Detrás de la salida del ministro del Interior Carlos Morán Soto, existe una historia de corrupción que el gobierno oculta y disfraza como “una renuncia por motivos personales”, en lugar de sancionar a Morán y a la cúpula policial que operaba junto a él.
El 23 de abril, en su conferencia nº 35, el presidente Vizcarra cedió el uso de la palabra a Morán, quien no se dirigió al país sino a las fuerzas policías diciendo: “Tengan la tranquilidad de que el Estado no los va a abandonar, confíen”. Lo hizo porque la situación policial estaba a punto del desborde por el abandono que, hasta ese día, ya había generado 11 policías muertos y 1,300 contaminados.
El malestar se debía a la desprotección de los efectivos que patrullan las calles mientras la cúpula se dedicaba a sus negociados. Les habían entregado con una semana de tardanza –y no a todos— apenas dos pares de mascarillas y dos pares de guantes que se rompían con facilidad. Los contagios empezaron a darse en el personal policial sin recibir atención porque los jefes los obligaban a “mostrar detenidos”. Hasta que personal policial decidió hacer circular en las redes sociales una denuncia contra el general Héctor Petit Amésquita, director de administración de la Policía Nacional, por la licitación favorable a la empresa Emotion Group que, a cambio de 2 millones de soles, debía proveer 22,900 raciones de rancho frío para los efectivos policiales. Lo sorprendente era que cada rancho valía 87 soles, algo así como almorzar en un restaurante de Gastón Acurio. Emotion Group ganó, además, una segunda licitación por 8 millones de soles para la adquisición de mascarillas.
Lo delictivo no eran sólo los 10 millones de soles de precios infladísimos, sino que la empresa Emotion Group se dedica a la venta de autopartes y llantas para automóviles y, además, consignó una dirección inexistente. La denuncia fue creciendo, en las redes más no en los medios, y el ministro Carlos Morán y el comandante general PNP José Luis Lavalle, en lugar de investigar decidieron autorizar al general Petit a salir en el programa Punto Final con la idea de desmentir la información. Sin embargo, el ardid no les resultó porque el reportero de este programa, Roberto Ramírez, honró su oficio, investigó y denunció los hechos. Ante la denuncia pública ¿qué hizo Morán y que exigió el presidente Vizcarra? Nada. Ninguno hizo nada. Morán se limitó a decir que “la compra no se había concretado” como si eso significara inocencia y Petit siguió en funciones.
Pero los ánimos del personal policial se enardecieron cuando, el 10 de abril, el alto mando decidió suspender al suboficial Dante Reátegui de la comisaría de Breña por reclamar pruebas de Covid-19, mascarillas y guantes. Se sancionaba a un efectivo policial por exigir implementos de trabajo y cuidado a la salud de sus compañeros y, a la vez, se mantenía en funciones a un general corrupto.
El 12 de abril, a Moran y su cúpula no le quedó otra salida que “remover” del cargo al general Héctor Petit, jefe de la Dirección de Administración. ¿Lo pusieron a disposición de una fiscalía? No. Morán lo reubicó en la Comisión Consultiva de la Comandancia General de la PNP. ¿Por qué recibió ese trato cómplice? Un policía cuajado en investigaciones señala: “Cuando los jefes protegen es porque no quieren que el infractor hable para que no los comprometa”. La deducción es inevitable: la corrupción habita en las más altas esferas policiales. Para un corrupto la oportunidad era irrepetible: 100 millones de soles entregados sin control por la dadivosa Ministra de Economía, es algo que no ocurre siempre.
Lo de Petit es apenas un caso y gracias a la reacción del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia Arrieta se encuentra actualmente en investigación.
Para no alargar la historia que ya tendrá momento de ser narrada con sumo detalle, hay que decir que el millonario latrocinio continuó mientras 11 valerosos policías morían, 1,300 se contagiaban y, además, ponían en riesgo a sus modestas familias. Se realizaron otras millonarias y fraudulentas licitaciones con las empresas Finance Group G&P S.A.C., Five Networks Solutions S.AC., Uniform Sniper E.I.R.L. Entre los accionistas de estas empresas de fachada se encuentran, por ejemplo, una estudiante de la universidad César Vallejo, Stefanny Bazán Solier, o esposa del general Gino Coletti. Se dedicaron a armar licitaciones para llevarse el dinero. El caso se encuentra a cargo de la fiscal Mónica Silva Escudero de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y esperemos que cumpla con su tarea.
Estos hechos eran conocidos desde el 26 de marzo. ¿Por qué el presidente Vizcarra tomó la decisión de apartar del cargo al ministro Morán recién el 25 de abril? No fue por una razón principista, fue porque en el ejecutivo se enteraron que el contralor general de la República, Nelson Shack —el mismo a quien el gobierno le discutió los fondos para las labores de control— iba a hacer públicos informes sobre la corrupción policial. Para evitar el ocultamiento, el contralor Shack, el mismo día de la salida de Morán, declaró: “Las próximas semanas van a estar saliendo una serie de informes. Nos llegaron varias denuncias de malos procesos de contrataciones con presuntas irregularidades”.
Para decirlo en lenguaje penal, los presuntos implicados son los generales Carlos Morán Soto, ex ministro del Interior; José Luis Lavalle Santa Cruz, ex comandante general; Héctor Petit Amésquita, director de administración; Juan Carlos Sotil Toledo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal; coronel Nolberto Miranda Salez, administrador de presupuestos.
Cuando usted vea en las calles a los valerosos policías, respételos y dígales gracias. En estas condiciones trabajan: a merced de jefes infames y corruptos.
