La libertad de prensa o libertad de medios es un principio legal y social vinculado con el derecho humano fundamental a la libre opinión (o sea, la libertad de expresión).
Postula que los Estados y otros poderes no deben interferir en la libre expresión del pensamiento a través de los medios de comunicación (como la prensa escrita y audiovisual). Esto es, que no debe haber censura previa ni persecución de ningún tipo como producto de la libre expresión de las ideas.
La libertad de prensa es un derecho fundamental de suma importancia para las sociedades democráticas, ya que permite la libre opinión e investigación en temas de interés público que bien pueden ser contrarios al poder político ejercido por el gobierno, o por los sectores poderosos de la sociedad, al ser influyentes en la opinión pública, en la cual reside la soberanía del voto.
Este derecho fue consagrado por primera vez en Suecia, en 1766, a través de una Ley de Libertad de Prensa, y también está en la Constitución de los Estados Unidos, protegida por la primera enmienda realizada en 1791. Además, la libertad de prensa se aborda en el artículo 19° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza:
«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.»
Sin embargo, como ocurre con muchos otros derechos, la libertad de prensa no exime a los medios de comunicación de ejercer su oficio responsablemente, ni les protege en caso de cometer delitos como el de la difamación, ni de incurrir en conductas de falta de ética profesional. De allí que el campo de la libertad de prensa sea siempre uno de continuas tensiones entre la libre expresión y la responsabilidad informativa.
De esa misma manera, la libertad de prensa no es defendida por igual en todas las naciones del mundo. Índices mundiales de instituciones no gubernamentales como Reporteros Sin Fronteras, Freedom House o el Comité para la Protección de los Periodistas, son elaborados anualmente para informar sobre el estado de la libertad de medios en las distintas regiones del mundo.
PERÚ
El Perú sufrió en 2023 un “pésimo año para la libertad de prensa” con un récord de 352 ataques a periodistas, la mayoría cometidos en Lima y dirigidos especialmente a medios digitales, según explicó la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
Un reporte de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la ANP señaló que “esta es la mayor cifra registrada en lo que va del presente siglo, seguida por los récords de 2022 (303 casos), 2020 (239) y 2007 (212)”.
Lima “mantiene su récord histórico”, al liderar el registro con un total de 208 ataques, seguida por la norteña Trujillo, con 19 casos, y las sureñas Tacna, con 11, y San Román, con 10.
“Por segundo año consecutivo se superan las 300 agresiones a periodistas. Una cifra muy gráfica de lo que significa hacer periodismo en el Perú”, señaló en la presentación del informe la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez.
La representante remarcó que, en 2023, “las fuerzas del orden actuaron en terreno y el Ejecutivo hizo lo suyo con una propuesta de protocolo para cobertura en situaciones de alteración del orden público que no era otra cosa que una tentativa (más) de parametrar (limitar) la actividad periodística”.
Señaló, además, al “Legislativo y sus bravatas” que “lo convirtieron en uno de los más beligerantes frentes de asedio a la prensa” y que “la nocividad del Ministerio Público merece un análisis particular”, ya que se dio el seguimiento a periodistas, la instrumentalización de la investigación fiscal y requerimientos fiscales o diligencias orientadas a disuadir a las fuentes.
Lainez también mencionó la existencia de “grupos extremistas de todo matiz, a lo largo y ancho del país” y que a todo eso se ha “sumado a la desconfianza de la ciudadanía, la extinción de los impresos regionales, la toma de los medios del Estado y la regresión en materias como acceso a la información pública o rectificación”.
“En síntesis: 2023, un pésimo año para la libertad de prensa” en Perú, concluyó.
Los principales agresores contra periodistas en 2023 fueron civiles, al propiciar 136 incidencias; seguidos por las fuerzas del orden y agentes de seguridad, como miembros de la seguridad municipal conocida como serenazgo y los vigilantes, con 106 casos.
Tras ellos, aparecen los funcionarios, con 73 casos, mientras que también se registraron 28 ataques de “elementos no identificados” y 9 de empleadores.
Los reporteros de la prensa digital fueron, con 162 casos, los más atacados, seguidos por miembros de medios tradicionales, como la prensa televisiva (93 casos), radial (56) y escrita (41).
Durante 2023, se presentaron 206 ataques contra periodistas hombres, 83 contra mujeres periodistas y 63 contra medios de comunicación.
La ANP recordó que el año pasado “inició con dos meses de álgida movilización social” y detalló que en enero se registró el mayor número de agresiones contra periodistas, con un total de 102 casos, mientras que en julio se registraron 36 casos y en diciembre 34.
El ataque con mayor incidencia fue la amenaza u hostigamiento, con 138 casos; seguido por la agresión física y verbal, con 127, mientras que las trabas de acceso a la información y cobertura periodística llegaron a 25.
También se registraron 14 casos de “discursos estigmatizantes”, 10 de intimidación judicial, 8 detenciones, 9 afectaciones laborales, 9 robos, 6 amenazas legislativas, 3 tentativas de homicidio y 3 casos de ciberacoso.
La ANP remarcó que una “mención especial requieren las 6 amenazas legislativas registradas” en 2023 y alertó que se mantiene la insistencia en dar “leyes mordaza”, con propuestas para elevar las penas por difamación y para penalizar la difusión de informaciones de investigaciones fiscales o procesos penales en el país.
