacidad de reclamo de la población. En ciudades como Trujillo, la situación es especialmente crítica, con la delincuencia organizada operando con aparente impunidad, incluso con la posible complicidad de algunos miembros de la policía.
Esta situación no es casual. Un gobierno y un Congreso que se benefician del desgobierno pueden usar el miedo y la inseguridad como herramientas para desviar la atención de sus propias acciones. Mientras la población lucha por su seguridad personal y la supervivencia de sus negocios, las reformas que favorecen a la élite política pueden pasar desapercibidas. La falta de reacción ciudadana, producto del miedo y la desesperación, crea un vacío de poder que es aprovechado por quienes buscan enriquecerse a costa del Estado.
La permisibilidad de la criminalidad no es simplemente una falla en la seguridad pública; es una estrategia política. Es una forma de control social que silencia la disidencia y facilita la corrupción. La falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades solo refuerza esta estrategia, creando un círculo vicioso de miedo, impunidad y corrupción.
Para romper este círculo, es necesario un cambio radical en la estrategia de seguridad. Esto implica no solo un aumento en la presencia policial y una mayor inversión en tecnología, sino también una reforma profunda de las instituciones policiales para erradicar la corrupción interna. Además, es crucial fomentar la participación ciudadana en la seguridad, creando mecanismos de denuncia que garanticen la protección de los testigos y una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Pero la solución no se limita a la seguridad pública. Es necesario abordar las causas subyacentes de la permisibilidad de la criminalidad, incluyendo la falta de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno y el Congreso. La impunidad de los poderosos debe terminar, y se deben implementar mecanismos para asegurar que los responsables de la corrupción sean llevados ante la justicia. Solo así se podrá reconstruir la confianza en las instituciones y crear un ambiente donde la ciudadanía pueda reclamar sus derechos sin temor a represalias. La lucha contra la criminalidad no puede ser solo una cuestión de seguridad pública; debe ser una lucha por la justicia y la democracia.
La falta de reacción ciudadana frente a la delincuencia tiene consecuencias de gran alcance, que van más allá de la simple percepción de inseguridad. Esta inacción alimenta un círculo vicioso que erosiona la confianza en las instituciones, debilita el tejido social y, en última instancia, perpetúa la impunidad y la violencia.
Cuando la ciudadanía se acostumbra a la delincuencia y deja de reaccionar, se crea una sensación de normalidad. La delincuencia se convierte en un elemento cotidiano, aceptado como parte del paisaje social. Esta normalización genera una sensación de impotencia y resignación, lo que a su vez reduce la presión sobre las autoridades para que tomen medidas efectivas.
La falta de reacción ciudadana envía un mensaje claro a los delincuentes: sus acciones no tienen consecuencias. La impunidad se convierte en un incentivo para que la delincuencia se expanda y se vuelva más audaz. Los delincuentes se sienten empoderados, sabiendo que pueden operar con relativa libertad sin temor a represalias.
Cuando la ciudadanía percibe que las autoridades no están tomando medidas efectivas para combatir la delincuencia, la confianza en las instituciones se erosiona. La población se siente desprotegida y abandona la esperanza de que el Estado pueda garantizar su seguridad. Esta desconfianza puede traducirse en un aumento de la violencia y la autodefensa, lo que genera un clima de caos y descontrol social.
La delincuencia y la falta de reacción ciudadana generan un clima de miedo y desconfianza. La gente se aísla en sus hogares, evitando la interacción con sus vecinos. Las relaciones comunitarias se debilitan, lo que dificulta la creación de redes de apoyo y la colaboración para combatir la delincuencia. La falta de solidaridad y cooperación facilita la expansión de la criminalidad.
La delincuencia tiene un impacto devastador en la economía. Los negocios cierran, las inversiones se retraen y el turismo se ve afectado. La falta de reacción ciudadana exacerba estos problemas, creando un círculo vicioso de pobreza, delincuencia y falta de oportunidades. La economía se estanca, lo que a su vez alimenta la desesperación y la violencia.
Pero cada vez más se escuchan voces que exigen acciones radicales como última solución para combatir la delincuencia desbordado.
La mayoría de la población aceptaría un régimen de excepción, donde una Junta cívico militar tome el control total de las decisiones, cuyas acciones inmediatas serían la restitución inmediata de la servicio militar obligatorio, redadas conjuntas del ejército en zonas peligrosas, expulsión de delincuentes extranjeros, control total de las fronteras, unificación de los cuerpos de seguridad interna (Rondas Campesinas, Serenazgo, seguridad privada y otros) bajo un solo un solo mando, de igual forma la población va a exigir cambios en la legislación y el código procesal penal, que consistirá en jueces sin rostro para procesar a los delincuentes, pena de muerte para crímenes atroces como el asesinato de niños, de igual forma implantar la pena capital contra la alta corrupción.
Estas medidas pueden asustar a algunos, pero la gran masa vería con buenos ojos este tipo de decisiones, drásticas pero necesarias.
Frente a la ineficacia y corrupción de un gobierno y Congreso que usa el caos como elemento distractivo para robar, la reacción popular tarde o temprano los hará despertar y será demasiado tarde.