Ley de taxis por aplicativo deberá ser revisada nuevamente en el Congreso tras observaciones del Ejecutivo [VIDEO]

Le pusieron freno de mano. El Poder Ejecutivo observó la norma que regula a las empresas de taxis por aplicativo, exigiéndoles establecer un registro nacional con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.

Como se recuerda, la autógrafa de ley aprobada el 30 de mayo, plantea regular a las empresas administradoras de intermediación del servicio de transporte, dedicadas principalmente al servicio de taxi, como Uber, Didi, InDrive, Cabify, entre otras. El objetivo es garantizar los derechos y la seguridad de sus usuarios. Para ello, se determina que las compañías deben exigir a los conductores una serie de datos sobre ellos mismos, sus vehículos y el servicio que brindarán.

Bajo la dirección de la presidenta Dina Boluarte, desde Palacio argumentan que, aunque la ley busca regular a las empresas que administran servicios de transporte privado especial mediante plataformas tecnológicas, está afectando negativamente al servicio de transporte terrestre.

Además, la norma introduce un nuevo término denominado «servicio de transporte especial», pero sin ofrecer una definición clara.

En este contexto, el Congreso de la República tiene la responsabilidad de revisar nuevamente el proyecto de ley que regula las aplicaciones de taxis y podría aprobarlo por insistencia a través de la Comisión Permanente.

ATU en contra de ley

Al respecto, la presidenta ejecutiva de la ATU, Marybel Vidal, afirmó que la autógrafa de ley aprobada por el Congreso de la República permitiría evadir la fiscalización a través del uso de aplicativos para taxis y otros vehículos.

Por ello, advirtió que de aplicarse dicha norma sería una puerta abierta a la informalidad en todos los servicios de transporte público.

Explicó que sería “un grave retroceso para el transporte público” debido a que tiene una débil regulación y una inexistente potestad fiscalizadora y sancionadora para los operadores que presten servicios de transporte mediante el uso de aplicativos”.

Agregó que la fórmula legislativa aprobada por el Congreso contraviene la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, la ley de creación de la ATU y el Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

En ese sentido, Vidal sostuvo que, en la autógrafa de ley, no se define qué es un servicio privado de transporte especial y cuál es su alcance o delimitaciones. “Al no definirse y delimitarse el denominado servicio privado de transporte especial, se permitiría que a través del uso de aplicativos se oferten y presten servicios informales, no solo de taxi sino también de carga y de una ciudad a otra”, insistió.