Por: Jorge Paredes Terry
Mientras el Gobierno de Dina Boluarte decreta la suspensión de actividades mineras en Pataz, las comunidades y población patacina denuncian que la medida solo busca limpiar el camino para la grandes mineras, criminalizando a los mineros artesanales y ocultando la verdad detrás de la masacre de 13 jóvenes.
Ayer, en una conferencia de prensa, el Gobierno de Dina Boluarte anunció la suspensión de todas las actividades mineras en la Provincia de Pataz, La Libertad, por 30 días, con posibilidad de prórroga. La medida, según el Ejecutivo, busca facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) para «combatir la minería ilegal». Pero detrás del discurso oficial, se esconde una realidad más oscura: una estrategia de persecución contra los mineros artesanales y pequeños productores, mientras las grandes empresas siguen saqueando el oro sin restricciones.
La doble moral del Gobierno: ¿Quiénes son realmente los ilegales?
Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), aplaudió la medida, pero dejó en claro su preocupación: “Debo entender que la suspensión se refiere a los mineros ilegales, no a los formales». Es decir, mientras el Estado despliega operativos militares contra los cholos, mineros pobres que trabajan en condiciones precarias, las grandes mineras, muchas de ellas vinculadas a corrupción, daño ambiental, evasión fiscal y lavado de activos siguen operando sin problemas.
Pero aquí está la trampa: el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado en 2016 para supuestamente formalizar a los mineros artesanales, ha sido una farsa. Miles de mineros llevan años esperando su formalización, mientras el Estado los criminaliza y les niega derechos. Ahora, bajo el argumento de «combatir la ilegalidad», el Gobierno los excluirá del REINFO, dejándolos a merced de la represión policial y militar.
Pataz: El epicentro del oro ilegal… pero ¿de quién?
Según la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Pataz es el punto de salida de 600 toneladas diarias de oro ilegal. Pero, ¿quiénes se benefician de este negocio? No son los campesinos que extraen mineral con sus propias manos, sino las mafias que operan con complicidad de autoridades y empresarios.
Mientras el Gobierno habla de «orden», 13 jóvenes fueron masacrados en Pataz en circunstancias aún no aclaradas, según versiones de testigos presenciales los enviaron al matadero, sin preparación alguna para este tipo de operaciones, las versiones oficiales hablan de un «enfrentamiento», pero según observamos en videos fueron ejecuciones extrajudiciales. ¿Era realmente una operación contra la minería ilegal? ¿O fue un mensaje para callar a quienes se atreven a desafiar el poder de los grandes intereses mineros? ¿O estaba planificado para generar la respuesta que hoy el gobierno ha decretado? Pronto la verdad saldrá a luz.
El negocio de la represión
La minería ilegal le cuesta al país S/ 22,700 millones al año (2.5% del PBI), pero el problema no son los mineros artesanales, sino las redes de corrupción que permiten que ese oro salga del país sin pagar impuestos. En lugar de atacar a los eslabones más débiles, el Gobierno debería investigar a los verdaderos responsables: las empresas fantasma, los funcionarios corruptos y los exportadores que blanquean el mineral robado.
Pero no lo harán. Porque en el Perú, la minería legal e ilegal son dos caras de la misma moneda: el saqueo de los recursos del pueblo para beneficio de unos pocos. Mientras Dina Boluarte envía militares a Pataz, las mineras formales siguen contaminando ríos, evadiendo impuestos y desalojando comunidades sin piedad.
¿Quién es el verdadero criminal aquí?
La suspensión de actividades en Pataz no es más que una cortina de humo. No buscan acabar con la ilegalidad, sino limpiar el territorio para que las grandes empresas mineras operen sin competencia. Mientras los pobres son perseguidos, desaparecidos o asesinados, el oro sigue fluyendo hacia los bolsillos de los poderosos.
Los 13 jóvenes de Pataz no fueron «daño colateral». Fueron víctimas de un sistema que prefiere balas antes que justicia. Hasta cuándo?
