Ley de cine con trampa (una vez más)

Escribe: Francisco Adrianzén Merino

Ni la pandemia, ni los muertos, ni la vergüenza de ser una burocracia ineficiente, una vez más la del Ministerio de Cultura, ha iniciado de espaldas a cualquier respeto a las más elementales normas democráticas, la «consulta» del Reglamento de la «Nueva Ley» de cine.

A través de una reunión (virtual) semi-clandestina, amparándose en el estado de emergencia nacional y mundial que vivimos, la DAFO (Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos medios) convocó a una sesión de los gremios cinematográficos, los mismos que se dejan manipular a su antojo, para presentarles su propuesta trabajada por los cerebros burocráticos.

Como nos tiene acostumbrado el Ministerio de Cultura cuando se trata de Normas que pretenden justificar una consulta pública cuando no hay mayor voluntad, no hubo debate, tan solo el monólogo del funcionario, aburriendo a la virtual concurrencia con el intrincado y farragoso texto pleno de formalismos y legalidades. Ante el requerimiento de porque no se comparte el texto, para una paciente y generalizada lectura, apareció la excusa perfecta, increíble pero cierta: «(el proyecto de reglamento) puede caer en manos de personas o políticos que estén en contra de la ley y quieran perjudicar la posibilidad de que sea aprobada a la brevedad».

Aunque pueda parecer una broma, todo el mundo (o casi todo el mundo del otro lado de la computadora) mordió el anzuelo. Después de todo es mejor callar. Hay más de veinte millones de poderosas razones para inclinar la cabeza y extender la mano, mucho más en estos tiempos.

Si bien es cierto que muchos sectores retrógrados están en contra de la ley de cine por diversos motivos, que van desde la sumisión a las transnacionales hasta la cavernaria voluntad censora, la reciente ofensiva reaccionaria a propósito del documental “Hugo Blanco, Río profundo”, es la mejor muestra de ello. La ley es una imperiosa necesidad por muchas razones, que fuera de las conocidas, de apoyar el desarrollo de nuestra producción audiovisual, se suman la necesidad de una Cinemateca nacional, Escuela pública de cine y Film Comission, por citar tres importantes necesidades entre muchas otras dejadas de lado por el actual Decreto de Urgencia todavía pendiente de ratificación en el Congreso.

No es este el momento, ni motivo, de detenernos en los alcances de la ley y de la manera espuria como ha sido promulgada, por la puerta falsa de la legalidad mediante un Decreto de Urgencia de un ministro de salida. Sin embargo, hay que decirlo con todas sus letras: se insiste en un camino erróneo, carente de toda discusión democrática que debería de ser el sustento de toda política cultural, y de espaldas a las reales necesidades del cine peruano, pretendiendo promulgar una Ley (y su Reglamento) plagada de carencias, con muy limitados alcances, elaborada y aprobada en un juego no exento de manipulaciones y finos y soterrados chantajes.

La «nueva ley» beneficia a un reducido grupo de cineastas que no tiene ninguna vergüenza en doblegarse y dejarse convencer por un funcionario ávido de poder que está próximo a cumplir ocho años en el mismo cargo y que, tal como lo hemos venido sosteniendo desde hace un buen tiempo, no ha tenido ninguna vergüenza en incluir varios artículos que le permitirían tener el absoluto control sobre todo el apoyo del estado al cine peruano.

¿Quién nos dice que el Reglamento que la DAFO del Ministerio de Cultura se niega a compartir para un real y profundo debate, no significará más de lo mismo o tal vez algo peor?