Por Rafael Romero
Con fiscales como Marita Barreto o sus ex adjuntos que dejó en la Fiscalía de Lavado, el Perú difícilmente ingresará a la OCDE, porque para ello se exige que las instituciones de la administración de justicia de cualquier país tengan un elevado nivel de respeto al Estado de derecho, a la institucionalidad democrática y a los derechos fundamentales.
La verdad es que sin libertad de prensa y sin la tolerancia debida frente al ejercicio del periodismo, cualquier sociedad estará condenada no solo a no ingresar a la OCDE sino a la barbarie. Por eso, la gota que rebalsó el vaso frente a la politizada e ideologizada Fiscalía de Lavado de Activos es la valiente, documentada y contundente denuncia del periodista y docente universitario Carlos Paredes, actualmente director de Contracorriente (Willax TV).
Hace años desde EXPRESO (2006 – 2009), periodistas como Antonio Ramírez, Víctor Robles, Víctor Rado y el suscrito, evidenciamos cómo se había instalado la ideología caviar en la administración de justicia a propósito de la CVR (Comisión de la Verdad y Reconciliación) de Alejandro Toledo y de sus adláteres Diego García Sayán y Gustavo Gorriti. Incluso García Sayán, ante el peso de las críticas e investigaciones de EXPRESO contra las ONG de izquierda, querelló nerviosamente al director Luis García Miró Elguera.
Esa fue una primera guerra contra la politización de la justicia y de la Fiscalía, donde Pablo Sánchez ya salía de ser fiscal superior y se convertía en fiscal supremo, apoyado directa o indirectamente por IDL y listo para ocupar la Fiscalía de la Nación. El caso es que para entonces este escriba junto a colegas como José Briceño denunciamos el tráfico de tierras en San Bartolo y Punta Negra entre el 2012 y el 2015. Yo fui querellado por Racso Miró Quesada y por el alcalde Barthelmess, pero íbamos por más, y como siempre sin temor, a fin de conocer cuántos de los caviares promotores de la CVR se compraban casas de playa o de campo en Asia, perdiéndose extrañamente los cuadernos de ingreso de visitas en las Fiscalías de Lima Sur.
Ahí vino la segunda guerra contra la fiscalía ideologizada y politizada de Pablo Sánchez (2016 – 2020), cuando sabedores de que también se había perdido esa clase de cuadernos de registro de visitas en la Fiscalía de Lavado de Lima, entonces lógicamente se abrieron hipótesis de investigación periodística para saber qué ciudadanos, empresas o abogados visitaban a los fiscales Vela, Peralta Santur o Barreto. Incluso nuestro trabajo fue antes que se produzca el escándalo del caso Lava Jato (Odebrecht y el Club de la Construcción) y, por tanto, antes de que Domingo Pérez llegara a la cofradía de Lavado.
Por cierto, la falta de profesionalismo de esos fiscales hizo que se olviden de que los periodistas usamos una serie de técnicas, herramientas y métodos de captación de información, así como los principios del periodismo de datos, de infiltración de investigadores y del manejo de fuentes abiertas u off the record. Eso lo estábamos haciendo entre el 2015 y 2017 para conocer acerca de los inmuebles que adquirían los caviares al sur de Lima y respecto de la pérdida de cuadernos de visita en las Fiscalías de San Bartolo, Punta Negra, Cañete, Chilca, Mala y Lima metropolitana.
No obstante, hechos más o hechos menos con cargo a relatar, desde EXPRESO el colega Briceño y yo nos dimos de frente con los ucases y con la arbitrariedad de la funcionaria Marita Barreto, amiga de IDL y presta a censurar nuestra libertad de prensa, a obstruir nuestro ejercicio periodístico y criminalizar nuestras investigaciones, comportándose abusivamente al usar al Estado para perseguirnos durante el vizcarrato, jugando ella un papel clave en el boicot contra Pedro Chávarry y siendo el pivote necesario para que Zoraida Ávalos llegue a ser Fiscal de la Nación, la misma de quien el Lagarto decía que se echaba mucho perfume cuando se veían.
En esa época, sobre todo entre el 2019 y el 2020, siendo ministro del Interior del Lagarto, Carlos Morán, manos extrañas jaquearon cuentas de Twitter del diario, se acosó a periodistas con seguimientos e incluso con allanamientos fiscales como el producido a la casa de la editora de política de EXPRESO, María Teresa García, y se nos abrió investigaciones desde el poder fiscal caviar a varios periodistas y columnistas del diario (César Rojas, José Briceño, Fernando Rospigliosi, Luis Gonzales Posada, César Alfredo Vignolo, etc.).
Pero ahora se vive la tercera fase o etapa de esa guerra (2023 – 2024), ingresando como protagonista de ese periodismo de combate Carlos Paredes. Pero lo más destacable es la lección de periodismo que Carlos y el ejemplar equipo de periodistas de Contracorreinte le ha dado al país, sobre todo más allá de que se considere a la prensa un poder, porque no es el primero, no es el segundo, tercero o cuarto poder, porque el buen periodismo es en realidad solo un antipoder y por eso tiene todo el derecho y la legitimidad para fiscalizar y denunciar a una fiscalía conformada por funcionarios que no son idóneos y menos íntegros.
Ahora bien, detalla esta historia con los términos precisos otro colega brillante, Miguel Ramírez, del diario El Trome, cuando señala: “Hasta que por fin el Ministerio Público abrió una investigación a la fiscal superior provisional Marita Barreto (…). Los cargos son graves: delito contra la administración pública (en la modalidad de revelación indebida de identidad) y rehusamiento o demora en el cumplimiento de actos funcionales”.
En ese sentido, he ahí la gran lección de periodismo de Carlos Paredes al dar a conocer públicamente que Barreto afirmó que ella le había entregado información reservada. Pero dicha funcionaria la embarró peor cuando en una entrevista en vivo para RPP señaló que el director de Contracorriente era “colaborador de la Policía”, es decir un testigo protegido en un caso de corrupción; y por eso, legalmente, su identidad nunca debió quedar expuesta tal como lo hizo la oportunista Barreto.
Además, Carlos tiene todas las pruebas: un audio, los peritajes del mismo y el USB que dicha fiscal le entregó con información reservada de una investigación. En suma, se trata de una gran clase teórico-práctica para las nuevas hormadas de comunicadores y periodistas. Solo con libertad de prensa un Estado será civilizado y democrático.
