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Las relaciones políticas de los cinco magistrados del JNE
Julio Guzmán. Foto: Correo.
De repente las elecciones (el proceso democrático más aburrido de todos) se han convertido en un episodio versión chicha de House of Cards. Lo que parecían unas elecciones bien monses, y cuando todos creíamos que la contienda había caído en un sopor apenas encendido por las acusaciones de plagio a Acuña, el JNE en una movida por demás sospechosa se tiró de un plumazo la candidatura del que iba segundo en intención de votos según la mayoría de encuestadoras (y que tenía proyecciones de seguir creciendo).
Lo sorprendente es que esto ocurra a seis semanas del día de las elecciones, cuando estamos muy cerca al día límite para la impresión de la boleta de votación. La espectacularidad de esta movida legal que ponderó el reglamento y sus tecnicismos legales por encima de la Constitución y los valores democráticos y es que para los (pocos) que siguen las elecciones con atención, nadie, pero nadie se esperaba esto, ni el más alucinado en teorías de la conspiración lo hubiera imaginado. Porque nadie lo vio venir es que iba a ocurrir.
Y es que el hecho de la tacha a Guzmán es de por si un acto de una conchudez enorme, es una afectación rochosa al derecho fundamental a elegir y ser elegido. Independientemente de que prefiramos o no a Guzmán, el daño que ocasiona esta sentencia es peligrosa para la legitimidad del proceso. Como si nos encontráramos en una situación de pre-fraude, un flashback de los tiempos más cruento del fujimorato.
Pero cómo llegamos a esto, o cual Zavalita de política para dummies cabría preguntarnos ¿cuándo se jodió la elección? Yo diría, cuando el JNE llegó a manos del complejo académico político.
¿LA USMP, LA NUEVA CASA DEL PUEBLO?
¿Dónde trabajaban los ministros antes o después de ser ministros? O ¿a dónde van los presidentes cuando dejan de ser presidentes? Esas son preguntas que vale la pena formular. Las universidades no son solo fábricas de profesionales, son también viveros de funcionarios de alto nivel, cuarteles de invierno de expresidentes, donde cierta gente, una elite, se encuentra, se conoce e intriga. http://larepublica.pe/politica/729159-alan-garcia-usa-instalaciones-de-usmp-para-campana-electoral
La construcción de este complejo académico político empezó por los años noventa cuando José Antonio Chang se hizo rector de la USMP. Chang es aprista militante, hijo de un diputado del APRA. En el segundo gobierno de Alan García tuvo la cartera de Educación. Al término del gobierno aprista retomó sus funciones como rector de la USMP y tiempo más tarde la universidad nombra director de la Escuela de gobernabilidad al expresidente Alan García.
En el cuerpo académico de dicha institución participan entre otros, José García Belaunde, Enrique Cornejo, Luis Carranza y Óscar Ugarte, todos exministros del segundo gobierno aprista (ver el siguiente enlace http://www.gobiernoygestionpublica.edu.pe/noticias/cuerpo-academico/ ).
Esta alianza no es casual. La facultad de Derecho de la USMP es de carácter masivo, de ella egresan 300 alumnos de promoción cada semestre, su nicho de mercado laboral es el sector público desde hace cerca de 50 años. Penetran en municipalidades, poder judicial, fiscalía, ministerios, etc. Copan el sector público en todas sus áreas. (Revisar los convenios con las instituciones públicas: http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/2016-I/convenios_becas.pdf)
De ahí que muchos de los catedráticos de la Universidad San Martín sean apristas, militantes, simpatizantes. Una mano que mece la cuna arma a la vez una amplia red de contactos que confeccionan un Complejo Académico Político de profunda penetración en las instituciones públicas, de forma que se puede dar la sospecha de una trama en contra de los rivales políticos de Alan. De manera que las cosas quedan atadas y bien atadas en un Sistema que no deja cabos sueltos.
Hace algunos meses, el Tribunal Constitucional acuñó la siguiente frase “ni la educación es una mercancía ni la universidad es un negocio” a lo que habría que agregar que la universidad tampoco es un local partidario. Es que al parecer diversos directivos y profesores de una de las principales universidades del país, como la USMP, vienen manifestando opiniones bastante sesgadas, encubiertas tras la apariencia de neutralidad académica, la defensa de un interés político particular. En el Perú, se podría decir que ambas fuerzas, académica y política parecen haberse encontrado y abrazado en un objetivo común: el poder. Y eso es el Complejo Académico Político.
LA CONEXIÓN CON EL JNE
Muchas de las autoridades electorales, representantes de la democracia y de la “ley cuando les conviene”, presentan evidentes conflictos de interés. El JNE es un organismo constitucionalmente autónomo de competencia a nivel nacional, cuya máxima autoridad es el Pleno, integrado por cinco miembros, que son elegidos en diferentes instancias (su Presidente es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema, los miembros son elegidos, uno por la Junta de Fiscales Supremos, uno por el Colegio de Abogados de Lima, uno por los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas y uno por los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas).
Recientemente, uno de estos miembros proviene de la USMP, es el abogado Elías Ayvar Carrasco, a quien el abogado Raúl Arca Aranibar (registro Cal 9350) acusó ante la Fiscalía de la Nación de cometer los delitos de corrupción de funcionarios, asociación ilícita para delinquir, delito de omisión de funciones en la modalidad de cohecho-soborno en agravio del Estado peruano. http://larepublica.pe/politica/742153-difunden-denuncia-por-presunto-soborno-contra-magistrado-del-jne-que-fallo-contra-julio-guzman-videos – http://rpp.pe/politica/elecciones/denuncian-a-magistrado-del-jne-de-recibir-s-10-millones-para-sacar-a-guzman-noticia-939158 cuyo voto en la resolución del JNE que mantiene en el limbo la candidatura de Guzmán.
Los pergaminos profesionales de Ayvar se vinculan básicamente a la USMP, donde desempeñó por más de una década la función de secretario de facultad http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2012/junio_2012/actualidad_01.htm.
Por otro lado Walter Gutiérrez, un hombre con estrechos vínculos con el APRA y ex decano del Colegio de Abogados de Lima, es miembro del Tribunal ético electoral, un ente autónomo del JNE que también evalúa a los candidatos. Este último ha confirmado tener vínculos con el APRA, el PPC y el fujimorismo (http://elcomercio.pe/politica/congreso/walter-gutierrez-no-calzo-modelo-luz-verde-noticia-1724571).
Walter Gutiérrez, socio de la Gaceta Jurídica (importante editora nacional de publicaciones jurídicas, que crea corriente de opinión entre los abogados) también proviene de las canteras de la USMP. Como también lo es Ernesto Alvarez Miranda, ex miembro del Tribunal constitucional en tiempos de Alan García, y actual decano de la facultad de Derecho de la USMP, quien en tono pausado ha defendido como dentro de la legalidad la resolución que excluye a Guzmán de las elecciones.
Sin embargo, Álvarez es un conocido pepecista y participa en el proyecto de gobierno de la alianza popular (APRA-PPC). Muchas reuniones del equipo técnico de García Pérez han venido realizándose en instalaciones de la USMP. Ya no se sabe si la universidad es políticamente plural, neutral o solo una filial de la Casa del Pueblo.
Siendo así todos estos egresados ya académicos de esa casa de estudios crean y promueven corrientes de opinión jurídica con un tufo a intención política a la vez que tienen una omnipresencia en instituciones claves del Estado, donde su imparcialidad es cada vez más cuestionable.
LA AMENAZA INSTITUCIONAL. ¿UN REGRESO A LOS NOVENTAS?
Como sea, existen indicios de una red de relaciones público privadas que hacen sospechosas ciertas decisiones y ciertas interpretaciones legales. No es que estas relaciones público privadas vicien la voluntad de ciertos actos y decisiones, sin embargo, las hacen ver sospechosas a la luz de lo que se puede interpretar como un entramado de influencias y favores.
La sola sospecha de por sí daña la viabilidad del Estado en un momento de profunda fragilidad institucional. La gente ya no cree en el Estado ni en los políticos. La autoridad ha perdido su legitimidad y la legalidad ya no basta para mandar. Estos fallos, sentencias y resoluciones no hacen más que incrementar la situación de riesgo del Estado.
La abstención debería ser la opción para estos magistrados, más, sobre todo en esta coyuntura electoral.
De insistirse en continuar por este sendero de formalismos legales que privilegian la forma al contenido, nos veremos muy pronto ante una situación de volatilidad política en que la frustración del electorado que ve mermadas sus opciones de sufragio, podría considerar excluyentes estas elecciones, y un discurso irresponsable y radical podría promover la ilegitimidad del próximo gobierno, sea cual sea. Y ahí si nos encontraremos de cara a la inviabilidad del Estado, y eso es más grave que promover la victoria o derrota de una candidatura electoral.
Porque una vez que cinco hombres en puestos claves deciden interpretar las leyes y aplicarlas de conformidad a un arbitrio cuestionable, vician todo el proceso electoral, entonces la gente ya no puede confiar en el sistema, y es cuando el sistema cae.
El criterio de cinco magistrados no puede pesar más que el juicio de 30 millones de ciudadanos. Pensar lo contrario es declarar a todo el país menor de edad, además de que se atropella el art. 1 de la Constitución que reza que el fin supremo del Estado es proteger la dignidad de la persona. Y arrebatándole la decisión de elegir libremente no se está respetando ese sustancial derecho.
Porque todo peruano mayor de edad y psicológicamente capaz tiene el derecho a elegir y ser elegido, de eso trata la democracia, a menos que recién nos hayamos convertido sin saberlo en una Tecnocracia sin alma o como diría el despiadado Frank Underwood de House of Cars «La democracia está muy sobrevalorada».
