Escribe Carlos Vargas
El gobierno del fujimorista PPK acaba de promulgar un nuevo “decreto de urgencia” que busca imponer, por encima de los gobiernos regionales, el despido y sustitución de los maestros en huelga[i]. Ni una semana duró la ilusión del decreto anterior que venía con “beneficios” que en realidad eran migajas para el nombrado (un aumento sin monto fijado), para el contratado (CTS, luto y sepelio), y más privilegios para esa pequeña élite de directivos y “especialistas”[ii]. Estos “beneficios”[iii] saldrían de los recursos del MINEDU, pero en el caso del último decreto de urgencia, la paga de los docentes, profesionales y “personas con experiencia” que sustituirían a los huelguistas, sería financiado con los descuentos que se les viene haciendo por ejercer su derecho a la protesta. Ni para acabar con esta huelga histórica el gobierno piensa tocar el presupuesto público, destinado a la creación de paraísos fiscales para las empresas y al pago de la deuda externa que viene creciendo de forma galopante[iv].
Despedir a los huelguistas, la mayoría de ellos nombrados por tener las mejores calificaciones en las evaluaciones de admisión[v], para reemplazarlos por “personas” que ni siquiera estudiaron en un instituto, demuestra lo que hace tiempo venimos diciendo: al gobierno no le interesa en absoluto la calidad de la educación. De hecho, los “expertos” del MINEDU abiertamente reivindican el modelo privatista impuesto por el general Pinochet bajo los órdenes de Washington, y que ha conducido a una de las más graves crisis educativas y políticas de América Latina. Este modelo se viene implementando progresivamente en el Perú[vi] y multimillonarios como Carlos Rodríguez-Pastor, dueño de Interbank, Inkafarma e Innova Schools, ya empezaron a sacarle provecho[vii]. La contrarreforma educativa del Estado no es para mejorar la calidad, es para despedir a los mejores maestros, destruir su sindicato y poder así continuar con la privatización de la educación pública inaugurada con la masacre de La Cantuta bajo el gobierno de Alberto Fujimori[viii].
Los maestros no se oponen a las evaluaciones de desempeño, lo que cuestionan es quién las está imponiendo, de qué manera y con qué fines. Ellos son testigos directos del abandono absoluto de la educación rural y urbano-marginal. Casi la mitad de los niños del Perú sufre de anemia[ix], malnutrición que limita su capacidad de aprendizaje, incluso aunque tengan en frente a los mejores docentes del mundo. Por otro lado, las tres profesiones peor pagadas del país son educación secundaria, primaria e inicial[x]. Todo esto lo consiente el Estado burgués, y por eso ningún maestro cree en sus buenas intenciones. La manera en que pretende evaluar su desempeño en el aula también ha sido cuestionada. Tampoco se comprende por qué razón solo se evalúa a los colegios públicos y no a los privados que educan, bajo pésimas condiciones[xi], al 35% de estudiantes del país, muchos de ellos en extrema pobreza[xii]. Los maestros están conscientes que los fines del Estado en este asunto, no tienen nada que ver con la calidad educativa que reciben los hijos de los trabajadores. La finalidad es otra.
Una de las principales necesidades parasitarias que tiene la burguesía es garantizar la inestabilidad laboral de sus trabajadores, es decir, el derecho de despedirlos cuando se le dé la gana. Los economistas nos dicen que esto tiene por propósito presionar al trabajador para que labore al máximo de su capacidad. Cierto. Si te pagan una miseria, la única forma de incentivar un buen desempeño es con la amenaza de negarte incluso esa migaja de pan. Siempre es mejor pasar hambre que morir de hambre. Sin embargo, con la amenaza de despido, la patronal no solo consigue un mejor desempeño, sino también un control absoluto sobre el trabajador. Prueba de esto es la imposibilidad que tienen los contratados de afiliarse a un sindicato, porque los despiden al día siguiente. Esto es lo que en realidad quiere la burguesía, el control total sobre el trabajador para seguir pagándole una miseria aunque su desempeño sea bueno.
En una empresa privada, este poder de despido se justifica de facto en los derechos de propiedad, es decir, el patrón hace en su empresa lo que se le da la gana (las leyes laborales garantizan esto con otras palabras). Pero en el Estado burgués, no se puede plantear las cosas de forma tan franca. Todo despido se tiene que justificar formalmente en los intereses generales de la nación. Justamente, por esta razón, los despidos se dan bajo la forma de evaluaciones que buscarían mejorar el servicio público en bien del país y de la humanidad. Con las evaluaciones-despido la burguesía busca liquidar la estabilidad laboral en el sector público, reducir todos los contratos laborales del Estado a equivalentes del CAS, quitándole todo poder de negociación al trabajador estatal para poder así arrebatarle los pocos derechos que le quedan. El Contrato Administrativo de Servicios o CAS, es el equivalente en el sector público del contrato laboral basura del sector privado (ley textil, agraria, services, etc.). Con sus evaluaciones-despido, el MINEDU busca expulsar a los sindicalizados para reemplazarlos por contratados sin derechos ni poder de reclamo[xiii].
Sin embargo, hay una diferencia importante entre el sector público y privado bajo el capitalismo. En el sector privado que le genera ganancias, la burguesía necesita la máxima eficacia, y por lo tanto, un buen desempeño laboral. Los despidos son una forma de extorsión sobre el trabajador para que trabaje bien, bajo salarios de hambre. Por el contrario, en el sector público que no le genera ingresos, su interés no es la calidad del servicio, sino el control político sobre el trabajador estatal. Este control es fundamental para garantizar la continuidad del proceso de privatización de los servicios básicos, incluyendo, por supuesto, a la educación. Esta política privatista no responde a los intereses de la nación, sino a las necesidades financieras de las potencias imperialistas. Por esta razón, vemos también imponerse esta contrarreforma en países como México, donde los maestros protagonizaron, después de Ayotzinapa, un heroico combate contra las evaluaciones-despido del gobierno, y donde también la burocracia sindical se presentó dividida entre huelguistas (CNTE) y esquiroles (SNTE)[xiv].
Algunos liberales que se creen inteligentes dirán «pero la educación privada es mejor, porque la competencia incentiva a las empresas a ofrecer mayor calidad a sus clientes«. En teoría es así, pero en la realidad la mayoría de empresas estafan al consumidor con leche que no es leche, o fluorescentes que en realidad los traen de China[xv]. El capitalismo es una gran estafa orwelliana y obviamente las evaluaciones del MINEDU también lo son. Es necesario enunciar, entonces, lo que ni el estalinista más radical es capaz de murmurar: solo bajo el socialismo internacional podrá existir una educación universal, gratuita y de calidad; solo bajo un gobierno de los trabajadores los maestros podrán ser evaluados de forma transparente, técnica y democrática, con la participación directa de padres, docentes y representantes del poder obrero. Cualquier otro camino conduce a la educación segregacionista del general Pinochet.
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[i] < http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/dictan-medidas-extraordinarias-para-el-restablecimiento-del-decreto-de-urgencia-n-012-2017-1559600-2/>
[ii] <http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-c-decreto-de-urgencia-n-011-2017-1558101-1/>
[iii] El vocero de la burguesía nativa, el Diario Uno de Lévano, cree que estas concesiones miserables son ya suficientes para los maestros, cuando sabemos que ese “aumento” ni alcanzaría para compensar el alza del costo de vida. Licencias sindicales para la burocracia sindical maoísta tampoco se puede considerar un beneficio real. <http://diariouno.pe/columna/que-ha-conseguido-la-huelga-del-magisterio-hasta-ahora/>
[iv] <http://gestion.pe/economia/deuda-externa-publica-ha-crecido-23-lo-que-va-gobierno-humala-2161948>
[v] Incluso algunos muy destacados, como el caso del profesor Juan Cadillo. <http://gestion.pe/politica/profesor-finalista-global-teacher-prize-2017-critica-evaluaciones-minedu-2198706>
[vi] Los “Colegios de Alto Rendimiento” (COAR) son, de hecho, “asociaciones público-privadas”, y esto es solo el comienzo. <http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/p/presentacion-estrategia-app-oxi-minedu.pdf>
[vii] <http://gestion.pe/empresas/carlos-rodriguez-pastor-cade-2013-posible-crear-empresas-que-enfrenten-retos-mas-grandes-peru-2082447>
[viii] Pero que tiene un importante precedente en la masacre de Huanta de junio de 1969, bajo el gobierno seudoprogresista del general Velasco.
[ix] En el Perú el 47% de niños menores de 5 años sufre de anemia (2014), una cifra que supera la realidad de Venezuela (32%). <http://www.fao.org/publications/card/en/c/9f31999d-be2d-4f20-a645-a849dd84a03e/>
[x] <http://www.ponteencarrera.pe/documents/12502/0/Universitario_CVE.pdf/9d5d0c65-ce58-4876-aa96-89283e62bca1>
[xi] <http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-el-70-colegios-privados-lima-no-tiene-infraestructura-adecuada-advierte-drelm-648454.aspx>
[xii] <http://gestion.pe/economia/crece-preferencia-colegios-privados-cae-satisfaccion-su-calidad-2181522>
[xiii] Que otro sentido puede tener eliminar por decreto toda discusión salarial con el SUTEP, disposición impuesta el año pasado, cuestionada incluso por el mismo TC, pero que sigue vigente. <http://larepublica.pe/impresa/sociedad/794856-decreto-supremo-sutep-no-podra-negociar-aumentos-salariales-con-el-minedu>
[xiv] <http://nrci.org/blog/2016/06/24/masacre-en-oaxaca-abajo-la-privatizacion-de-la-educacion/>
[xv] https://zonaobrera.wordpress.com/2017/07/18/los-empresarios-de-nicolini-dignos-representantes-de-la-burguesia-y-el-capitalismo/
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