La escalada represiva que se está viviendo en la Argentina acaba de sumar, tristemente, una nueva víctima. Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años, fue muerto tras un tiro en la espalda por una bala de un arma calibre 9 milímetros. El asesinato se produjo el día sábado, en el medio de un operativo llevado adelante por fuerzas de la Prefectura Naval encargadas de desalojar la toma pacífica de un territorio cercano al lago Mascardi, en Bariloche, provincia de Río Negro.
El territorio en cuestión recibió el nombre de Lof (término mapuche para “comunidad”) Lafken Winkul Mapu, y había sido tomado hace algunas semanas, estrictamente, el 14 de septiembre. El día jueves, previo al operativo de Prefectura, ya se habían producido incidentes con las mismas fuerzas de seguridad en un accionar ordenado por el juez Gustavo Villanueva para desalojar el espacio. El sábado, las medidas tomaron un tono más violento y los prefectos dispararon a mansalva a los mapuches asentados en el lugar, aproximadamente, unas cien personas.
Pablo Curlo, un operador turístico que pasaba por la zona junto con una comitiva de turistas que venían de visitar el río Manso, dio un testimonio preocupante a FM Horizonte de Bariloche, recogido el miércoles 29 de noviembre por el diario Página 12. Curlo asegura que las fuerzas de seguridad usaron armas largas y dispararon de abajo hacia arriba, mientras se escuchaban gritos que decían “paren de tirar, hay chicos, hay mujeres”.
Es el mismo Curlo el que agrega que los miembros responsables de disparar a la zona de montaña desde la ex-Ruta 40 estaban protegidos por una primera línea de oficiales, rodilla en suelo, muñidos de escudos. La ruta había sido cortada por la Prefectura, y los oficiales se encargaron de pedir documentos a todos los que pasaban y de enviarlos por otro camino. Curlo se permite aventurar algo que parece por demás claro: estaban despejando el lugar de testigos.
La columna de opinión del periodista Joaquín Morales Solá del miércoles 29 de noviembre en La Nación no puede ser más indignante, en ese sentido. Colocando un manto de dudas a diferentes declaraciones, sólo se preocupa por el hecho de que, en los cuatro días que nos distancian de los hechos, Villanueva no haya mandado a investigar la zona para recoger pruebas que confirmen la versión del gobierno, vía su ministra de Seguridad, la cuestionada Patricia Bullrich. Esa versión indicaría que los mapuches asentados estaban armados, formaban parte activa del RAM y que el gran enemigo es el terrorismo indigenista con intenciones separatistas.
Luego de la muerte de Santiago Maldonado, el gobierno macrista tiene entre manos otro muerto cuya responsabilidad directa es imposible de dejar de lado. Mientras la familia Maldonado sigue su lucha para dar a conocer toda la verdad, periodistas como Morales Solá quieren dejar indemne al gobierno, responsabilizando a una organización cuya participación efectiva en actos de violencia que se le adjudica no está sostenido por ninguna prueba. Cosa que no pasa con Prefectura, Gendarmería u otros órganos armados de un gobierno cada vez más cínico y salvaje.
