Escribe Carlos Vargas
Es conocido que todo empresario, para salvarse de la cárcel, termina echando la culpa de sus crímenes a sus gerentes, empleados o políticos a su servicio. Es decir, los empresarios siempre cuentan con un “chivo expiatorio” que los libre de toda culpa. En el Perú, Odebrecht y el llamado “Club de la Construcción” es un buen ejemplo de este tipo de maniobras capitalistas.
Alejandro Toledo, Alan García,
Ollanta Humala, Susana Villarán, Keiko Fujimori, PPK, etc., han sido acusados
de recibir dinero mafioso de Odebrecht. Los mismos dueños y gerentes de esta
empresa brasileña lo han confesado. Las pruebas están allí, son irrefutables.
Sin embargo, ahora nos dicen que se necesitan “más pruebas”, “más confesiones”
y que, por tanto, estamos obligados a pactar con Odebrecht. De esta manera,
aunque parezca increíble, Odebrecht y el Club de la Construcción están
obteniendo beneficios de la justicia peruana a pesar de que fue en estas
empresas donde se originó este escándalo de megacorrupción[i].
Ahora resulta que el único o
principal culpable de la corrupción es quién recibe el dinero sucio y no quién
lo da para su propio beneficio. Ahora resulta que la justicia no se impone a
todos por igual, sino que es “negociable”. Es como si se pactara dejar en libertad
a un narcotraficante a cambio de que de información sobre uno de sus
vendedores. Así es como la prensa burguesa está moldeando la opinión pública en
el Perú. La ex fujimorista Rosa María Palacios, el ex toledista Gustavo Gorriti
y otros “demócratas” atacan al fujimorismo pero de Odebrecht y el Club de la
Construcción casi no hablan. De las pruebas contra el empresario de la
construcción Martín Vizcarra tampoco hablan.
Ya desde el decreto 003-2017 de
PPK se había impuesto esta política de impunidad para los empresarios. La ley
30737 de Vizcarra la profundizó extendiendo a las empresas o “personas
jurídicas” todos los beneficios de ser “colaboradores eficaces contra la
corrupción”. Y hoy, el acuerdo del fiscal Domingo Pérez con Odebrecht encaja
como anillo al dedo dentro de esta política capitalista de impunidad para los
grandes empresarios. Según el mismo diario “anti-fujimorista” La República: “A cambio de esa colaboración eficaz, el
Estado peruano les otorgaba facilidades para el pago de la reparación civil, exoneración
de sanción penal para sus directivos -todos de nacionalidad brasileña- y la
posibilidad de que un juez levante las restricciones para que la constructora
vuelva a trabajar con el Estado”[ii]
De este modo, la madre misma de
la corrupción, Odebrecht, luego de pagar una indemnización ridícula, no solo se
libra de sanciones penales sino que además seguirá operando en el Perú,
“ganando” licitaciones, explotando trabajadores, contaminando el medio ambiente,
y todo gracias a que está “colaborando” en procesar a sus peones políticos. Por
su parte, los dueños de Graña y Montero y del diario El Comercio siguen libres así
como sucede con los demás empresarios del Club de la Construcción[iii].
¡Así funciona la justicia capitalista! ¡El empresario nunca va a la cárcel,
nunca pierde! Keiko está en prisión, y eso es suficiente para Vizcarra. “Con nosotros los empresarios no se metan”,
para decir. Este acuerdo de Domingo Pérez es, en realidad, un nuevo escándalo
de impunidad a favor de la corrupción. Así de podrida está la justicia aquí y
en todo el mundo.
Todo este show mediático fue
montado por razones exclusivamente políticas como ya habíamos advertido el año
pasado: “La cuarta y más reciente
maniobra a favor de Vizcarra es la detención ‘preliminar’ de Keiko Fujimori,
investigada por lavado de activos. Los artífices de tan oportuna medida son el
fiscal Domingo Pérez y el juez Concepción Carhuancho, la misma dupla que el año
pasado ordenó el allanamiento de los locales del partido de Keiko por la misma
causa, maniobra que le permitió al gobierno de PPK ganar apoyo contra su
vacancia. La bancada de Verónika Mendoza se tragó el cuento de que PPK y su
vicepresidente Vizcarra irían hasta el final en su ‘lucha’ contra el fujimorismo,
sin embargo, a solo un par de semanas del sonado allanamiento, PPK indultaría
al mismo dictador Alberto Fujimori y Vizcarra ‘respetaría’ su decisión”[iv].
Pero la historia de impunidad no
termina aquí. Los empresarios necesitan chivos expiatorios, pero también
necesitan quedar bien con sus mercenarios políticos. Esto significa que la
burguesía hará todo lo posible para que sus políticos reciban la menor pena
posible o incluso la libertad total. Keiko está en prisión “preventiva”, no
sabemos si permanecerá allí después del juicio. Toledo ni siquiera se ha
molestado en ocultarse, camina libre por los EEUU y su proceso de extradición
podría durar más de 10 años[v].
Ollanta Humala fue liberado y ahora da entrevistas en el canal estatal. PPK,
Villarán, Alan García, también siguen libres. Vizcarra goza de inmunidad
presidencial. Cumplido su papel, ahora el juez Carhuancho ha sido sacado de
escena. El reino absoluto de la corrupción y la impunidad está siendo
restaurado.
[i]
Corrupción que tiene su rostro visible en el aniego en San Juan de Lurigancho,
un desastre sanitario del que Odebrecht y Graña y Montero son directamente
responsables.
[ii] <https://larepublica.pe/politica/1388959-acuerdo-odebrecht-monto-reparacion-civil-definio-ley-30737>
[iii]
Este estaría integrado por las brasileñas Odebrecht, OAS, Queiroz Galvao,
Andrade Gutiérrez, Mota Engil Perú, la ítalo-peruano Obrainsa-Astaldi, la
ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo, la argentina Grupo Plaza, y las peruanas Graña y
Montero, Cosapi, ICCGSA, Johesa, San Martín, E. Reyna C., Construcción y
Administración, JJ Camet y Málaga Hermanos Constructora.
[iv]
<https://zonaobrera.wordpress.com/2018/10/12/las-ultimas-maniobras-de-vizcarra/>
[v]
Algo similar podría ocurrir con el juez corrupto César Hinostroza, detenido en
España. Por otro lado, el mismo Alberto Fujimori podría ser nuevamente liberado
esta semana.
