Ahora que Maritza Garrido Lecca va a salir a las calles, luego de purgar 25 años de condena sin ningún tipo de commutación, ayuda o beneficio penitenciario, y el neocuco del terrorismo se vuelva a imponer como agenda política y mediática, dejémonos de tonterías, veamos la realidad y acerquémonos a Colombia donde la pacificación real está siendo aplaudida por casi todos los sectores políticos, la iglesia y gran parte de la población.
Las FARC, en Colombia, dejaron más de 200 mil muertos en más de 50 años de guerra contra el estado. Siempre les dijeron que eran “terroristas”, incluso hasta el día de hoy Estados Unidos los considera “terroristas” y hasta hace tres años eran “la principal amenaza en el hemisferio occidental”, título que a inicios de los noventa ostentó el PCP-SL y ahora parece haber sido heredado por el Estado Islámico. No obstante, las FARC son ahora un partido democrático que cuenta con el apoyo del 70% de colombianos y hasta el apoyo directo de artistas como Juanes, Fonseca, Los Aterciopelados, Santiago Cruz, Andrés Cepeda o futbolistas como René Higuita o el “pibe” Valderrama y un largo etcétera.
Y para los que quieran hacer una diferencia o aproximación con el PCP-SL, solo basta recordar el ataque de las FARC a las 119 víctimas de la iglesia de Bojayá que en su mayoría fueron menores de edad, aniquilando con ellos al 10% de la población de esa zona; o el atentado al lujoso club El Nogal, el equivalente al cochebomba de Tarata, donde murieron 36 personas y dejó a más de 200 heridos graves. O la masacre de diputados del Valle en el 2007 donde secuestraron, torturaron por cinco años y luego mataron a 11 diputados por la espalda y con tiro de gracia. Esto ni siquiera es parangón con el accionar de los emerretistas en la toma de la embajada japonesa. Incluso han usado a personas bomba y hasta niños bomba como el caso del pequeño Heriberto que en el 2012 y por mil pesos llevó explosivos al cuartel “El Charco”, muriendo en el acto y matando a otros dos militares. A eso hay que agregarle el uso de minas personales que contraviene todos los tratados internacionales provocando más de 10 mil muertos, 40% de ellos civiles y otros miles de mutilados. Y el uso de “campos de concentración” al modo de los nazis, donde fueron secuestradas, vejadas y torturadas unas 15 mil personas entre 1970 y el 2010. Aparte de ello, el reclutamiento de menores de edad que se calcula entre 18 a 20 mil enlistados, según la Human Rights Watch.
Y si quieren hablar de pérdidas económicas, pues diremos que solo para combatir a las FARC y mantener un poderoso ejército de 250 mil hombres, el segundo lugar después del Brasil, el estado colombiano ha invertido 179 mil millones de dólares. Asimismo, el conflicto armado causó el desplazamiento interno de más de 5 millones de personas y otros 3 millones cruzaron la frontera y se fueron a Venezuela. Las FARC también han recibido plata del narcotráfico y del “gramaje” un impuesto a los cultivos de la coca y han participado de la minería ilegal con la extracción de oro y de coltán con una ganancia aproximada de 7 mil millones de dólares. Y de yapa, la misma constructora Odebrecht ha señalado que ha pagado a las FARC, entre 50 mil y 100 mil dólares mensuales, por más de 20 años para que los dejen trabajar. Mientras tanto, el PCP-SL causó en el Perú 70 mil muertes, 42 mil millones de dólares en pérdidas económicas y el desplazamiento de medio millón de personas.
Todo esto pone a los del FUDEPP, MOVADEF y al CONARE, sucedáneos del PCP-SL, como una zapatilla y más todavía si el primero de estos movimientos ha querido inscribirse como partido entregando su planillón de más de 500 mil firmas el 2016, negándosele toda posibilidad. O en todo caso, como dijo Rospigliosi al execrable Beto Ortíz, hace unos días en televisión abierta, que diga el estado cuántos crímenes, cuántos atentados, cuántas bombas han puesto estas organizaciones para considerarlos “terroristas”.
Finalmente, las FARC (o sea, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) no han cambiado sus siglas para integrarse a la democracia y se siguen llamando FARC como hace 50 años, pero ahora significan Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, algo así como si el el PCP-SL se llamara Partido del Común Peruano.
Ahí tienen la realidad y los datos para opinar. Desde aquí siempre nos manifestaremos contra el terrorismo real, ese que mata gente y destruye el futuro de un país, y no contra el “cuco del terrorismo” (o la falsa memoria), y más si este es claramente un terrorismo dirigido desde arriba, desde quienes ostentan el poder o han sido elegidos “democráticamente” y usan el dinero de nuestros impuestos para imponer su violencia o masacrar y/o reprimir a profesores pobres en las calles.
