En nuestro país hay leyes laborales que abundan en la dispersión. Por ello existen más de 40 regímenes laborales públicos y privados. Dicho marco normativo genera una suerte de malinterpretaciones, y asimismo, crea el desconcierto de la clase trabajadora que ante tanta confusión, prefiere mantenerse silente para así proteger su subordinado rol laboral.
A raíz de la actual coyuntura política, y de la reciente tragedia del incendio de la galería Nicolini, se habla de la existencia de una feroz esclavitud laboral, e incluso: de trata de personas; no obstante, el MTPE solo insiste en brindar “paliativos” pese a la gran problemática laboral que adolece el Perú. El ministro Alfonso Grados apenas intentará duplicar el número de inspectores de la Sunafil para cumplir con su fiscalización, y asunto arreglado.
Es importante recordar que aquella irremediable informalidad laboral que no deja de flagelar a la clase trabajadora, subsiste gracias a desafortunadas medidas legislativas que tuvieron su origen en las postrimerías del primer gobierno de Alan García, que creó el funesto régimen CAS. Sin embargo, el gran golpe sistemático contra los trabajadores del Perú lo dio el gobierno del hoy sentenciado Alberto Fujimori desde que asumió su mandato, acompañado de su ministro de Economía Hurtado Miller, que luego de su insano mensaje del 8 de agosto del 1990, en el que proclamó su bien guardado Fuji-shock; apenas a los pocos meses transcurridos empezó su cacería contra la clase asalariada, a través del Decreto Supremo 004-91 PCM que señalaba una pronta racionalización y reestructuración del Estado, y que a su vez ordenaba un masivo despido de trabajadores estables.
Así nacieron los SERVICES, que son una especie de intermediación laboral mediante tercerización en las contrataciones, y que a través de sus Contratos de Servicios no Personales, y los Contratos de Locación de Servicios se constituyeron en una gran conspiración que vulneró los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces, surgió el despido arbitrario, y desaparecieron los sindicatos, las negociaciones colectivas, los reclamos; y se dio inicio a los infelices contratos temporales. Asimismo, se despidieron más de 300 mil trabajadores entre el sector fiscal y privado.
Luego de tremendo despropósito orquestado hace 27 años, y que además ha favorecido a la clase empresarial; hasta el día de hoy ningún mandatario ha intentado revertir ese statu quo, pese a que prometieron lo contrario. El prófugo Alejandro Toledo, en su campaña en 2001 dijo: “Eliminaré las malditas services”; Alan García en su mitin del 29 de marzo de 2006 en Chimbote afirmó: “Vamos a eliminar las services y garantizar el respeto a la jornada laboral de las 8 horas”; y el innombrable Ollanta Humala que traicionó al Perú entero, exclamó: “Eliminaremos las explotación de las services, los CAS, y los servicios no personales”.
Al menos PPK, fiel a su estilo pro-Confiep, y pro-SNI siempre admitió no estar en contra de las services; por ello hasta el día de hoy no ejerce una política de reivindicación hacia el trabajador peruano.
